La Cámara Penal de Rosario ratificó la incompetencia de la justicia local para intervenir en causas por incendios de pastizales en las islas del Paraná. Esa intervención había sido solicitada a mediados de septiembre por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se pidió que se cite a declarar a funcionarios del gobierno de Entre Ríos ante la presunción de hayan incurrido en el delito de incumplimiento de deberes y daños a la salud frente al desastre ambiental que se registraba cuando los focos de incendios llevaban varios meses activos en el humedal.
La Jueza Carina Lurati consideró que se trata de un delito ambiental de competencia federal, en consonancia con la jurisprudencia publicada en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esa forma , la resolución conocida hoy convalidó lo resuelto por el juez de primera instancia Nicolás Foppiani, quien rechazó la pretensión del MPA de convocar a autoridades entrerrianas ante la justicia ordinaria rosarina.
La magistrada también recomendó a las autoridades del MPA que continúen colaborando con la Justicia Federal de Victoria, que tiene a su cargo la investigación de los graves presuntos delitos ambientales interjurisdiccionales de público conocimiento.
A mediados de septiembre, el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, había pedido que se cite a declarar a funcionarios del gobierno de Entre Ríos que podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes y daños a la salud frente al desastre ambiental que se registra en las islas por los incendios en el humedal.
Según trascendió en ese entonces, Schiappa Pietra solicitó a la Oficina de Gestión Judicial lo que técnicamente se denomina "una audiencia de cese de estado antijurídico". El motivo, según fuentes del MPA, es citar a declarar a funcionarios entrerrianos que tendrían la responsabilidad de tomar medidas para evitar la continuación de los perjuicios que estos delitos (los incendios intencionales) puedan estar causando en la población.
El primer revés para esa iniciativa lo aplicó el juez de primera instancia Nicolás Foppiani y ahora la Cámara de Apelaciones ratificó ese fallo.
