La Sociedad Rural de Rosario se pronunció en sintonía con el pedido de levantamiento que el municipio de Victoria (Entre Ríos) hizo sobre una medida cautelar de julio de 2020 en la que se prohíbe el ingreso de maquinaria pesada a las islas. La decisión judicial generó una fuerte controversia: algunas voces plantean que el dictamen se tornó abstracto y que resulta imprescindible que el Comité Interjurisdiccional ejerza el control en los humedales. Para los ruralistas rosarinos el amparo vigente "es injustificado e inútil, e impide el normal desarrollo de la actividad productiva como es la ganadería". La semana pasada, Rosario fue epicentro de este comité lo que abre una expectativa a futuro.
Esta medida judicial tiene vigencia desde el 1º de julio de 2020. La resolución fue dictaminada por el el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien impuso restricciones en los humedales a fin de evitar la quema de pastizales, como la prohibición del ingreso de maquinaria de gran porte.
Además del pronunciamiento emanado por entidades productivas entrerrianas en sintonía con lo solicitado por el municipio de Victoria, ahora los ruralistas rosarinos se hicieron eco a través de un comunicado.
Fundamentos de la Rural
Al argumentar que la cautelar impide el normal desarrollo de la vida y la ganadería, la Sociedad Rural recordó que esta superficie se rige bajo el el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas) y el manual de buenas prácticas ganaderas en zona de islas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), además del Plan Provincial del Manejo del Fuego, entre otros.
"El debido mantenimiento a través de servicios de maquinarias es imprescindible para la realización y preservación de caminos, senderos, cortafuegos y dragado, en otras obras de infraestructura, tecnología base para el sostenimiento del arraigo, la actividad productiva y cuidado del medioambiente, indispensables para el desarrollo territorial y provincial", resaltó la entidad del campo para enfatizar: "Acompañamos a todas las acciones que breguen por el levantamiento de esta injusta medida".
Cambios a cuatro años
Victoria cambió su normativa y sancionó una regulación para el uso de los humedales, mientras que Entre Ríos también logró su propia ley ambiental. Pero en el medio varias organizaciones preservacionistas ven con desconfianza el fin de la cautelar, porque se daría una señal para el regreso de la quema de pastizales y la alteración el ecosistema en la región. Los funcionarios victorienses entienden que levantada la medida podría aplicarse el plan de manejo de reserva de usos múltiples, lo que permitiría un poder de policía concreto.
En el medio de la desconfianza y el debate por el control que impida un abuso sobre la zona de humedales y a su vez la garantía de la conectividad y el acceso al agua de los pobladores de la región, se produjo un nuevo debate.
La mirada de la UNR
Consultado por La Capital, el secretario del Área de Política Ambiental de la UNR y especialista del Colegio de Abogados, Matías de Bueno, fundamentó que una cautelar se da en casos excepcionales cuando hay un acontecimiento que puede generar un daño. "Esta resolución tiene cuatro años y la situación ya pasó, hay que seguir protegiendo el humedal. Y por otro lado ya se conformó el Comité Interjurisdisccional para la conformación del Piecas y existe un plan de manejo. Se debería tomar en cuenta y si hay duda se debería consultar al comité y revisar como continúa la gestión y no tener una medida genérica de impedir pura y exclusivamente", dijo para enfatizar: "Hay que trabajar en la región porque en muchas ocasiones serán necesarios cortafuegos pero no promover la apertura indiscriminada para armar terraplenes, o transformar el territorio indiscriminadamente. Se generó la medida porque no había control. Ahora si se puede ejercer el control sería el momento de levantar la cautelar".
La titular de la Sociedad Rural, Soledad Aramendi, amplió el contenido del comunicado: "Con esta medida no se puede combatir el fuego, bregamos para que reine el sentido común y la sensatez. Todo esto entorpece la actividad. La ganadería no altera el humedal, al contrario lo favorece, porque los animales controlan la masa ígnea y con sus heces fertiliza el ambiente y su impulso no pasa por quemar", subrayó la dirigente para advertir: "Los faros de conservación no funcionan, se hicieron pero dejaron de estar activos".
Paso adelante
En medio de esta discusión, se dio un paso adelante que podría salir el atolladero judicial. El Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario fue el epicentro de la primera reunión del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para la Conservación del Delta del Paraná (Cian) como parte del Piecas. Funcionarios de Rosario, Victoria, del gobierno santafesino y de Nación abordaron la gestión de incendios, la regulación en el uso de maquinarias, la gestión de áreas de humedales y la creación de una Base de Datos de Información Georreferenciada (SIG), entre otros.
