Después de varias postergaciones, ayer se realizó una audiencia para determinar si un inspector municipal irá o no a juicio en el marco de la muerte de un músico en el Café de la Flor. Se trata de Pablo Andrés Akerman, un empleado de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana que meses antes del incidente en el que el músico terminó electrocutado, inspeccionó el local y certificó que se encontraba en condiciones de funcionar. La Fiscalía y la defensa se enfrentaron por si, en caso de llegar a debate oral y público, corresponde que Akerman sea juzgado junto con los otros dos imputados por el mismo hecho, sobre quienes pesa la imputación de "homicidio culposo". El juez tiene 5 días hábiles para resolver.
Akerman está imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. Por esos hechos, la Fiscalía ya había solicitado la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y diez años de inhabilitación para cumplir cargos públicos.
La acusación que se formuló en su contra partió de la muerte Adrián Rodríguez (30), bajista de la banda Raras Bestias, quien falleció el 12 de octubre de 2015 durante una presentación en el Café de la Flor —un bar ubicado en Mendoza 682— tras recibir una descarga eléctrica a través de su instrumento. Seis meses antes, en abril de 2015, Akerman había sido el último en controlar las instalaciones del bar y firmó un acta en el que informaba que el espacio se encontraba en adecuadas condiciones de seguridad para funcionar. Sin embargo, tras la muerte del músico, la Justicia ordenó realizar pericias que concluyeron que las instalaciones tenían deficiencias de larga data.
Por la muerte de Rodríguez, además, fueron imputados del delito de homicidio culposo el dueño de bar, Ariel Scharf, y el electricista que había trabajado en las instalaciones, Fernando Campodónico.
Mismas pruebas
Sobre Akerman no recayó la acusación de homicidio.
Sin embargo, para el Ministerio Público de la Acusación, representado por los fiscales de homicidios Valeria Piazza Iglesias y Rafael Coria, el inspector debe ir a juicio junto con los otros dos acusados.
Durante la audiencia preliminar realizada ayer, cuya finalidad es determinar si Akerman debe llegar o no a juicio oral y público, los fiscales entendieron que a pesar de que se trata de delitos distintos y que el inspector enfrenta una acusación diferente, una investigación dio origen a otra y existe una "comunidad de pruebas". Es decir, los testigos, documentales y pericias solicitadas por la Fiscalía son las mismas en ambos casos.
A su turno, el defensor Héctor Superti remarcó que los hechos no tienen ninguna vinculación. "Uno es culposo y el otro es doloso. Uno ocurrió en abril y el otro en diciembre. Uno tiene que ver con un empleado administrativo que va a ver si hay un disyuntor y otro tiene que ver con la muerte de una persona que quedó electrocutada en un sistema de electricidad conectado arriba de un escenario, que a su vez empalmaba a una red donde habían sacado el disyuntor que él controlaba que funcionara. Entonces, no tenemos ninguna razón legal para la conexidad subjetiva ni objetiva. No hay ninguna duda de que son dos hechos, por lo tanto queremos que, si eventualmente se va a juicio, sea un juicio para este hecho con un tribunal para este hecho, distinto al otro", remarcó el letrado.
Ahora, el juez Alejandro Negroni tiene cinco días hábiles para resolver la cuestión.
En tanto, mañana el juez Hernán Postma deberá definir si el dueño del bar va a juicio o se le concede una probation que solicitó la semana pasada. La situación del electricista ya fue resuelta y espera fecha para un juicio oral.
