En los últimos tres años, las problemáticas ambientales no pasaron desapercibidas en la ciudad. Los incendios en las islas, con las múltiples causas en la Justicia que no tienen avances, y la bajante extraordinaria del río Paraná llevaron a que el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) impulsen una iniciativa que contempla la creación de un “sistema de justicia ambiental” conformado por juzgados y fiscales que puedan atender exclusivamente esta problemática en la provincia. El anteproyecto será presentado este jueves, desde las 14, en el marco de las “Jornadas sobre justicia, problemáticas y derecho ambiental en la actualidad” llevada adelante por el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.
Una de las premisas de la iniciativa es la creación, en el ámbito de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia provincial, de una Fiscalía Ambiental por cada circunscripción judicial para que pueda actuar ante los órganos jurisdiccionales que ya existen. Cada fiscalía, en caso de concretarse el proyecto, que debe pasar por la Legislatura provincial, tendrá un fiscal a cargo más un fiscal adjunto.
“La idea principal es crear juzgados ambientales para que se pueda atender específicamente esta materia en la provincia. Tenemos una gran cantidad de normativa a nivel local, provincial y nacional, incluso internacional, pero siempre nos encontramos con dificultades como el derecho de acceso a la información o la posibilidad de llevar adelante los procesos”, señaló a La Capital el presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, Matías De Bueno.
Los fundamentos del proyecto remarcan que la protección del ambiente “constituye una problemática de gran trascendencia en la actualidad, advirtiéndose la necesidad de su protección jurídica a fin de garantizar su uso racional y el derecho de todo ser humano a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Además, consideran que hay una “fuerte preocupación social en la tutela del ambiente”.
Otro de los puntos del proyecto contempla la creación de unidades fiscales ambientales en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dentro de la estructura de cada Fiscalía Regional, para desarrollar investigaciones. Las fiscalías ambientales penales también tendrán un fiscal a cargo y un adjunto.
Como complemento, el proyecto contempla la creación de un “cuerpo de investigación científica ambiental” integrado por un equipo interdisciplinario para desarrollar análisis y estudios que puedan contribuir a las distintas causas que se creen. Por su parte, la iniciativa fomenta los convenios de investigación con cuatro universidades públicas de la provincia (UNR, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Rafaela).
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“Desde el Colegio de Abogados nos comprometimos a redactar un proyecto de este tipo y se designó una comisión, que ya lo redactó. Esto sirve para darle el puntapié inicial a la discusión y para salir a recorrer un camino, presentándolo a todos los legisladores y a quienes vayan a gobernar la provincia”, señaló De Bueno, para agregar que tras la presentación del proyecto este jueves se sumarán comentarios de las dos cátedras de derecho ambiental de la UNR, que harán sus aportes.
