Férreo rechazo al recorte de pensiones por discapacidad

Organizaciones sociales, fundaciones solidarias, entidades dedicadas a las tareas de inclusión y familias de personas con discapacidad realizarán mañana una manifestación de rotundo rechazo a los recortes dispuestos recientemente por Nación en el sistema de otorgamiento de pensiones por discapacidad. La marcha de protesta se desarrollará, a las 19, en el Monumento Nacional a la Bandera y también se acercarán importantes referentes políticos y sociales de la ciudad para apoyar el reclamo.

La determinación del gobierno macrista generó un estado de bronca e indignación en la comunidad que recibe estas pensiones, la reacción se multiplicó, y por eso se organizó esta marcha de repudio en un lugar emblemático de la ciudad.

De acuerdo a organizaciones locales, ya se recortaron más 90 mil pensiones en todo el país, y notan que ese mecanismo va en aumento, por lo que la cifra puede trepar a un número mucho mayor.

Asimismo, remarcaron que no hay precisiones sobre estadísticas en la provincia de Santa Fe, ya que son exclusivos de Nación, y no permiten el acceso a esa información.

Vale destacar que el gobierno nacional, a través de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, denunció el "manejo clientelar y corrupto" que el gobierno anterior hizo de estas pensiones durante 12 años, y explicó que ahora están buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de esos beneficios.

El funcionario explicó que "no se trata de bajas, sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico. Y si hay errores, se repararán inmediatamente", dijo.

Paralelamente, el Frente para la Victoria y el socialismo presentaron en el Congreso proyectos para dar marcha atrás con las suspensiones.

Reacciones en contra

"No tenemos dudas de que debe suspenderse la aplicación del decreto 432/97, y tienen que reverse los fundamentos y los procedimientos para dar de baja estas pensiones", señaló ayer Raúl Lamberto, defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe.

En tanto, Daniela León, presidenta del Concejo Municipal, se unió al enérgico repudio. "Acá hay un grave error conceptual y falta de información por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy existen tratados internacionales que tienen rango constitucional en Argentina. El decreto que mencionan (432/97) es de la presidencia de Menem, anterior a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en este país, desde 2014, esa Convención adquirió rango constitucional", exclamó la edila.

León advirtió además que "tras esa convención hubo un cambio de paradigma en la consideración de las personas con discapacidad, que parte de los derechos humanos. Y considerar gasto un derecho inalienable, es un error gravísimo".

"Mucha gente se entera cuando va a cobrar y nos llama llorando. Esto es realmente preocupante porque, sin la pensión, tampoco tienen acceso a la obra social que cubre los tratamientos", contó María, de la agrupación Locas de Amor, que trabaja con madres de niños con Síndrome de Down.

El polémico programa

Por su parte, el gobierno nacional resaltó que cada caso controversial será atendido en sus oficinas de todo el país, y repitió los criterios que se utilizan para esta quita:

—Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o cosanguíneo obligado, perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.

—Quienes tengan un bien a su nombre, como un auto, independientemente de que sea indispensable para garantizar su movilidad.

—Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos.

criticada. Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación.

"El gobierno hizo todo al revés"

El subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia, Maximiliano Marc, también se mostró tajante. "El gobierno nacional hizo todo al revés. Decidió cortar las pensiones y hablar de irregularidades, en lugar de pedir los datos a todos los beneficiarios y comprobar si hubo inconvenientes o abusos. Vamos a solicitar la derogación del decreto 432, de 1997", comentó Marc. En ese sentido, recomendó que las personas perjudicadas por esta determinación, "deben concurrir a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en San Lorenzo al 1000, pedir la reactivación de la pensión y ver qué respuesta le dan".