El juicio
Luego de una serie de planteos de la defensa, que logró la autorización del Tribunal para incorporar como prueba una pericia médica, el traumatólogo Sebastián S.S, de 49 años, comenzó a ser juzgado desde ayer en el Centro de Justicia Penal (CJP) por supuesta mala praxis médica, conducta que habría desencadenado la muerte de Maximiliano.
Tras ese intercambio técnico, el juez Rafael Coria, presidente del Tribunal integrado además por Florentino Malaponte y José Luis Suárez, inició formalmente al debate a las 8.33, en lo que significó el primer juicio oral y público por mala praxis médica que se desarrolla en Rosario bajo el nuevo sistema penal oral que rige en la provincia desde febrero de 2014.
Con el médico en libertad _llegó al estrado con su chaquetilla de trabajo_, María Alejandra, la mamá de la víctima y Elías, otros de sus hijos como primeros testigos, el fiscal Walter Jurado, de la unidad de Homicidios Culposos, expuso su alegato. Calificó el caso bajo el delito de homicidio culposo por negligencia médica y solicitó que se condene al profesional a tres años de prisión condicional y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina.
Jurado hizo un relato cronológico desde el día que Iñiguez se accidentó y fue derivado al Hospital Provincia el 9 de febrero de 2014, donde le diagnostican fractura expuesta de tibia y peroné de pierna izquierda. “Lo estabilizaron, limpiaron la herida, colocaron pesas. En ese momento estaba lúcido, no tuvo otros signos relevantes. Era joven, saludable, fuerte, sin antecedentes médicos”, recalcó.
El fiscal recordó que al día siguiente fue trasladado al Sanatorio Los Alerces. “Le realizan otra limpieza de la herida y le cambian las pesas. Empezó a quejarse del dolor. Allí es visto y examinado por el doctor Sebastián S.S, observan en la herida de la pierna una secreción. El paciente comenzó a quejarse de mucho dolor y a levantar fiebre”, repasó el fiscal.
Marcó paso a paso la estadía de Iñiguez en el sanatorio y describió que a las 24 horas de ingresar continuaba con fiebre, “mucho dolor y ya no movilizaba los dedos del pie” a lo que sumó taquicardia durante la noche. Según esa secuencia, al día siguiente le dijeron que lo operarían para ponerle un tutor.
Leer más: Homenaje y marcha por Maxi Iñíguez, fallecido por supuesta mala praxis médica
El jueves 13, según el fiscal, fue “un día clave para el futuro de Maximiliano. Los familiares ya habían notado que la pierna se le había oscurecido. Horas después de lo programado lo llevan al quirófano. Pero sin embargo le realizan una segunda touareg quirúrgica (limpieza). Ingresó el lunes y recién el jueves le practicaron una fasciotomía cerrada para descomprimir la herida. La pierna se encontraba afectada por una infección”, resaltó Jurado.
"Al término de la cirugía, el doctor le informó a la familia que todo había salido bien, que en siete a diez días le colocarían clavos definitivos. Sin embargo, lo trasladan a la unidad de terapia intensiva (UTI) por una supuesta complicación respiratoria. Si hubiese salido todo bien, no lo hubiesen trasladado a UTI”, advirtió el fiscal.
Sin embargo, en ese momento “se constata que la pierna ya estaba comprometida. A las 21, ingresa la mamá al horario de vista y su hermano Elías. Ambos lo notaron muy agitado y con mucho dolor en la pierna. Elías observó que el pie estaba literalmente congelado. El viernes 14 de febrero, deciden hacer una fasciotomía ampliatoria. Ese procedimiento, explico Jurado, “se hace cuando hay una patología específica, resulta peligrosa para el paciente si no se trata adecuadamente”.
Se cuestiona el momento, no la decisión
Durante esa intervención Maximiliano sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Los familiares se habían ido a su casa porque pensaron que todo estaba bien, pero los llamaron de urgencia. “Les informaron del paro cardiaco, con compromiso en pulmones, riñones e hígado. Y le dijeron que debían amputarle la pierna. Ese mismo día a las 13 Iñiguez es sometido a una segunda cirugía, cuando habían pasado menos de 12 de la anterior. Luego ingresa a terapia intensiva en estado de coma”, narró el fiscal.
“Desde ese día nunca más despertó, no mejoraba, la vida de Maxi se iba apagando. El viernes 21 de febrero, día de su cumpleaños, sufrió una trombosis en el brazo izquierdo, y también lo intervinieron; y luego le realizaron un traqueotomía programada. Los partes médicos eran siempre similares, con análisis de cultivo, y la fiebre siempre presente. Le habían encontrado gérmenes y presentaba mejorías neurológicas. “La sensación que tenían los familiares es que en terapia no había un seguimiento del paciente”
Cuando el 16 de marzo presenta leves mejorías, lo pasan a una habitación del sanatorio. Ahí un médico neurólogo informó a la familia que Maxi no estaba en coma, sino que tenía daño neurológico irreversible. El 26 de marzo lo llevan al quirófano para cambiarle una sonda, sufre una descompensación y vuelve a terapia. No salió nunca más de ese lugar, la infección ya había tomado todos los órganos. El 16 de abril de 2014, a las 11.45, Maximiliano fallece a causa de una sepsis generalizada con falla multiorgánica.
Para el fiscal y con vistas al debate, todo el “acontecer histórico será acreditado con testigos del entorno familiar, otros que estaban a cargo del cuidado como paciente. “La fiscalía va a probar que este resultado dañoso, el fallecimiento de Maximiliano, no fue un proceso natural, sino que fue la consecuencia directa de la relación del deber de cuidado manifestado por el médico traumatólogo Sebastián SS”.
Luego de enumerar que para sostener la imputación, el acusador anticipo que ofrecerá testigos expertos, integrantes de juntas médicas, forenses, miembros de la Facultad de Ciencia Médicas de la UNR. “Se acreditará la mala praxis médica del acusado, que resultó en un perjuicio al paciente. S. actuó en forma negligente, imprudente, al violar las normas de cuidado, y con ello incrementó un riesgo más allá de los límites permitidos por la propia norma. La violación del deber de cuidado manifestado por S. produce el fallecimiento de Maximiliano. La Fiscalía probará que al momento de realizar la amputación de la pierna, fue un acto tardío, extemporáneo. Debió realizarlo con anterioridad, mínimo 24 horas antes”.
Una muerte evitable
La querella, en presentación de la familia de Iñiguez no se movió de ese planteo, y aclaró también que los cuestionamientos no iban a la decisión de amputarle la pierna al paciente, sino que se hizo de forma extemporánea. “Este debate podría subsumirse en un lema: toda una vida por vivir. Eso era lo que tenía el joven Maximiliano Iñiguez en el 2014. Se cruzó con un acto médico desarrollado por un especialista y dejó una familia destrozada”, indico el abogado Eduardo Hadad.
“Fue un acto médico negligente, lo que generó un riesgo jurídico desaprobado. Vamos a probar en juicio que esta muerte se hubiese podido evitar”, indicó el abogado. Para ello, dijo que se convocará a miembros del Instituto Médico Legal, expertos de la Facultad de Medicina, entre otras pericias científicas. A diferencia de la Fiscalía solicitó 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer como médico.
Inocente
A su turno, los abogados defensores del médico, Facundo Ruilopez, Lautaro Dentone y Germán Pugnaloni, sostuvieron la inocencia de su asistido. Indicaron que su intervención fue correcta, porque estuvo “a la altura del tratamiento médico que requería el paciente”.
Tras hacer un llamado a “no criminalizar los riesgos propios que la profesión conlleva”, marcaron que hubo “errores cronológicos” en la exposición de la fiscalía, expresaron que se dio una “expectativa social” por la difusión del juicio, que obliga al médico a “defenderse de un estado de sospecha”. Y trajeron a esa primera audiencia de debate que el caso tuvo “la intervención de otros médicos”.
Al correrlo de toda responsabilidad, recalcaron que “siempre estuvo a la altura” del requerimiento profesional, que el juicio se dilató por cuestiones ajenas y que siempre estuvo ajustado al proceso. Según esa postura, indicaron que la Fiscalía y la querella “desatendieron evidencia desincriminante”, y que en ese camino hubo “medidas de prueba que no se concretaron”.
Y contradijo a la querella sobre el momento en el que se detectaron los síntomas para decidir la amputación de la pierna. Ruilopez opuso que el fallecimiento “no es atribuible a nuestro asistido. Se ajustó a su trabajo y cumplió sus deberes de forma diligente”, indicó, tras lo cual solicitó la absolución lisa y llana del traumatólogo.
Se extraña la alegría de la familia
Los dos primeros testigos del juicio fueron Elías, un hermano mayor de Maximiliano, y María Alejandra Giménez, mama del joven fallecido. El debate se desarrollará hasta el viernes, cuando se expondrán los alegatos de clausura, y el martes de la semana próxima se conocerá la sentencia.
Elías recordó paso a paso lo que narró el fiscal con referencias sobre la incertidumbre que al momento de los hechos sintieron como familia al ver que la salud de Maxi se deterioraba casi sin explicación, y ellos confiaban en los médicos, recordó a su hermano como un chico “alegre y divertido. Eso es lo que nos falta ahora. Venimos a solicitar justicia por mi hermano. Queremos que esto se termine de una vez, son muchos años. Queremos que la verdad que probamos durante todo este tiempo se traduzca en una condena”, indicó el joven a La Capital.
Nerviosa y al borde del llanto, María Alejandra también hizo un relato de los hechos y de las complicaciones y fallas que observó en el sanatorio durante la internación de su hijo. “Tuvimos que llevar ventilador, una palangana con hielo para bajarle la fiebre. Compramos gasas, medicamentos. La atención fue muy mala. No hubo un seguimiento. Quiero que el culpable pague por la muerte de mi hijo”, remarcó.
