En un ping pong parlamentario que lleva un año de debates en comisiones y medias sanciones por parte de ambas cámaras legislativas, el Senado santafesino insistió ayer con su propio texto de reformas al Código Procesal Penal que ya había votado en setiembre de 2016, rechazó de plano las enmiendas que había introducido Diputados en extraordinarias, y lo giró en segunda revisión a la Cámara baja santafesina.
"Ahora la pelota está de nuevo en la cancha de Diputados y no quiero creer que 50 legisladores tengan como estrategia parlamentaria cajonear una ley, cuando la gente lo que está pidiendo es esta reforma", desafió ayer a sus pares de la Cámara baja el senador radical Lisandro Enrico.
El legislador, junto al justicialista Joaquín Gramajo, son miembros informantes de la iniciativa votada por el Senado anoche y que retomó la versión más dura del texto legal que adecua el del Código de Procedimientos Penal santafesino.
La jornada parlamentaria de ayer volvió a poner en evidencia la pulseada legislativa que vienen sosteniendo senadores y diputados en torno al proyecto impulsado por el gobernador Miguel Lifschitz.
El mensaje al Parlamento provincial remitido el año pasado por el jefe del Poder Ejecutivo recabó las demandas de mayores medidas de seguridad que motivaron varias marchas en Rosario con el unánime reclamo de la población de la provincia.
En detalle
El texto que volvió a recibir media sanción del Senado en la sesión que presidió anoche el vicegobernador Carlos Fascendini retoma las figuras del agente encubierto y del arrepentido, ambas rechazadas en la votación de marzo pasado por la Cámara de Diputados.
"Entre lo que votamos nosotros y el rechazo de Diputados, el Congreso Nacional lo hizo ley, lo cual demuestra que los que están desfasados son los diputados", comentó Enrico a La Capital en el hall de la Legislatura luego de que sus pares avalaran por unanimidad, y sobre tablas, la iniciativa que en horas de la mañana, y sorpresivamente, la comisión de Asuntos Constitucionales despachara el proyecto también con el consenso de todas las bancadas políticas de la Cámara alta.
Los senadores insistieron además con establecer la obligatoriedad del juicio por flagrancia, mientras los diputados la establecieron como opcional. En la versión del Senado la prisión preventiva se aplica a todos los delitos con penas de prisión; Diputados solamente a los que tienen penas mayores a tres años de prisión.
"La reforma que se votó en Diputados era una reforma light, no era la que planteamos nosotros y que había propiciado originalmente en Poder Ejecutivo", sentenció anoche Enrico.
Lo que viene
El abanico de posibilidades legislativas constitucionales que se abre a partir del texto devuelto anoche en segunda revisión a la Cámara que preside Antonio Bonfatti, y que deberán analizar las comisiones, es amplio: Diputados debe reunir mayoría especial de dos tercios para insistir con el texto votado en marzo. Y aún así, la última palabra la tiene el Senado en su condición de Cámara de origen (donde es ingresado el proyecto).
Los diputados también pueden aceptar con mayoría simple la versión votada anoche por el Senado (algo que en consideración de los antecedentes hoy asoma improbable), o dejar el proyecto en comisión sin tratamiento hasta que pierda estado parlamentario tras dos años sin sanción definitiva. Esta última alternativa es la que ayer Enrico desestimó a La Capital con una picante chicana política.
