En los pocos días hábiles de 2024 los funcionarios judiciales de turno en la feria de los Tribunales provinciales dieron resolución a casi 350 trámites urgentes, principalmente referidos a violencia doméstica y distintas formas de vulnerabilidades, además de una gran cantidad de casos de autorizaciones para el traslado compulsivo de personas a un centro de atención médica por problemas de salud mental. El consumo de estupefacientes, la esquizofrenia, intentos de suicidio y psicosis fueron algunos de los cuadros complejos que desembocaron en desesperados pedidos de ayuda.
“Nosotros tenemos que profundizar la escucha. Acá llegan todos los días casos en los que a través los relatos advertimos que las víctimas tienen naturalizada la violencia. Hay una transversalidad de las vulnerabilidades, sobre todo en viviendas precarias donde residen hacinadas muchas personas. Es uno de los emergentes de la crisis habitacional”, indicó a La Capital la jueza de Familia, María José Campanella, en una pausa entre los diversos trámites que debía resolver.
Desde que comenzó la feria judicial en los Tribunales provinciales, el juzgado de Familia en turno a su cargo atendió 346 casos urgentes, de los cuales 176 fueron por distintas formas de violencia doméstica ingresados por la Fiscalía de Violencia Familiar.
Salud y violencia, urgente y sin demoras
“Dictamos de forma urgente la exclusión del hogar del agresor o prohibiciones de acercamiento. No es algo nuevo para nosotros, estamos acostumbradas, pero no deja de sorprendernos”, agregó Campanella consultada sobre una posible complejización de los hechos, sobre todo por la coyuntura económica y social que atraviesa el país.
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Las consultas encierran desesperados pedidos de ayuda sobre una cara compleja de la realidad: la salud mental. “En estos días ordenamos el control de internación en 23 casos. Se trata de personas que, en el marco de la ley de salud mental, piden el traslado compulsivo de un familiar a un centro de salud por distintos patologías”, aportó la jueza sobre trámites donde no hay margen para la demora y se debe apurar la resolución en el día.
Ese cuadro fue corroborado por la defensora civil Nº1, María Gracia Paoletti. En su oficina se atendieron cerca de 400 consultas en cinco días hábiles, en promedio unas 70 por día. Se canalizaron diversas demandas, además de velar por los derechos de una amplia franja de la población que utiliza el servicio porque no puede afrontar el pago de un abogado particular.
“La mayoría de las consultas fueron medidas cautelares por cobro de pesos de cuota alimentaria, pero hubo muchos pedidos de protección de personas para ordenar traslados compulsivos por cuadros como psicosis, esquizofrenia, consumo de estupefacientes, depresión, o intentos de suicidio”, describió Paoletti ante este diario.
En esos casos, tras la orden de los jueces se debe articular con otros organismos del Estado, algo que no siempre funciona. Según narró a La Capital una persona que pidió reserva, hace unos días se demoró la recepción de un familiar en el Hospital Agudo Ávila porque había un solo médico, totalmente desbordado atendiendo a 95 pacientes, cuando en realidad debe ser un equipo de profesionales el que responda a esas circunstancias.
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Reintegros de niños y venias para viajar
Además, la guardia judicial con capacidad para disponer medidas en casos sociales, respondió a unas 14 solicitudes de reintegro de niños cuyos progenitores no los devolvieron a tiempo en el marco de los regímenes de visitas, sobre todo durante los días de las fiestas de fin de año. También se dieron varios casos de “venias” o autorizaciones de menores para que puedan viajar con alguno de sus padres.
“Además de la atención presencial por la mañana, durante la tarde y la noche estamos con el turno de urgencia para resolver diversas cuestiones, muchas de ellas se dan con personas en crisis, en estado de exaltación por consumo de estupefacientes, por lo cual se debe articular con la policía y el Sies para los traslados a los centros de salud. Pero las consultas son variadas y muchísimas”, agregó Paoletti.
El Tribunal provincial resulta la caja de resonancia de una realidad social cada vez más compleja, historias de vida que se traducen en miles de trámites judiciales. “A muchas situaciones de vulnerabilidades les damos solución en el día, se les debe poner freno con medidas urgentes”, remarcó finalmente la jueza Campanella.
