"Advierten que las áreas de salud mental están estalladas en Rosario y la región", publicó este miércoles La Capital y desde entonces no dejan de escucharse testimonios -algunos con nombre y apellido y muchísimos en off- que dan cuenta de más problemas conectados al trabajo con los consumos problemáticos, emergentes de la crisis socioeconómica que quita derechos sin piedad en una provincia donde en los últimos cuatro meses se decomisaron 460 kilos de cocaína y se triplicó la metanfetamina de consumo, según lo aseguró el diputado santafesino Carlos Del Frade. Y sobre llovido mojado: se vivió esta semana un paro de 48 horas por parte de trabajadores provinciales de Niñez y Adolescencia de Rosario, quienes reclaman "reconocimiento laboral" al decir que tienen sueldos bajo la línea de pobreza. El lunes próximo realizarán un plenario de trabajadores de Desarrollo Social, a las 17, en ATE (San Lorenzo 1879).
Las críticas, que ya se materializaron en un petitorio en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y en un documento de profesionales del Colegio de Psicólogos y Psicólogas en referencia a la "protección integral de derechos de niñez y adolescentes", se disparan hacia distintas problemáticas ligadas a la Salud Mental. No solo refieren a la atención y contención de crisis subjetivas, sino a los abordajes de la infancia y adolescencia, la formación profesional, la burocratización de las áreas municipales y provinciales, la desprotección a los trabajadores ligados al sistema penal.
La única que parece salvarse en este revuelo es la ley nacional de Salud Mental N°26657 promulgada en 2010, que lo abarca todo: nadie quiere volver atrás cuando los manicomios y la medicalización eran las únicas opciones para contener las crisis subjetivas y disfrazaban con crueldad, la ruptura de lazos sociales, la falta de viviendas, trabajo y otros derechos humanos.
En el petitorio de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, trabajadores y trabajadoras piden que se termine con las internaciones de personas en conflicto con la ley y que los que estén alojados y con tratamiento sean trasladados a un dispositivo del Ministerio de Seguridad.
Y el documento del Colegio del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Prov. de Santa Fe analiza y repudia el decreto provincial 2737/22 que dictó a fin del año pasado la Subsecretaría de Niñez (reglamentario de la ley 12.967, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) al considerar que limita las internaciones de personas con problemáticas de consumo y los deja en la calle y delega su responsabilidades en municipalidades y comunas, entre otras cosas.
Los colegiados se reunieron con personal de Salud Mental y Niñez y trasladaron sus inquietudes. Señalaron que en las intervenciones de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos de salud, pobreza o diferencias culturales y padecimientos en su salud mental deben buscarse "quiénes vulneran o amenazan, ya sea por acción u omisión esos derechos" y que los abordajes deben efectuarse en modo "interdisciplinario, intersectorial e interministerial".
Se cuestionan una vez más las prácticas "segregatorias, discriminatorias y estigmatizantes" y el alojamiento en instituciones públicas o privadas, manicomiales y tutelares que entienden que las personas con padecimiento en salud mental, los adolescentes en conflicto con la ley penal y las personas con consumo problemático "son peligrosas, deben estar encerradas".
Y en ese sentido, se critican las internaciones que se realizaron en centros de adicciones como San Camilo o Soltar (espacio no habilitado donde la provincia derivó al adolescente Santiago Tobías Hellman Suárez, de 17 años, quien falleció este año presuntamente ahogado) y solicita que las "medidas de protección excepcional de carácter urgente" se tramiten con la correspondiente orden judicial, pero sea la Secretaría de la Niñez quien resuelva la medida.
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Todo en medio de dos días de medida de fuerza, en el marco de tres meses de reclamo, por parte de trabajadores provinciales de Niñez y Adolescencia, de la delegación Rosario que trabajan con niñas, niños y adolescentes, en situaciones de vulnerabilidad. Son 400 agentes, con promesas de hace cuatro años (dos gestiones) de regularización laboral con pase a planta, en su mayoría trabajadores idóneos y profesionales universitarios en psicología, trabajo social y abogacía, que aseguran cobrar "salarios muy por debajo de la línea de la pobreza elaborada por el Indec".
Los trabajadores aseguran que la provincia es responsable de "un vaciamiento institucional" que no solo se ve en los montos salariales sino en los presupuestos para las instituciones donde se agudizaron las situaciones de vulnerabilidad social que afectan a niñas, niños y adolescentes. Y plantean "falta de espacios edilicios acordes a las intervenciones que se tienen que dar".
Contra burocracia estatal y formación
Entre las voces que recogen el guante con intención de que se revierta el complejo panorama en Salud Mental está la directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Silvia Inchaurraga. La psicóloga marca dos ejes en un conflicto de múltiples aristas: burocracia estatal y déficits en la formación profesional.
"Cualquier persona con un familiar grave que llame a la agencia provincial podrá vivir en carne propia lo que es la burocracia estatal, te derivan a una oficina que centraliza la recepción de casos, el Centro de Atención Inmediata, con una directora que ni siquiera es profesional de salud. Atienden de lunes a viernes, de 8 a 13, después te citan para evaluar y ver en qué centro de rehabilitación puede terminar la persona que está sufriendo una crisis y todo sin importar el paradigma de abordaje del lugar: esto lo viví yo misma siendo profesional y acompañando un caso de urgencia por consumo diario de crack y en situación de calle", dice Inchaurraga.
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Incluso, la profesional va más allá al decir que "tanto provincia como municipio se aprovechan de la ley de salud mental y tergiversan todo para justificar su inoperancia: falta capacidad profesional, no pueden una historiadora o una psicóloga novel estar al frente de agencias tan importantes en la provincia y el municipio, además faltan criterios de abordaje y actitud ética frente al creciente problema del consumo de drogas en Rosario".
Dice que los estados provincial y municipal "amplían las bocas de recepción pero se estira el cuello de la botella en la burocracia estatal donde se dan las primeras escuchas y catarsis desesperadas de familiares o adictos, estos testimonios se transforman en números para exponer estadísticas, pero la base de la botella es la misma: los escasos hospitales y centros de salud, con pocos profesionales de la salud mental formados suficientemente, con pocas horas de atención y largas listas de espera y muchos centros monovalentes que focalizan el abordaje en la droga y no en el sujeto. Acá los problemas sociales dominan y tapan las problemáticas psicopatológicas. No hay escalas de grises, de modelos que acojan en dispositivos residenciales ficalizados en la problematica subjetiva y psicopatológica".
En cuanto a la formación profesional y como capacitadora de áreas de vacancia de drogadependencia en la Facultad de Psicología y Medicina de la UNR, Inchaurraga agregó: "Los estudiantes solo ven el tema del consumo en profundidad en seminarios de pre grado que son optativos y, lamentablemente, este es otro tema clave en la formación profesional para abordar el problema. Esto es claramente insuficiente y debería ser un requirimiento en las incumbencias en el título profesional".
Personal de Juntas Especiales
En mayo de este año, psicólogos y psicólogas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y varias agrupaciones feministas repudiaron el despido de la planta permanente del gobierno provincial de una psicóloga que había denunciado el abuso de cinco niñas. Se trató del caso de Natalia Cachiarelli, quien no solo había visibilizado el múltiple abuso familiar de las niñas: también denunció "falta de protección" de su persona por parte de la repartición oficial, además de múltiples irregularidades protagonizadas por funcionarias en relación con el caso.
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Ahora la "falta de protección" la manifiestan más profesionales, ligados a la salud en otras áreas. Se trata de los psicólogos y psicólogas de las Juntas Especiales, profesionales de Salud Mental del Poder Ejecutivo que articulan su actividad con el Poder Judicial. Un organismo interdisciplinario creado por Ley, "una conquista" para muchos.
Intervienen en causas que ameritan que un psicólogo o psicóloga revise los expedientes, tomen declaraciones a personas responsables de delitos, entre ellos los ligados al narcotráfico, y deben evaluar la situación de los detenidos de distintos clanes criminales.
"Debemos firmar si ellos están en condiciones de discernir lo que hacían, si deben quedar o no detenidos. Todos saben quiénes somos, quedamos marcados y sin protección alguna del Estado frente a esta tarea, por lo cual vivimos con miedo. Algunos profesionales han optado por irse del área y los equipos quedaron desmembrados, otros se enfermaron", dicen algunos profesionales que piden que se preserve su identidad.
