La primera audiencia pública de la historia para discutir sobre un incremento tarifario de la EPE, organizada por la Secretaría de Energía, tuvo claros y oscuros. La decisión de la empresa estatal de obligar a que tres empleados por cada área asistiesen al aula Alberdi de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) —100 personas aproximadamente— para llenar el recinto, aplaudir con ganas las intervenciones oficiales y rumorear ante las críticas, dejó en evidencia cuánta cultura de debate falta en la EPE y la carencia de un ente de control, tal como reclamó la Defensoría del Pueblo.
Ese abuso fue menor que el que hicieran los funcionarios de la empresa al usar más de cuatro horas en tediosas exposiciones, para luego permitir al resto de los oradores apenas cinco minutos para expresarse en cada caso. Si el objetivo fue desalentar la participación de los más de 30 inscriptos para debatir el aumento de tarifas cercano al 40 por ciento que pretende la empresa, se logró: más de la mitad de los oradores se retiró sin hablar.
Así, las voces disidentes fueron sensiblemente menores en una audiencia que se evidenció multitudinaria en los registros fotográficos o en la transmisión en vivo por internet que hizo el gobierno.
Hasta que habló el Defensor del Pueblo adjunto, Luciano Leiva, quien destacó que "no parece razonable ni oportuno establecer el aumento propuesto" y consideró que el "acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental para un desarrollo"; sólo había sido pronunciado un discurso crítico.
Quizás el más incisivo terminó siendo el ex diputado opositor (PJ) Mario Lacava, quien desgranó porcentajes para aseverar que la EPE no debe reclamar incrementos. "El aumento del 50 % de la tarifa de luz a partir de abril del corriente año, sumado al 26,9% de suba aplicada desde diciembre de 2015, elevaron las boletas en un 90% acumulado respecto de los valores vigentes para 2015. Si a esto le sumamos el 35% que ahora se pretende, estaríamos en un aumento de la luz del orden del 130% en un año, valor alejado totalmente de cualquier parámetro comparativo de aumentos que se utilice", señaló.
Tan minuciosas fueron las explicaciones oficiales de la empresa que, en algún momento, se explicó hasta el costo de los postes de luz. Información, sin dudas, importante; pero que resultó sobreabundante en ese escenario y sobre todo frente al exiguo tiempo que se le otorgó al resto de los actores de la audiencia pública.
Números. "Los argumentos utilizados por el gobierno para justificar estos aumentos, aparte de la inflación, refieren a que la Nación ha quitado subsidios a la energía y que en consecuencia a la provincia no le queda otro camino que trasladar este aumento a las tarifas de luz que pagamos los santafesinos. Esta simplificación argumental nos obliga a recordar lo que ocurrió en Santa Fe con las tarifas eléctricas en estos últimos años, no sólo para que sepamos la verdad, sino también para exigirle al gobierno provincial que asuma el costo del descongelamiento tarifario y no lo traslade a usuarios, comerciantes, productores e industriales de nuestra provincia como se pretende", destacó Lacava.
En efecto, a diferencia de lo que ocurrió con otras distribuidoras de energía, como Edenor y Edesur, que mantuvieron prácticamente congeladas sus tarifas durante los últimos años —por ejemplo en la ciudad y provincia de Buenos Aires—, la EPE incrementó desde 2008 en más de 12 oportunidades sus tarifas, acumulando durante ese período un incremento cercano al 500% en las boletas.
"Lo inexplicable fue que esta suba recayó sobre todos los componentes de la tarifa eléctrica: la energía, que a la EPE no le aumentaba porque estaba subsidiada; transporte —que algo aumentó— y sobre los costos de distribución, que sí se incrementaron por efecto de la inflación. Entonces, mientras la EPE compraba energía barata subsidiada por el gobierno nacional, nos la vendía a los santafesinos cada vez más cara, o sea sin trasladar el subsidio nacional a los usuarios de Santa Fe, que tuvimos que pagar tarifas sistemáticamente incrementadas", señaló Lacava.
Por parte de la EPE, en tanto, el incremento de tarifas se justificó en los efectos inflacionarios, la suba de los insumos y la necesidad de seguir ampliando el plan de obras de infraestructura, con el objetivo de optimizar el servicio que se le brinda a los santafesinos.
Ahora quedará en manos del gobierno provincial tomar las sugerencias de esta audiencia y resolver qué porcentaje de incremento se trasladará finalmente a las tarifas.
