A cuatro años de la explosión en Salta 2141, el gobernador Miguel Lifschitz decidió enviar a la Legislatura un proyecto para expropiar el terreno que ocupara el edificio, donde fallecieron 22 personas tras el estallido. La intención de la Casa Gris es convertir el lugar donde se levantaban las tres torres demolidas en un espacio vinculado a la música y el arte, como también en un ámbito de memoria y recuerdo de las víctimas. El mandatario tomó esta resolución tras una serie de encuentros con familiares de las personas fallecidas.
Una vez aprobado el proyecto en ambas cámaras legislativas, se realizará un concurso de carácter nacional, para construir, por un lado, el establecimiento educativo vinculado a las artes, y por otro, un espacio de encuentro para los familiares de las víctimas.
Una de las posibilidades que se analiza es que allí funcione el Instituto Superior del Profesorado de Música "Carlos Guastavino", hoy instalado en Santa Fe al 1000, aunque la decisión final surgirá luego de una consulta abierta.
Desde la gobernación resaltaron que este perfil de uso del predio busca garantizar que el terreno se convierta en un sitio público y no en un desarrollo privado.
La iniciativa de la Gobernación se debatirá desde la semana próxima con otras propuestas de diputados y senadores de distintos bloques que presentaron varias mociones para que el Estado adquiera el terreno donde el 6 de agosto de 2013 se produjo la peor tragedia de la historia de Rosario.
Aquel día, una fuga de gas producto de una incorrecta manipulación de las cañerías del edificio generó una tremenda explosión que colapsó una de las torres. A raíz del estallido, 22 personas fallecieron, decenas resultaron heridas y hubo enormes daños materiales.
La posición de Lifschitz marca un claro contraste con su antecesor, Antonio Bonfatti. El ahora presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe se negó a enviar un proyecto similar en 2016, tras recibir una nota firmada por 200 propietarios afectados que se oponían a la idea.
"Es una decisión política ya tomada, al no haber consenso entre los propietarios, el gobierno de Santa Fe no va a involucrarse en una especie de interna con los familiares de las víctimas", explicaron en su momento desde la gestión que encabezaba Bonfatti.
Ahora, un año y medio después, con un gobierno del mismo signo político, la determinación es otra. "Después de que los familiares le solicitaran al municipio, a los legisladores y al gobierno de la provincia una respuesta que contuviera una solución a ese terreno que quedó vacío como un mudo testimonio de la tragedia, tomé la decisión de dar una respuesta a ese pedido", explicó Lifschitz.
Para el gobernador, "la demanda de los familiares es justa y esas muertes que se produjeron de manera imprevista y sin justificación, merecen un sitio de recordación".
"También creemos —continuó el mandatario— que es importante para el barrio, para los edificios contiguos y los vecinos de la zona. Y que más allá del sitio de memoria, sea también un espacio dedicado a la música y al arte, que le dé nueva vida, que convoque a los jóvenes, que nos hable del futuro. Creemos que este puede ser el mejor homenaje a quienes perdieron su vida allí".
Según pudo saber La Capital, se preservará el árbol que se encuentra frente al predio, como un símbolo del resurgimiento tras la tragedia, respetando el pedido de los familiares de las víctimas.
De acuerdo al proyecto, los gastos que demande la expropiación del terreno, "se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto general de la provincia, autorizándose al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones que estime pertinentes".
La propuesta apunta a "rendirle homenaje a quienes perdieron su vida, a quienes colaboraron en las tareas de rescate, y a sus familias". Y servirá, se destacó, "como un nuevo lugar cultural y educativo para todos los santafesinos" en la ciudad de Rosario.
Una pericia demora el inicio del juicio oral
El juicio oral y público que definirá las responsabilidades penales en torno a la tragedia de Salta 2141 podría arrancar recién el año próximo. Si bien estaba previsto que el proceso comenzara en el segundo semestre de este año, una pericia clave, solicitada hace meses por Fiscalía, demorará el arranque del juzgamiento en Tribunales.
En diálogo con La Capital, la fiscal Graciela Argüelles explicó que la pericia en cuestión “será sobre las instalaciones del edificio y es clave para determinar una serie de responsabilidades” del fatal suceso.
De inmediato la representante del Ministerio Público de la Acusación aclaró: “Esta pericia no fue pedida ayer, sino hace un año por la Fiscalía. Se demoró porque los peritos que se contactaron en Rosario no pudieron realizarlo y entonces hubo que convocar a expertos de Córdoba que ya han venido a la ciudad y el jueves próximo nos reuniremos para definir los tiempos y modalidades”.
Argüelles fue más allá al comentar a este diario que “en el expediente ya se han presentado una serie de trabajos periciales sobre el mismo asunto, pero fueron aportados por peritos que a nuestro entender no son imparciales ya que pertenecen a la firma Techint”, que tiene el 30 por ciento del paquete accionario de la empresa concesionaria Litoral Gas.
La fiscal Argüelles se excusó de precisar cuándo arrancará el juicio oral y público.
En la causa se encuentran procesados el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
Los otros procesados por el delito de estrago culposo agravado son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.
