Una de las clientas advirtió que los dueños de la agencia deben más de 3 millones de dólares y les rechazaron el concurso preventivo de acreedores
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
La Fiscalía quiere recuperar los autos entregados en San Martín al 2600.
Las denuncias sobre estafas en la agencia de autos Rosario Motorsport destaparon un conflicto que fue creciendo y ya excede los límites de la ciudad. "Somos más de 120 personas. Hay gente de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires", afirmó este viernes una de las compradoras damnificadas.
Mariana Lerotich se cuenta entre la gran cantidad de clientes que fueron a cambiar su vehículo o a adquirir uno a San Martín al 2600 y se quedaron con las manos vacías en los últimos meses. Durante un reportaje en LT8 pidió que la Fiscalía Regional Segunda le dé prioridad a la causa penal. En cuanto al perjuicio económico total, señaló: "El monto está rondando los 3 millones de dólares".
En el Juzgado Civil y Comercial 10 de Rosario no hubo buenas noticias para los acreedores desde que el tema tomó estado público. A los dueños de la empresa les rechazaron el pedido para abrir el concurso preventivo y así se cerró una de las puertas principales para tratar de recuperar lo perdido.
Al igual que muchos otros clientes, Lerotich conoció Rosario Motorsport por publicaciones en redes sociales. "La oferta era muy tentadora. Tenía precios mucho más accesibles dentro del mercado. Uno podía entregar su usado, pagar la diferencia y adquirir un vehículo de mejor calidad. Nada de todo esto ocurrió", resumió.
La clienta de la agencia hizo dos transferencias bancarias con la expectativa de recibir otro auto en un plazo de cuatro o seis semanas. El tiempo pasó y la entrega pactada se demoró hasta el 25 de agosto, cuando recibió un mensaje sobre el naufragio financiero de la firma: "Debíamos dirigirnos directamente a un estudio de abogados y no teniamos nada nada que hacer ahí".
"Nos sentimos realmente estafados. Necesitamos que la Justicia actúe con empatía, entendiendo que le puede pasar a cualquiera", dijo la compradora en cuanto a la situación general de los damnificados. El problema principal en esta instancia es que no se abrió el concurso preventivo de acreedores porque el juez Mauro Bonato consideró que la documentación presentada por los empresarios es inconsistente, de modo que no se puede abrir la convocatoria.
Lerotich se refirió a "la angustia y la desesperación por hacer un reclamo fehaciente" ante el incumplimiento de la agencia multimarcas. Pasado casi un mes desde el alerta inicial, sostuvo que "cada vez es más difícil" acercarse a una solución para cobrar la deuda.
Al margen de lo que ocurría en el fuero civil y comercial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo un allanamiento el 27 de agosto a partir de una decena de presentaciones de clientes. La agencia estuvo abierta hasta unos pocos días antes de ese procedimiento. "Los dos sabían perfectamente que no estaban financieramente aptos para seguir con el negocio y aun así lo hicieron", dijo una de las acreedoras en cuanto a los propietarios.
Fuentes oficiales le confirmaron a La Capital que el fiscal Iván Enríquez siguió recibiendo denuncias de estafas y está preparando la citación de los clientes para tomarles declaración. Hasta el momento, ninguno de los dueños de la firma fue imputado.
Uno de los principales problemas en torno al caso es el de las personas que dejaron sus autos en el local como parte de pago. Cuando fueron a buscar sus coches, se enteraron de que los habían vendido sin su autorización.
El MPA decidió tratar de resolver esta cuestión puntual como parte de la investigación. En particular, voceros del organismo indicaron que hay medidas en curso para que algunas víctimas puedan recuperar los vehículos que entregaron en consignación.
Por Lucas Vitantonio
