PedidosYa deberá restituir en su trabajo a la joven beneficiada por el fallo en el término de tres días.
La Justicia hizo lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Cadetes de Motos y ordenó a la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección de Tránsito y en un plazo de 45 días, aplicar a las empresas de servicios Rappi, PedidosYa y Glovo las ordenanzas que regulan la cadetería y mensajería, y también la función de sus empleados.
La resolución implica también que las empresas presenten un listado de repartidores y que la Dirección de Tránsito extienda las obleas identificatorias con los controles establecidos en las normativas.
“La situación de la actividad real de estas empresas o apps (aplicaciones) no resulta del todo clara, y en parte se debería a un vacío legal en la regulación actual”, se remarcan entre los fundamentos del juzgado civil de Rosario que hizo lugar a un amparo del Sindicato Unico de Conductores de Motos de la República Argentina (Sucmra), cuyo objetivo era regular la actividad que despliegan los servicios de las aplicaciones móviles.
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El Sucmra sostuvo que “la inacción del Estado sólo se justificaría en el desconcierto que genera esa nueva modalidad”, que en los hechos es una “fuente de competencia desleal, explotación de los trabajadores e inseguridad, peligro en el tránsito, en la manipulación de alimentos y fármacos, y conspira contra bienes sociales y económicos”.
“Por qué a un cadete en moto se le exige la libreta sanitaria, y no así al llamado rappitendero o glover”, interrogaron desde el sindicato, además de exigir que las apps no presten el servicio hasta tanto regularicen la situación conforme a las ordenanza vigente.
El juez le corrió traslado a las firmas aludidas y a la Municipalidad. En ese marco, el Ejecutivo local
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expresó que el amparo se refería a “nuevas modalidades de prestación de servicios en supuestas condiciones de precarización laboral”. Y que no correspondía aplicar la ordenanza 8.026, y marcó la diferencia de las aplicaciones “que lo hacen mayoritariamente en bicicletas”.
Igualmente, los apoderados del municipio admitieron que el servicio “no estaría regulado”.
Tras acreditar la “verosimilitud” del amparo y legitimar al sindicato como representante de sus afiliados, el juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Rosario, a cargo de Gabriel Oscar Abad, recalcó “la falta de regulación legal”, que encuentra “comprometida la vigencia y aplicación de la ordenanza” en cuestión, y dijo que “resulta palmaria” la obligación de la Municipalidad sobre su cumplimiento.
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El funcionario describió que “el eventual carácter de prestador particular” con el que se pudiera calificar a los repartidores de las apps, “no los exime del cumplimiento de la normativa”.
Tras destacar que las aplicaciones se erigen como “nuevas tendencias” que proponen “soluciones rápidas para el envío de productos”, detalló que la actividad “no resulta del todo clara, y que ello en parte se debería a un vacío legal en la regulación”.
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