Por Laura Vilche
Foto: Virginia Benedetto/La Capital
Reclamo del personal del Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Avila, de Santa Fe y San Lorenzo, realizado en noviembre de 2022 contra "precarizacion laboral y recomposición de salarios".
Viernes 30 de junio de 2023, 21.20. En el diario La Capital se recibe un mensaje por WhatsApp donde se escucha: "Estamos con una situación muy complicada, la de una mujer en crisis subjetiva, con síntoma de abstinencia y en situación de calle a quien no podemos internar. Últimamente no podemos internar a nadie por consumo problemático porque están estallados los hospitales".
Y con indignación el mensaje sigue así: "En la Agencia Aprecod (de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones) nos dicen que los hospitales están estallados. ¿Cómo puede ser que la ciudad con más narcotráfico del país y con tanto consumo problemático no se esté poniendo dinero para que las personas se puedan recuperar?".
La voz y el interrogante es de Guillermina Velázquez Sviser, referente del centro de día Nora Cortiñas, que aborda de manera ambulatoria situaciones de consumo problemático, situaciones de calle, de violencia de género y relacionadas con padecimientos subjetivos severos en mujeres, feminidades y niños, en Urquiza 2217. El mismo centro, autogestivo, que no depende de ningún ejido del Estado pero recibe subsidios, y que hace tres meses pedía "auxilio" en los medios porque la crisis presupuestaria lo tenía al jaque y a punto del cierre.
El caso registrado el último viernes del mes pasado no se resolvió, apenas se contuvo. La mujer, de 27 años y consumidora desde los 15 años, fue internada 48 horas después, luego de varios llamados e informes a funcionarios provinciales y municipales, que determinaron un criterio de internación que le habilitó una cama en una clínica.
"Esa noche nos terminaron diciendo que podía ser internada, pero no había cama. Tuvimos que rogarle al municipio que la dejen dormir una noche en Cáritas, porque no podía estar medicada con un antipsicótico y dormir en la calle", señaló Sviser antes de contar que simultáneamente se reubicó a su hijito con familiares.
"A la mañana siguiente, ella vino al Norita (centro de día) y a las 18 nos avisaron que había una cama libre y allí recién pudo internarse. No es la primera vez que nos dicen que todo está estallado. Días atrás nos pasó lo mismo con un adolescente de 18 años, en abstinencia por crack (cocaína fumada) y autoflagelado. Renegamos mucho, es muy difícil trabajar así, difícil acompañar y contener el nivel de frustración de los usuarios, cuando desde el Estado solo nos dicen que hay desfinanciación, no hay camas o que en salud mental todo está estallado".
La de Sviser es una sola voz y el del viernes un solo caso de los decenas de casos que se registran cada día en Rosario y en la región, donde el consumo de drogas dentro de un sistema informal e ilegal viene devastando subjetividades de gran parte de la población.
Vale recordar la tragedia de Santiago Tobías Hellman Suárez, de 17 años, un adolescente con consumo problemático de drogas quien deambulaba en la capital provincial, fue trasladado al Centro Soltar de Ituzaingó, no habilitado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, y a los días, en enero de este año, apareció ahogado. O, más recientemente, los testimonios de enfermeros que aseguran que algunos hospitales son "depósitos" incluso de niños que padecen violencia familiar o abusos y son internados "porque Niñez no sabe donde ponerlos, y es preferible que los contengan allí a que estén deambulando en distintas instituciones".
Pero además, el mensaje de WhatsApp devela la compleja trama en torno al área de Salud Mental y sus agentes, a quienes se les piden respuestas para una sociedad que si no está "estallada" al menos implosiona por múltiples causas.
Y finalmente, la queja impotente pone en evidencia que las respuestas a las urgencias en Salud Mental, que se construyen en la historia de un sujeto desde otras necesidades estructurales, llegan lentas y a veces muy tarde. Algo similar a lo que sucede en Educación y con los docentes, cuando se les exige "ya" todas las repuestas que pocos pueden o quieren dar.
El escenario obliga a abrir el juego y las preguntas, incluso y más que nunca, durante este proceso electoral donde todos hablan de Salud Mental, sin dejar en claro desde qué paradigma, con qué recursos y áreas de gestión se cuenta para trabajar con la población.
Hasta acá un solo caso y una sola voz. Pero los interrogantes son múltiples: ¿es humano deambular con una persona en crisis subjetiva severa durante horas por distintos centros de salud? Y más: ¿puede un caso reflejar el de una población? ¿Es solo Salud el área que puede y debe dar todas las respuestas a este tipo de casos? ¿Los consumos problemáticos siempre están ligados a la Salud Mental?
¿Se puede abordar del mismo modo a un consumidor en situación de calle, uno que a la vez está detenido por un crimen o un consumidor adolescente? ¿Son la internación, el encierro, el abstencionismo y el control punitivo los abordajes posibles? ¿Se logró el cambiar el paradigma represivo y tutelar a un enfoque ligado a los derechos tras la ley nacional de Salud Mental N°26657 promulgada en 2010? La Capital compiló las voces de algunos profesionales que trabajan en algunos sectores de esta compleja trama, con más preguntas que respuestas.
La secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia de Santa Fe (ORSMSFE), Lucrecia Faccioli, dijo que las situaciones de consumo problemáticos deben ser abordados con un criterio de integralidad, territorialidad y de acuerdo a la ley Nacional de Salud Mental. Y señaló que así como a nivel nacional está la Dirección Nacional de Abordaje de la Salud Mental y Consumos Problem{aaticos "en la provincia debería estar el tema abordado en la misma línea y por mandato legal desde el ministerio de Salud y no de Desarrollo Social".
Ademàs dijo que "no todas las situaciones requieren la misma respuesta" y que el abordaje individual debe ser construido teniendo en cuenta la singularidad de cada persona, "si se encuentra en situación de calle, si tiene casa y trabajo, red familiar y comunitaria, consumos problemáticos, conflicto con la ley penal: es decir para la diversidad y complejidad de estas cuestiones se requiere un abordaje interdisciplinario, intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud, orientado al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales. En otras palabras, no es el mismo abordaje para todos: eso es lo más parecido al manicomio", remarcó.
No obstante, la abogada, trabajadora de Salud Mental y derechos Humanos, reconoció que "faltan recursos y dispositivos para avanzar en la transformación del sistema de Salud Mental, la atención en hospitales generales, en la apertura de servicios en la comunidad para dar respuesta de cercanía en los centros de atención primaria y los centros territoriales de salud mental".
Y cuando se le preguntó a quién le correspondería volcar esos recursos, respondió: "Al Ejecutivo provincial". Se explayó al decir que desde el organismo que integra se pidió la creación de una Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos "y se sugirió que se incorpore en el proyecto de ley de emergencia de consumos problemáticos y salud mental".
Pero, también, Faccioli quiso dejar en claro -y de acuerdo a la ley- que las internaciones deben ser consideradas "un recurso terapéutico excepcional y de carácter restrictivo". Esto no significa no internar, remarcó, sino que "se deben respetar los principios consagrados tanto para las internaciones voluntarias como las involuntarias, y siempre que no sea posible un tratamiento comunitario con actividades artísticas o deportivas", ya que según subrayó, "el derecho a la salud mental tiene que ver con el derecho a la vivienda, al trabajo, la cultura y la educación".
Por último agregó que su área ve con "preocupación" una gran cantidad de personas en conflicto con la ley penal que "son internadas en hospitales monovalentes por decisión judicial, muchos con proceso penal pausado por tiempo indeterminado y con custodia policial o del servicio penitenciario, sin criterio de internación, lo que suscita un sin número de inconvenientes al interior de las instituciones; se generan alojamientos que no responden a criterios sanitarios sino a cuestiones procesales-penales poniendo en riesgo el cumplimiento de las funciones propias de los hospitales y la constante saturación de la red sanitaria debido a la falta de giro cama".
"Son los territorios los estallados por las violencias urbanas y las rupturas de lazos, si el Estado encima retrocede pidiendo como primera y única medida la internación en los hospitales monovalentes o comunidades terapéuticas, dejando de lado la atención primaria y el sentido comunitario integral que brindan la cultura y el deporte, por ejemplo, volvemos a foja cero, a manicomializar, a una paradigma hospitalcéntrico y nos condenamos al fracaso", dijo Tatiana Moreno docente de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), psicóloga en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros e integrante del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones de la Nación.
Al escuchar el caso testigo citado al comienzo de esta nota, la profesional aseguró inmediatamente que "esa mujer debió ser asistida con más celeridad", si bien reconoció que se trata de un panorama "sumamente serio, de muchas aristas y muy complejo".
Para ella, "la urgencia en salud mental, incluidas las situaciones de consumos problemáticos, deben ser abordadas en las guardias de los hospitales generales porque así lo dispone la ley. Para esto es necesario garantizar la formación de los y las trabajadores, disposición de equipos de guardia, así como condiciones físicas ya que en algunos efectores se han podido reservar camas dedicadas a salud mental. En esa línea se debe exigir al Ejecutivo".
En ese sentido, la funcionaria aseguró que la ley es clara. "Dispone que debe destinarse el 10% del presupuesto de salud para Salud Mental, por supuesto esa cifra es mucho menor, nunca alcanzó ni la mitad, a nivel nacional, ni provincial", resaltó.
Pero no quiso dejar de destacar que "las urgencias deben ser constituidas como emegentes de procesos profundos, en donde es necesario abordar los padecimientos y sufrimientos de gran parte de la población desde una perspectiva colectiva e integral y no solo individual. Es decir, si como política sanitaria, solo se van a abordar las crisis subjetivas, nunca van a ser suficientes las camas de internación".
Con la Ley Salud Mental se creó la Conisma (Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Esto implica un cónclave en que se sientan todos los ministros de distintas áreas a discutir políticas a nivel nacional. La comisión funcionó hasta la gestión del ex presidente Mauricio Macri, quien la anuló. Volvió a retomar sus fucniones el año pasado.
"Así como se reeditó la Conisma debería crearse la Copisma en la provincia para crear políticas integrales en salud mental desde todas las áreas: no solo desde Salud. Y también un Consejo Consultivo de la provincia, así como existe el de Nación. Por suerte tenemos el órgano de Revisión (ORSMSFE) desde hace dos años, que se ocupa de que la ley se cumpla lo que es , ni más ni menos, la posibilidad de seguir visibilizando y reclamando sobre estas complejas problemáticas", dijo Moreno.
Y echó mano al artículo 4º de la norma que expresa: "Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud".
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La psicóloga afirmó finalmente:"Quienes venimos trabajando desde hace años el paradigma de derechos humanos y los consumos problemáticos entendemos el tema como parte de la salud, contra el punitivismo o la consideración del delito. Pero además de lo normativo pensamos en la clínica, cada caso, no al revés. No es lo mismo un padecimiento de un joven que el de alguien con problemas con la ley y que para todos el primero y único abordaje sea el encierro es retroceder a un paradigma hospitalocéntrico. No decimos que no se puede hospitalizar, decimos que no puede ser que en haya personas como en la Colonia de Oliveros, hospitalizadas hace 60 años".
