La imputada trabajaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña y la acusan de haber confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos
Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.
Una partera de 88 años fue imputada por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970.
Una partera de 88 años que trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña fue imputada por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. La acusan de hacer un certificado de nacimiento en el designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo.
La mujer, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida como “Dolly”, quedó además bajo investigación por otros cinco casos. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.
La fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, sostiene que los hechos podrían haberse producido entre 1968 y 1980. La fiscalía federal de Rosario busca determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez impuso medidas de restricción.
El caso que derivó en la imputación se inició con la denuncia presentada el 15 de abril de este año por la mujer que figura en la partida como C.E.M.Q. Según la investigación, durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 pidió un estudio de ADN a quien figuraba como su madre.
El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas. A partir de esa información, la mujer comenzó a reconstruir las circunstancias de su nacimiento y denunció que había sido entregada a la familia que la crió mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera.
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Según la acusación, “Dolly” confeccionó un certificado en el que hizo constar que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de la recién nacida. Con ese documento se realizó posteriormente la inscripción en el Registro Civil. La fiscalía sostiene que la maniobra implicó la utilización de un instrumento público para establecer una filiación falsa y que sus efectos se mantienen hasta la actualidad, ya que la mujer continúa sin conocer su identidad biológica.
Además del caso que originó la denuncia, la fiscalía recibió los testimonios de otras cinco personas que aseguran haber sido víctimas de maniobras similares. Todas plantearon dudas sobre su identidad de origen y señalaron circunstancias relacionadas con entregas de bebés ocurridas durante el período en que la imputada trabajaba en el área de maternidad.
Una de las denunciantes fue criada como hija de la propia partera. Para determinar si existe un vínculo biológico entre ambas, el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz autorizó una extracción compulsiva de ADN de la acusada.
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La medida busca establecer si la mujer inscripta como hija de la partera es efectivamente su hija biológica y podría aportar información para determinar el alcance de la investigación. El juez rechazó además el planteo de la defensa que sostenía que los hechos estaban prescriptos. Consideró que se trata de un delito continuado y que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la verdadera identidad de las personas afectadas.
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