"Es una situación intolerable", con este argumento el Ministerio de Educación de la provincia resolvió el viernes pasado abrir un sumario a un profesor de dibujo que, en un intento por pedir silencio en su clase, arrojó un borrador a sus alumnos. El episodio terminó con un estudiante de segundo año con un hematoma en la frente y el docente alejado de su cargo, pero además abrió el debate sobre las herramientas con que cuentan las instituciones educativas para reducir la conflictividad y mejorar la convivencia escolar.
Uno de esos instrumentos, la ley de convivencia escolar, logró después de varios intentos ser aprobada en la Cámara de Diputados provincial hace casi dos años, pero la norma aún espera ser tratada en el Senado de Santa Fe. "Sin dudas es una herramienta exitosa, que hemos probado en nuestra gestión", advirtió la diputada provincial Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) y ex ministra de Educación, cuando los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz estuvieron al frente de la Casa Gris.
La norma tiene como objetivo "promover la convivencia, la pluralidad y la participación democrática de todas las personas involucradas en las instituciones educativas, a los fines de garantizar el derecho a una educación integral, y a la protección de todos los derechos que asisten a niños, niñas, adolescentes y jóvenes".
La iniciativa obliga a todas las escuelas a contar con un Consejo de Convivencia Escolar, un espacio "democrático, plural, abierto a toda la comunidad educativa y representativo de las distintas personas que la componen". El mismo estaría integrado por docentes y estudiantes por cada nivel educativo, elegidos por sus pares, y también por familias, padres, madres o adultos responsables; equipo directivo; asistentes escolares; cooperadora escolar; tutores; personal administrativo; auxiliares de docencia y equipos de apoyo escolar.
A nivel nacional, existe una ley de "Promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas", que va camino a cumplir once años, y son varias las provincias que tienen una legislación propia. La ley de convivencia escolar de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se sancionó en 2015; la de la provincia de Córdoba cuenta con una ley contra el bullying de dos años antes.
En la Legislatura santafesina se sucedieron varias propuestas para lograr una ley que aporte herramientas para reducir la conflictividad dentro de las aulas. En 2011, el diputado provincial Mario Lacava (PJ) impulsó un proyecto de ley de convivencia escolar. Cinco años después, fue la diputada provincial Claudia Giaccone (PJ) quien ingresó una iniciativa en la que trabajaron los equipos directivos del Instituto Zona Oeste de Rosario.
Finalmente, en septiembre de 2022, la Cámara baja santafesina avaló la propuesta de la diputada Balagué. La norma fue aprobada por amplia mayoría, a excepción de los integrantes del bloque Vida y Familia. Sin embargo, la norma aún no fue tratada en el Senado. En el entorno de la diputada confían en que pueda tener tratamiento durante el actual periodo ordinario.
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Una escuela democrática
"Lo que proponemos con la ley para la convivencia escolar es extender a todas las escuelas (desde el nivel inicial al secundario y de gestión pública y privada) los consejos de convivencia escolar que actualmente solo funcionan en algunos establecimientos", explicó Balagué y consideró que estos organismos demostraron ser exitosos en la resolución de conflictos que tienen a la escuela como escenario, sean entre pares o entre docentes y alumnos.
Se trata de profundizar la participación y la democracia en las escuelas ya que son organismos que están integrados por todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa, elegidos por el voto de sus pares.
A partir de estos consejos, advirtió la diputada, se busca abordar todas las situaciones de violencia que se pueden dar en la escuela, incluso las malas relaciones interpersonales que si no son abordadas a tiempo pueden derivar en conflictos violentos. También fenómenos "que se han ido agudizando e impactan en la vida escolar, como el crecimiento en la circulación de armas, las balaceras, los consumos problemáticos o la ludopatía, problemáticas que están afectando a los adolescentes y son detectadas principalmente por los docentes en las escuelas".
Guía de orientaciones
Además de la creación de consejos de convivencia, el proyecto incorpora una "Guía de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar".
De acuerdo a la propuesta, "las situaciones problemáticas y los conflictos forman parte de la vida, y ponen dinamismo a las relaciones humanas. El conflicto, en consecuencia, es un emergente natural en las relaciones humanas que se dan en las escuelas".
Después detalla casos específicos de actuación ante casos de situaciones de violencia; conflictos en redes sociales, discriminación u hostigamiento por orientación sexual o identidad de género; maltrato infantil; situaciones de violencia de género en el noviazgo; trata de personas; extravío de personas; intento de suicidio o bien casos de suicidio; sospecha o presencia de armas en la escuela así como la relación con los medios de comunicación y el tratamiento de la información.
"Lo ideal es prevenir el mayor número de conflictos posibles. El diálogo y, en especial, la escucha activa previenen violencia en los conflictos. Es importante hacer una distinción entre niños, niñas y jóvenes en el abordaje constructivo de conflictos", detalla. La idea central es que tanto en los niveles iniciales como en la secundaria "se debe buscar que aprendan por sí mismos a superar situaciones problemáticas y conflictos y promover la reflexión para el cuidado de cada uno y de todos, ayudando a sus compañeros y compañeras".
