El titular de una empresa constructora rosarina que en 2015 cobró anticipos y firmó contratos para desarrollar un proyecto inmobiliario que nunca prosperó, e incumplió con la entrega de departamentos a por lo menos tres damnificados, fue imputado en libertad por el delito de estafa, según confirmaron desde la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Uno de los proyectos frustrados se iba a levantar en Cerrito al 1100.
El caso por el que ahora quedó comprometido Eduardo Néstor C., dueño de Urbe Construcciones S.A, está relacionado a la denuncia que hizo un hombre de 45 años que en 2015 desembolsó unos 40 mil dólares de una indemnización laboral para poder acceder a la vivienda propia, un monoambiente de 25 metros cuadrados.
El hecho es similar al de las decenas de historias que vinculan a ciudadanos que, con algunos ahorros o cierta disponibilidad económica, ven la oportunidad de una inversión o la alternativa para solucionar el arraigado anhelo del techo propio.
Uno de ellos fue Alejandro A., quien seducido por la propuesta de Urbe, que ofrecía la posibilidad de adquirir un departamento “desde el pozo” en Cerrito 1194, piso 6, unidad E. La propuesta le pareció razonable y formalizó las condiciones con la empresa.
El 1º de diciembre de 2016 firmó un contrato de compraventa donde se establecían los plazos de obra y demás cláusulas, y pagó 495.766 pesos (a cotización del dólar del momento eran unos 31.250 dólares) con varios cheques
Además, abonó cuotas mensuales y consecutivas de entre 7.000 y 8.000 mil pesos hasta mediados de 2018, cuando estaba prevista la entrega del monoambiente. Quien emitía los recibos por esos pagos era una colaboradora del imputado, en una oficina de Pellegrini al 3800.
Sin embargo, el proyecto se demoraba. En 2017 la empresa alegó retrasos en le ejecución de la obra. Pero apelaba a ciertas estrategias para que las maniobras o el verdadero estado patrimonial no quedaran a la vista. Y cada tanto se realizaban reuniones donde se exponían los proyectos, se recorrían los terrenos y se entregaban planes de obra con etapas e inversiones.
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Cuando advirtió que la obra se desvanecía por completo, Alejandro trató infructuosamente de recuperar su dinero, tuvo reuniones con los responsables de la constructora, que le ofrecieron otras locaciones, pero no obtuvo respuestas acordes a su reclamos. Al sentirse estafado, en abril de este año presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde acompañó evidencias.
Emergen damnificados
Tras una serie de medidas que encabezó el fiscal Miguel Moreno, además de Alejandro hubo otros dos damnificados, según se detalló en el acta de la audiencia que se celebró el viernes en la sede de la Unidad de Delitos Económicos del MPA.
Andrés M. fue otro de los estafados por Urbe SA. Suscribió un contrato en mayo de 2015, tras lo cual desembolsó un anticipo de 521 mil pesos como parte de pago de un departamento monoambiente de 21 metros cuadrados en Sánchez de Bustamante 1301. Allí la obra comenzó pero se paralizó y quedó una estructura de dos pisos de ladrillos a la vista sin revoques. Jamás se entregó ese inmueble.
También en abril de 2018 fue engañado Cristian Ramón O., a quien le ofrecieron la folletería, los planos de obra y plazos. El hombre se decidió y aportó en ese momento 390 mil pesos para adquirir un monoambiente de 32 metros cuadrados en el edificio de Sánchez de Bustamante al 1300.
"Falsas representaciones"
Al describir cada uno de los hechos, el fiscal Sebastián Narvaja (en reemplazo de Moreno) detalló que el imputado suscitó “falsas representaciones de la empresa dedicada al rubro inmobiliario y de construcción”. En los tres casos, no entregaron las unidades prometidas, lo cual se tradujo en una estafa lisa y llana.
Al menos en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía ordenó una serie de medidas, entre las que se destacan la inhibición general de los bienes del imputado, se colectó evidencia concreta (documentación, entrevistas, cruce de datos financieros) que le dio sustento a la convocatoria de la audiencia imputativa.
En ese contexto, Narvaja calificó la conducta bajo la figura de “estafa, tres hechos en concurso real, en calidad de autor penalmente responsable”. El ahora imputado afronta el proceso en libertad (no se dispuso medida cautelar), pero la investigación podría sumar más elementos que complicarían su situación.