Una colaboradora de la banda de Los Monos y la viuda de un zar del juego de Rafaela seguirán detenidas por una serie de extorsiones al dueño de la agencia de loterías El Califa, con varias sucursales en Rosario, quien sufrió amenazas, balaceras e incendios a los negocios. De la trama, según la investigación fiscal, participaron otros allegados a la organización y el condenado como jefe, Ariel “Guille” Cantero. A esa saga, una de ellas sumó una acusación por estafar a un anciano que vivía en un geriátrico con la compraventa de una casa de Funes.
Una de las acusadas es Mariana Ortigala, quien fuera asistente del narco Esteban Alvarado y se distanció de él tras sobrevivir a un atentado de sicarios con más de 30 balazos en marzo de 2020. Declaró contra el empresario en el juicio provincial en su contra y contó que se acercó a Los Monos en busca de protección. La otra es Lorena Córdoba, detenida en 2023 en el Hotel Faena de Buenos Aires en 2023. Es la viuda de David Perona, el zar del juego clandestino de Rafaela, quien falleció en 2021. Las dos habían sido imputadas en septiembre de 2023 junto a siete personas —Cantero entre ellas— por la trama de extorsiones al dueño de la agencia de loterías El Califa, quien sufrió amenazas, balaceras e incendios en algunos locales.
Los fiscales Juliana González y Federico Rébola solicitaron este miércoles en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal que las acusadas permanezcan bajo arresto preventivo, medida que fue autorizada por la jueza María Trinidad Chiabrera. Al vencerse el plazo máximo de arresto previo al juicio, la magistrada dispuso una prórroga extraordinaria de la detención de ambas acusadas por un año más, hasta el 11 de septiembre de 2026.
En nombre de Los Monos
El asedio al dueño de El Califa comenzó cuando Ortigala y su marido, Rodolfo Felipe, según denunció el empresario, lo confrontaron en un gimnasio para exigirle dinero en nombre de “la mafia”. Cristian Q., dueño de la agencia, planteó que el matrimonio y Lorena Córdoba fueron quienes se contactaron con él para exigir dinero con el argumento de que así, pagando, podía desarrollar sus negocios habituales.
Puntualmente, Felipe abordó a Q. en el gimnasio y le dijo: “Me manda la mafia y tenés que pagar 1,5 millón de dólares. Si no lo hacés te vamos a denunciar a la Afip, entre otras cosas”, a lo que el empresario le contestó que “era un gil, que lo iba a meter preso y que no sabía con quién se metía”.
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En febrero de 2022 Lorena Córdoba, según la Fiscalía, llegó a una sucursal de la agencia en Avellaneda y Pellegrini y le preguntó a la encargada si allí estaba Cristian Q. “Él me conoce y me debe plata”, le dijo, y dejó un número de teléfono celular para que el dueño la contactara. Era una línea de Ortigala. La gira con pedidos similares incluyó a otras sucursales.
A partir de ese momento se registraron una serie de atentados, tiroteos e incendios a los locales de El Califa de Mendoza y Valparaíso; Provincias Unidas al 2200 y en Baigorria al 2100. El más traumático fue un tiroteo a la casa de Q. en la zona residencial del barrio La Florida. A partir de 2023 hubo una nueva secuencia con intervención de otros acusados cercanos a Los Monos —algunos de ellos presos— que se sumaron a las acciones extorsivas.
Estafa en el geriátrico
En ese marco, las mujeres fueron imputadas por el delito de extorsión, al que Ortigala sumó la tenencia ilegal de dos armas halladas en un allanamiento a su casa del barrio Funes Town, falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Esto último, debido a una maniobra que le imputaron el 21 de agosto del año pasado por haber defraudado al dueño de la casa de Alberdi al 1400 de Funes en la que ella vivió tras ser víctima del atentado a tiros y antes de ser detenida.
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Se trata de un chalet que pertenecía a un hombre mayor al que la mujer, según la pesquisa, iba a visitar día por medio a un geriátrico junto a su marido. Había logrado convencerlo de que le pagaría 250 mil dólares por la venta del inmueble y el hombre llegó a firmar un boleto de compra venta en abril de 2020 donde constaba la entrega de 2.200.200 pesos que nunca fueron abonados.
Al año se firmó una falsa escritura. Tras el fallecimiento de dueño, sus herederos recibieron llamados amenazantes para que dieran marcha atrás con la denuncia de la maniobra.
Lorena Córdoba, además, fue imputada en mayo del año pasado por intimidaciones concretadas a través de la aplicación Telegram a una persona de la zona de San Lorenzo. En septiembre de 2022 le exigieron el pago semanal de 50 mil pesos, bajo amenazas relacionados con su familia. La víctima abonó 200 mil pesos y sumó otros pagos por transferencia a la cuenta de la mujer, además de entregar una camioneta Ford Ranger por la que firmó un boleto de venta.
