La zona en la que los operadores territoriales del municipio y la provincia están trabajando es un área donde la violencia criminal y el peligro urbano dejaron como lastre gran sufrimiento y enorme descrédito hacia lo estatal. Por el corredor de Grandoli desde Uriburu a Lamadrid, que sitúa en el centro a este complejo, la Fiscalía Regional de Rosario identificó 30 homicidios en dos años, consecuencia de guerra de bandas de poca complejidad pero alto poder de fuego. Uno de las violencias más disruptivas es la de las usurpaciones, con dueños arrojados a la calle a golpes o apuntados con armas de fuego.
En el Ministerio Público de la Acusación (MPA) hicieron desde inicio de año un inventario minucioso de esas denuncias, rastreando algunas que fueron al archivo, y las reflotaron. Junto al trabajo de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) se detectaron 67 usurpaciones en todo el barrio. Utilizaron para el compendio datos de los moradores originarios y testigos de identidad reservada.
"Hubo distintas situaciones", dice el fiscal Matías Edery. "Algunas eran casas que estaban vacías o que se usaban como aguantadero para gente que tenía pedidos de captura. Allí dejaban bloqueada o soldada la entrada principal y abierta una entrada trasera. Otras unidades habían sido revendidas por los usurpadores a compradores de buena fe, por lo que desalojarlos implicaba un problema social", afirmó.
En no pocos casos los compradores habían mostrado boletos muy viejos para acreditar una compra precaria. Llegaban interesados tras leer avisos por Facebook y adquirían a los usurpadores creyéndolos dueños legítimos por sumas promedio de 300 mil pesos. La irregularidad en los títulos de propiedad implicó el desalojo administrativo a través de la Dirección Provincial de Vivienda.
Estas acciones están incluidas en los delitos de asociación ilícita por las que están acusados grupos antagónicos como los Funes y los Ungaro, por un lado, y los Caminos, por otro. Cuando los empleados municipales y efectivos de la policía comunitaria caminaban hace dos semanas, los vecinos llamaban al verlos al 911 y denunciaban que una de las personas que más temían estaba caminando al lado de ellos. Fue el 27 de junio. Lo detuvieron en el momento.
El "Cumpi"
Era un chico de 14 años. Lo conocen como Cumpi. En una escucha telefónica en poder del MPA Lautaro "Lamparita" Funes dice a un contacto "dale una Taurus a Cumpi" con el propósito de que matara al testigo del homicidio de la hermana de Tubi Segovia, que era su enemigo.
Según el fiscal Edery, surge de testigos reservados que este chico Cumpi cumplía para terceros el mandato de intimidar con armas a moradores de departamentos de este Fonavi con el propósito de echarlos. Los que lo mandaban eran Lautaro Funes y René Ungaro, este último desde la cárcel, donde cumple condena por el crimen de Roberto Pimpi Camino.
El chico corrió a una mujer de una unidad poniéndole en la cabeza el caño de su arma, según contó la misma víctima. Su madre es de la zona de Ayacucho al 3000 y había ido a una comisaría por un pedido de paradero, porque hacía tres meses no sabía donde estaba.
Cumpi estaba viviendo en el núcleo 13 del mismo barrio donde, según el fiscal, era la prematura mano de obra para desalojar vecinos. Hay escuchas que indican que allí lo habían llevado por orden de René Ungaro. Está señalado por testigos de actuar en un ataque múltiple a balazos del 27 de abril pasado en Grandoli y Gutiérrez, en el que murieron Leonardo Ferraguti y Ricardo Gómez, y otros dos jóvenes resultaron heridos. No es punible por lo que está internado a resguardo de la Dirección Provincial de Niñez.
Una experiencia que seguirá en el sector de "Pimpilandia"
La experiencia que comenzó en esta zona de la ciudad seguirá en el barrio que está del otro lado de Grandoli, hacia el río, y luego en el complejo municipal que va de Gutiérrez hacia Lamadrid, conocido como Pimpilandia. Allí mismo hubo un hito inolvidable hace 20 años. Fue cuando un chico de 14 años disparó desde la calle contra a un colectivo 145 en Gutiérrez y Cepeda, límite de ese barrio, por una discusión con el chofer. El balazo le pegó a Miriam Ruiz Díaz, una joven mujer que bajaba con su hija de 13 meses, y la mató en el acto.
Esa muerte fue un rasgo inaugural que en el barrio se fue endureciendo, dejando a sus habitantes expuestos a actores muy jóvenes, de vidas muy frágiles como la del Cumpi, al acecho de atentados en donde se equivocan las víctimas, en los que la muerte de personas ajenas a las disputas fue algo rutinario.
Edificios con fuerza emblemática
A la altura de Sánchez de Thompson 55 se construye un centro territorial de denuncias (CTD). El lugar tiene fuerza emblemática. Fue canjeado por la familia de Sergio Omar Cecchini, quiosquero de 54 años que había sido asesinado allí en febrero de 2017 al quedar en medio de un enfrentamiento.
A cien metros, sobre Lola Mora, hay un descampado de cien metros donde se levantará la comisaría distrital o megacomisaría. La intervención en el barrio es multiagencial.
Todos los días caminan las calles empleados de las áreas municipales de Servicios Urbanos, Control Urbano, de Desarrollo Social y del centro de salud. A nivel provincial está presente la Dirección provincial de Vivienda, Desarrollo Social, fiscales y empleados del organismo de investigación. Gendarmes, agentes de la Policía Comunitaria y de la Brigada de Orden Urbano, recorren el trazado del barrio. Los vecinos miran a ese pelotón humano con sentimientos encontrados que entreveran ilusión e incredulidad. Imaginan que esto puede ser algo de corta duración. En los primeros pasos de un proceso cuya evolución desconocen hay sin embargo ganas de creer. La intervención en un edificio permitió que a la madre de una nena que padece osteogénesis imperfecta, que la exponen a fracturas de huesos, la hayan mudado del segundo piso a una vivienda recuperada de la planta baja para evitar el uso de escaleras. Son pequeños gestos que para los vecinos tienen la valía de recobrar convivencia.
La autoridad en manos del delincuente
“Esto hace 20 años era un lugar hermoso, con la gente tomando fresco en las plazas al anochecer en el verano. Esa tranquilidad la perdimos pero siempre la extrañamos”, dice un hombre que llegó en los 80 al núcleo 17. Un vecino sobre Lola Mora recuerda que la autoridad que el Estado resignó en la zona la ejerció hasta hace muy poco un joven nacido allí que está condenado a 16 años por homicidio de alguien del barrio. Es Milton Damario. “Cuando vinieron los últimos saqueos hace dos años hubo gente que quiso entrar a un súper que está por 1º de Mayo. Milton y los hermanos fueron hasta allá y dijo: «Acá no roba nadie». Y todos se fueron”, recuerda.
