Por Claudio González
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) del Ministerio Público de la Acusación funciona en el Centro de Justicia Penal.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) del Ministerio Público de la Acusación de Rosario cometió y mantuvo durante varios días un grave error al hacer público en su portal web abierto los nombres completos de dos personas víctimas de abuso sexual, que figuran en una audiencia de trámite. “Colisiona con derechos fundamentales”, alertaron desde el área de Infancias de la Municipalidad sobre la vulneración de los derechos de las víctimas.
El yerro no solo vulnera el derecho de las víctimas a preservar su identidad, sobre todo en delitos sexuales, sino que revictimiza y las pone en estado de vulnerabilidad.
La publicación se realizó en http://www.ogjrosario.com.ar/agendarosario, un espacio de consulta público que visitan diariamente los abogados, defensores, fiscales, jueces y periodistas. Incluso acusados y personas ligadas a distintos legajos penales.
La grilla que contiene datos básicos de la causa, con el nombre completo de los imputados, el delito o encuadre legal, hora y tipo de audiencia (juicio, imputativa, revisión de medidas cautelares), sala, juez, fiscal, defensor.
La Capital consulta periódicamente esa cronograma. Pero llamó atención que desde la semana y durante varios días, apareció publicada la revisión de medida cautelar contra I.E.A, un imputado de “delitos contra la integridad sexual simple”, y debajo y entre paréntesis el nombre completo de las dos víctimas.
La audiencia se desarrolló el jueves pasado y, según se pudo reconstruir de fuentes judiciales, se trata de un caso de 2019 donde se investigó un abuso sexual con acceso carnal contra dos personas, una de ellas menor de edad al momento de los hechos, y la otra mayor.
El motivo de trámite era sobre la frecuencia de la firmas que debe cumplir el acusado (una medida de control), mientras espera la fecha de juicio en libertad. El abordaje de los casos de abuso sexual, ante las características de acciones que atentan contra la integridad de las personas, tiene un tratamiento especial; se evitan dar detalles, precisiones y, como requisito elemental, nunca se hacen públicos los nombres propios.
Pero lo que agrega gravedad al asunto es que en esta circunstancia es el mismo Estado, a través de la OGJ, el que revictimiza al publicar las identidades, tomando la tarea de carga de datos de un expediente como un mero trámite de rigor, cuando en realidad hay una serie de recomendaciones porque se trata de personas, más aún marcadas por historias complejas.
Si bien quienes transitan el Centro de Justicia Penal (CJP), espacio donde se desarrollan las audiencias, están acostumbrados a ciertos desajustes de la OGJ, nunca se había llegado a semejante desatino.
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No es nuevo que cada tanto se escuchen quejas en plena audiencia de fiscales, defensores públicos o abogados por suspensiones, demoras, superposición de horarios.
En la estructura judicial, la OGJ tiene un rol operativo y organizativo, que articula con los Colegios de Jueces de Primera y Segunda Instancia. La oficina está a cargo de Juan Pablo Beltramone, quien al ser consultado por este diario (el mismo día de la audiencia) admitió el grave error y ordenó quitar los nombres de la grilla.
Desde la dirección de Infancias y Familias de la Municipalidad repudiaron la situación y la calificaron de “barbaridad”. Sonia Colacelli, directora del organismo advirtió que los operadores de la oficina “no tiene perspectiva y tampoco están entrecruzados por la problemática de los abusos y las violencias”.
“Trabajan por el algoritmo y completan campos cuando reciben el legajo judicial. Es todo un problema que se presenta en espacios técnicos. Pero eso colisiona con derechos fundamentales”, alertó la funcionaria.
Si bien valoró que el nuevo sistema penal tiene aspectos positivos, “cuando lo operativo se cruza con problemáticas territoriales, surgen estas cuestiones. Es una barbaridad, porque a quienes estamos en contacto con estas situaciones nunca se nos ocurriría visualizar los nombres de las víctimas”.
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Y si bien aportó que en la mayoría de las audiencias de delitos sexuales se respeta el anonimato, “habría que ajustar un criterio rector para la carga de información en la grilla, tal vez haya dar una indicación expresa como protocolo de actuación de la OGJ o la autoridad que corresponda, de no poner el nombre de las víctimas de delitos contra la integridad sexual”.
Por su parte, la doctora en Psicología especialista en problemáticas del abuso sexual contra niños y niñas, Bettina Calvi, también integrante de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas) que preside el ex juez federal Carlos Rozanski, aportó su mirada sobre prácticas enquistadas en estamentos oficiales.
“Esta situación es algo general, porque cualquier práctica que no sea respetuosa y vulnere algún derecho de las víctimas resulta una acción que tiene efecto revictimizante para las mismas, y mucho más aún cuando proviene de quien debe protegerlas”.