Más de un centenar de personas participaron de la fiesta clandestina desbaratada por la policía.
El intendente Pablo Javkin promulgará este miércoles la nueva ordenanza sancionada por el Concejo Municipal que prevé sanciones de hasta $2 millones de pesos a quienes faciliten y organicen fiestas clandestinas en Rosario en el marco de la pandemia de coronavirus. La normativa viene a otorgarle la potestad al municipio sobre un fenómeno que acarreaba desde tiempos prepandémicos, cuando se alquilaban casas para organizar fiestas electrónicas ilegales.
El proyecto aprobado este martes había sido presentado en mayo por los concejales María Eugenia Schmuck y Carlos Cardozo con el objetivo de elevar las sanciones a quienes las organizan y a quienes son los propietarios de los inmuebles donde se desarrollan este tipo de encuentros y no respetan las restricciones sanitarias.
“Estamos convencidos de que es una herramienta interesante para desalentar este tipo de eventos en plena pandemia y donde sabemos que es el principal foco de contagios por falta de medidas de prevención”, planteó en el programa “Todos en La Ocho”, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.
En ese sentido, recordó que “en general, en las fiestas clandestinas de épocas prepandemia el municipio no tenía herramientas y debía dar cuenta a la policía por ruidos molestos. Por eso lo que estamos planteando es tener potestad para multar y sancionar con montos muy importantes con $400 mil hasta $2 millones de pesos”.
También puntualizó que “las fiestas clandestinas parecen tener como lugar privilegiado los campos que no pertenecen a las grandes ciudades”.
“Funes tiene esta ordenanza prepandemia, incluso presentamos un proyecto de ordenanza en Rosario a raíz de las casas que se alquilaban para hacer fiestas electrónicas clandestinas, por eso consideramos que hay que avanzar”, recordó.
La normativa sancionada este martes en el Concejo apunta a que todo propietario, poseedor o tenedor de un inmueble donde se desarrolle una fiesta privada calificada como ilegal o clandestina, durante la emergencia sanitaria, debe ser penado con multas que van desde 1.200.000 pesos a 2.100.000 pesos.
Su propuesta incluye el decomiso de todos los elementos hallados, y una inhabilitación de hasta 180 días, cuando se trate de un inmueble, piezas o infraestructuras pertenecientes a comercios habilitados. Y abarca como sanción accesoria la realización de 50 a 100 horas de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad.
Estos castigos podrían recaer sobre el promotor de ese encuentro masivo, que apuntan a la persona física o jurídica encargada de la organización, promoción, desarrollo, y venta del espectáculo o actividad bailable. Y la sanción también podría extenderse a las personas físicas o jurídicas que faciliten el inmueble para el desarrollo de ese tipo de eventos.
El proyecto también precisa que si los responsables son menores, serán los padres o tutores quienes deberán afrontar la multa económica.
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