Por primera vez, las quejas por problemas de viviendas lideran el ránking en Rosario

Por primera vez desde su creación hace 25 años, el principal reclamo que hicieron los rosarinos en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor estuvo relacionado a la problemática de la vivienda. A lo largo de 2016 hubo más de 1.400 quejas vinculadas en su mayoría a conflictos en los alquileres, problemas con los administradores de consorcios, conflictos con desarrolladores inmobiliarios y con inmuebles adquiridos a través de financiación anticipada.

Los datos surgen del informe anual divulgado ayer por el Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica, Inquilinos y Pymes, que funciona dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

El coordinador del área, Ariel D'Orazio resaltó que el año pasado se produjo un cambio histórico de tendencia. "Por primera vez los reclamos vinculados a vivienda encabezaron el ránking de la Oficina, relegando a telefonía fija y celular y los servicios financieros", precisó.

Según los datos oficiales de la repartición, el año pasado hubo 1.413 quejas relacionadas al hábitat, frente a unas 1.357 de telefonía y otras 1.167 de los servicios que ofrecen bancos y financieras.

Las más de 1.400 quejas por vivienda recibidas durante 2016 representan un 30 por ciento más que las 1.088 denuncias recibidas durante el año 2015.

De ese total, el 67 por ciento (947 consultas) fueron motivadas por problemas vinculados a las locaciones, 20 por ciento (291 casos) por administradores de consorcios, 5 por ciento (72) fueron denuncias contra desarrolladores inmobiliarios en el marco de compra de lotes o fideicomisos, por remates de vivienda única 3,8 por ciento (55) y vivienda de financiación anticipada 1,7 por ciento (25).

El resto de las denuncias vinculadas a este rubro estuvo motivado por problemas con viviendas pre fabricadas (9 denuncias), desalojos (8) y problemas en pensiones (6).

Dentro de los 947 casos de quejas por alquileres, el 94 por ciento fueron consultas por inconvenientes en locaciones de viviendas con destino familiar y el 5 por ciento restante por alquileres comerciales. El 87 por ciento (824 expedientes) fueron radicadas contra inmobiliarias, 7 por ciento contra dueños directos y el 6 por ciento contra estudios jurídicos.

"La principal preocupación por parte de los inquilinos está vinculada con requerimientos desmedidos de la administraciones a la hora de hacer entrega de la propiedad, lo que genera gastos excesivos a los locatarios, con 228 consultas, lo que representa el 24 por ciento del total", destacó el funcionario.

Al respecto D'Orazio objetó a las inmobiliarias "que en estos actúan de manera arbitraria, como juez y parte y terminan cobrando casi una segunda comisión, reclamando montos exorbitantes para devolver la propiedad, en mejores condiciones de las recibidas".

Para el coordinador del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica, "una herramienta útil que podría servir para destrabar estos conflictos sería la inspección de parte del Estado antes y después de finalizar el convenio. Así se evitarían abusos".

Otra razón central en los reclamos por alquileres corresponde a los problemas edilicios, vicios ocultos de la propiedad, humedad o filtración de agua en el inmueble locado, motivando 224 denuncias, el 23,6 por ciento.

También se generaron 119 expedientes por cobros de expensas extraordinarias, pago que debe afrontar el titular del inmueble y no el inquilino, lo que representa un 12,5 por ciento.

D'Orazio resaltó que "en el 67 por ciento de las denuncias el expediente tuvo una resolución favorable", razón por la cual aconsejó este canal de reclamo dependiente del municipio.

También hubo fuerte suba en reclamos de loteos y fideicomisos, un 267 por ciento más comparado con 2015. Las denuncias fueron contra empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios de zonas aledañas a Rosario, principalmente por demoras en la entrega de los lotes o unidades de vivienda, imposibilidad de escriturar por falta de final de obra y cobros abusivos.

Del total de los 1.413 expedientes abiertos, 842 tuvieron resolución favorable, 78 mediante audiencia de conciliación, 91 resolución negativa, y 92 todavía no poseen un cierre.