El próximo miércoles se iniciará el juicio penal por la explosión del edificio de Salta 2141, donde fallecieron 22 personas el 6 de agosto de 2013. Son once los imputados, por la comisión del delito de estrago culposo agravado de muerte, que contempla una pena de un mes a cinco años de prisión. Sólo la familia de Débora Gianángelo -una de las víctimas- no firmó el acuerdo económico y es querellante en el juicio.
Adrián Gianangelo, hermano de la joven, aseguró que el objetivo de su familia es que los once acusados sean condenados y cumplan prisión efectiva. "Esto no puede quedar impune, sólo como una página negra de Rosario", destacó hoy en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.
"No sólo pasamos por el dolor de la pérdida del ser querido sino de ver durante estos años a los once imputados en libertad, lo que pretendemos en este juicio es la aplicación de una pena máxima de prisión efectiva", añadió.
"El acuerdo económico representaba que se absuelva de culpa a los que mataron a mi hermanita y desistir de la acción penal"
Asimismo, señaló que, "en el proceso de instrucción del juicio, quedó en claro la cadena de responsabilidades", y detalló: "Uno de los eslabones son los gasistas matriculados, los inspectores de Litoral Gas, el consorcio integrado por tres personas, y el inspector de redes y al jefa técnica. Nuestra querella fue la única que planteó en la acusación a la desidia empresarial".
También destacó la entereza que sus padres -Sonia y Horacio- siguieron adelante con el reclamo. Su acción como querellantes la posibilitó que se arribe a la instancia del juicio penal. "Son decisiones familiares, no tengo la respuesta para lo que hicieron las otras familias -indicó-. Desde el día cero a mi calle Salta nadie me lo contó, lo viví, denuncié irregularidades antes de esta tragedia, he colaborado en la búsqueda de mi hermana y mi vecino, he ido hasta Arteaga a llevar el cuerpo de mi hermana y volvimos a seguir colaborando con el rescate, le hemos puesto el cuerpo a esta causa".
"Hay que estar en la Justicia, seguir la causa, estudiar, no es fácil acusar a una persona de un delito, hay que estar muy seguro de lo que se hace. Es una decisión familiar basada en los pilares de la memoria, ella no está físicamente pero está espiritualmente, mi vecino y mi hermana se merecen Justicia", reflexionó.
Consultado por qué no firmaron el convenio civil, explicó: "El acuerdo económico representaba que la aseguradora absuelva de culpa a los que mataron a mi hermanita y desistir de la acción penal, y la verdad es que pensamos que esto no puede quedar en el olvido, no puede quedar como un caso de impunidad".
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Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Gianangelo, quien también vivió en Salta 2141, recordó las negligencias que se sucedían en el edificio. "Un mes antes tuvimos un atraso en un pago de una factura de Litoral Gas, ahí se desencadenan las irresponsabilidades" señaló.
"Primero vino un inspector que dijo que los caños estaban podridos y los pintaron de negro, se detectó que ningún departamento tenía las ventilaciones adecuadas, los caños eran flexibles en vez de ser rígidos, los calefones no tenían válvulas de seguridad, había muchas irregularidades conocidas por el consorcio, era una tragedia evitable", enumeró.
Sobre la figura de "desidia empresarial" que planteara la querella, afirmó: "La gerencia jerárquica tomó decisiones de desinversión constante, además de no controlar a los que están por debajo de su mando, tienen que responder por ese incumplimiento".
Respecto al nivel probatorio con el que se llega el juicio, admitió que "las pericias tardaron mucho" y también señaló que no están de acuerdo "con algunas cosas como en el sobreseimiento que pidió la fiscal 48 horas antes".
Por último destacó la fuerza de su familia: "Estoy orgulloso de mi padre, de mi madre, que vienen desde ese pueblito alejado para impulsar este proceso, para pedir Justicia por mi hermanita".
Desde el miércoles, once personas deberán responder por el delito de estrago culposo agravado y unos 130 testigos desfilarán ante el tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva.
