Germán C. fue imputado por usura durante la audiencia sobre la muerte de Natalia Giménez, pero todavía no se lo vincula directamente con el asesinato
Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.
El femicidio ocurrió el sábado 26 de septiembre en Grandoli al 3800.
Un hombre de 42 años fue imputado este viernes por un femicidio en el barrio Tablada junto a otras dos personas acusadas por prestarle dinero a la víctima con intereses desproporcionados. Según los investigadores, Natalia Giménez tenía una deuda con un preso alojado en una cárcel de Rosario.
En la primera audiencia sobre el asesinato, la fiscal Paula Barros reveló que la víctima había pedido 400.000 pesos y tenía que devolver el doble de ese monto. Las cifras surgen del análisis del cuaderno hallado en la celda de Germán C. durante una requisa en la Unidad Penitenciaria 6, detrás de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.
Hasta el momento, el recluso no figura como posible instigador del estremecedor crimen perpetrado semanas atrás en la zona sur de la ciudad. No obstante, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estableció que la mujer de 35 años había recibido varios reclamos para cancelar la deuda hasta dos días antes de su muerte.
En lo que respecta al fallecimiento de Giménez, la encargada de la investigación imputó a Paulo A. por homicidio doblemente calificado por ensañamiento, alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer. Está detenido desde la semana anterior, cuando se realizaron siete allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez vinculados a la causa.
De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA, el sospechoso cometió el crimen un día antes de la denuncia de la familia por el hallazgo del cuerpo, tal como se presumía por el resultado de los primeros exámenes médicos del cadáver. El sábado 26 de septiembre fue en bicicleta hasta avenida Abanderado Grandoli 3800 y escapó de la misma forma un rato más tarde.
El imputado llegó antes de las 6 de la mañana a la vivienda ubicada en un segundo piso. Allí golpeó y agredió a la víctima con un arma blanca. La fiscal remarcó que el asesino prolongó innecesariamente el padecimiento físico de la mujer y se aprovechó de una relación desigual de poder mediante el ejercicio de violencia física extrema.
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Paulo A. había dejado atada su bicicleta en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana. Después del ataque, regresó a pie con un casco de motocicleta puesto y se fue a su casa en Villa Gobernador Gálvez, ubicada en Cervantes al 700. El día del allanamiento del domicilio, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró ropa y otros elementos que coinciden con el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.
El fallecimiento de Giménez se confirmó el domingo 27 de septiembre, pasadas más de 36 horas desde el femicidio. Los investigadores comprobaron que el cadáver tenía múltiples heridas y traumatismos en la cara, los ojos, el cuello, el cráneo y las manos.
En busca de esclarecer el crimen, la Fiscalía Regional Segunda descubrió que Giménez había recibido varios reclamos entre la semana previa por un préstamo. La víctima aparecía en una lista de 54 nombres anotados por Germán C. dentro de la cárcel de avenida Francia al 4900. En cada caso tenía números de teléfono, el capital entregado y el monto exigido para cancelar la deuda.
El MPA estableció que la mujer asesinada había pedido plata unos pocos meses antes del crimen. Entre el 20 y el 24 de septiembre le exigieron que pagara y unos días después la mataron, aunque todavía no hay evidencia suficiente para plantear que el agresor actuó por órdenes del acreedor.
Mientras tanto, los investigadores establecieron que el preso se dedicaba regularmente a prestar dinero con la ayuda de Stella Maris P. afuera del penal. La imputada de 36 años se ocupaba de comunicarse con los deudores, aprovechándose de su necesidad económica y sacando ventajas desproporcionadas en el interés que cobraban.
La fiscal comprobó que los prestamistas utilizaban distintas líneas telefónicas para hacer los reclamos de dinero en casos como el de Giménez. Frente a esta hipótesis detrás del femicidio, el juez Federico Rébola ordenó la prisión preventiva del supuesto asesino por el plazo de ley, mientras que a los demás imputados les fijó un plazo de seis meses para la medida cautelar.
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