Se trata de un hombre de 30 años que estará sentado en el banquillo en un debate oral y público acusado de abusar de una nena de 16 años que permanecía alojada en el Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) “Mi Lugar”, en Virasoro al 1900, hechos ocurridos entre el 11 de febrero y el 5 de marzo de 2019.
Los ataques sexuales fueron dentro de las habitaciones de la institución, donde el acusado desempeñaba tareas de cocinero, y la niña había sido derivada junto a su hermano por una medida excepcional de protección. Según el legajo judicial, la víctima fue ultrajada en por lo menos tres oportunidades.
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Una de ellas en la habitación Nº 5, la otra en la Nº 10 (un lavadero) y en un dormitorio. A veces el agresor la sorprendía durmiendo, la despertaba y le sujetaba la cabeza; mientras la niña lavaba su ropa la tomaba por la fuerza de atrás hasta lograr su cometido; o con absoluta perversidad la atacó dentro de un dormitorio donde había otra niña durmiendo.
La víctima, que para esta nota será identificada como P., lloró, vomitó, y se profundizó su estado de indefensión en un espacio donde se la debía contener y cuidar. A tal punto llegó la crueldad y el sadismo del agresor que en un marco de hostigamiento constante la amenazaba con no darle las raciones de comida si no accedía a sus pretensiones.
Ocultamiento y temor
Un aspecto que develó la investigación judicial es que tras sufrir los abusos, la adolescente se lo manifestó a por lo menos tres operadores y a la directora de la entidad, pero ninguno le creyó. La respuesta fue silenciar todo, y al otro derivarla a la Casona de Puentes, otra dispositivo de Niñez.
Cuando el 6 de marzo de 2019 fue recibida en esa residencia, le realizaron la entrevista de ingreso. Allí la chica narró el martirio que había atravesado, expresó “miedo que le ocurriera a otras niñas más pequeñas, e identificó a su ofensor con el nombre de Alan, el cocinero de “Mi Lugar”.
Un día más tarde una acompañante terapéutico elaboró un informe sobre la gravísima situación. El 11 de marzo una psicóloga del DAT informó a las autoridades de Niñez para que se impulse la investigación y la atención urgente de la víctima. Pero desde un primero momento no se siguieron los protocolos de abordaje. Y fueron las omisiones tan elocuentes, que los propios trabajadores de Niñez lo denunciaron el 11 de abril ante el Concejo Municipal.
El 14 de abril, ya con la denuncia formal ante el MPA, se entrevistó a la directora de la Casona de Puentes, quien describió el recorrido de la niña. Indicó que el 25 de febrero de 2019 recibió un llamado desde la Coordinación de Centros Residenciales de Niñez solicitando un lugar para P., y que el traslado se concretó el 5 de marzo.
Cuando el caso se judicializó, la ex fiscal Nora Marull (jubilada), de la Unidad de Delitos Sexuales ordenó una serie de medidas. Se tomó como pauta central la narración que hizo la víctima en Cámara Gesell, donde detalló que fue ultrajada, violentada y obligada por el imputado a mantener relaciones sexual.
Un relato válido y coherente
El relato, según el informe de los equipos interdisciplinarios del MPA, fue “válido, circular y coherente”. Y que a pesar de “la vergüenza” que le representaba, brindó detalles sobre los hechos. También se cauteló el relato de una compañera de la víctima, que pudo dar cuenta de los momentos de angustia que sufría su amiga luego de ser abusada.
La Fiscalía acumuló testimonio de psicólogos de Casona de Puentes, de acompañantes y empleados de Mi Lugar, que en desacuerdo con el ocultamiento del caso y la negativa de las autoridades en denunciarlo oportunamente, llegaron al punto de renunciar a sus trabajos.
En ese entonces estaba a cargo de Niñez Rosario la abogada Claudia Aguilera, quien había asumido en el cargo en febrero de 2017 luego de varios meses de acefalía y turbulencias en la repartición. Lo cierto es que el cocinero, identificado como Alan B., fue imputado y desde ese momento se mantiene en prisión preventiva efectiva.
Al formalizar la acusación y el pedido de pena, la fiscal Marull alertó que se trataba de “un caso sumamente grave que roza lo perverso, donde una menor se vio sometida a un abuso sexual, manoseos, miedos y amenazas por parte del empleado del dispositivo de Niñez, espacios que tienen como objetivo albergar a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, acompañarlos mientras dure su estadía”. Y concluyó que B. “aprovechó y abusó de su condición en el trabajo para ultrajar a una niña con un grave estado de vulneración.
El juicio
Ahora el caso será ventilado en un debate oral y público que comenzará el lunes 19 de septiembre, a partir de las 8, en el Centro de Justicia Penal (CJP). El acusado será juzgado por un Tribunal pluripersonal integrado por los jueces Mariano Aliau, José Luis Suárez y Facundo Becerra.
En esa instancia se espera que el fiscal Ramiro González Raggio exponga la acusación, el encuadre legal y el pedido de pena a 14 años de prisión, lo cual se adelantó en la requisitoria de elevación a juicio. Alan B. está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, por ser el autor el encargado de la guarda, abuso sexual simple, y amenazas coactivas, hechos consumados y en concurso real. La defensa será ejercida por el abogado del Servicio Público de la Defensa Penal (Sppdp) Darío Pangrazi.
Precarización y tercerización
La comisión interna de los trabajadores de la delegación Rosario de la secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia visibilizó y denunció muchas veces la precarización laboral, y estuvo muy cerca del caso de P. que se describe en esta nota. Fueron ellos los que denunciaron las gravísimas demoras en brindarle asistencia, que no se siguieron los protocolos y las irregularidades que buscaron ocultar la gravísima situación.
Uno de los que encabezó la presentación en el Palacio Vasallo el 11 de abril de 2019 fue Emiliano Calcagno, trabajador de Niñez y delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A tres años y medio y consultado sobre la realidad actual de Niñez, indicó que “la cuestión estructural se mantiene, no hubo las transformaciones que esperamos con esta nueva gestión. Pensamos que se modificarían, pero no fue así. Era una oportunidad que también esperaban los pibes y pibas, que son los primeros que se benefician”.
No obstante, resaltó la tarea de los trabajadores. “Hay empleados que tienen muchísima experiencia, trayectoria y ética de trabajo. Y están haciendo un esfuerzo diario muy grande para mejorar la situación. Se ve traducido en el programa de acompañantes, que tuvo un cambio positivo, ya que era un sector abandonado y sin coordinación”.
Del mismo modo valoró los avances en Autonomía Progresiva y Procesos Adoptivos. “Los compañeros que están al frente se pusieron las cosas al hombro, y le pudieron dar un giro. Parece que hay alguna preocupación de la gestión por el mejoramiento de las condiciones”, remarcó.
Sin embargo, planteó recordó unos de los inconvenientes estructurales que acarrea Niñez: la falta de espacios o lugares propios para derivar a los niños. “Muchos son bajo convenio o tercerizados. Algunos trabajan muy bien, pero la mayoría son alojamientos armados sin investigación”.
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Más grave aún, indicó que “se desconoce la preparación profesional que tienen los empleados de esos espacios, la capacitación, cómo trabajan, o si tienen antecedentes penales. Eso está validado por la política de tercerización. Pensamos que se iban a generar lugares estatales, pero nunca se hicieron”.
Calcagno criticó al gobierno provincial por no abrir las paritarias, lo cual impacta en la gestión. “Muchos compañeros precarizados o contratados, profesionales formados, han dejado de trabajar en Niñez porque los salarios son un insulto. Un abogado, psicólogo o trabajador social puede cobrar 35.000 pesos. Los contratados llegan a 67.000, lejos del salario que tienen los de planta permanente”.
Según el trabajador, en estas condiciones “no hay forma de sostener una política de Niñez a largo plazo. Eso habilita a muchas cosas. Hay dispositivos buenos, pero otros en los que suceden estas cosas (por los abusos), quedan absolutamente por fuera de todo, lo cual principalmente impacta en los derechos de los chicos y chicas alojados en esos espacios”.
