El policlínicoPami I quedó al borde del cierre preventivo este jueves al quedarse sin suministro del gas por cuestiones edilicias de vieja data. Después de idas y vueltas, que contaron con manifestaciones de empleados y gremios en la calle, las autoridades resolvieron garantizar el funcionamiento y atención mediante la instalación de termotanques eléctricos.
Litoral Gas solicitó realizar una nueva instalación de la red de gas natural, al tiempo que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) autorizó una capacidad operativa para el equivalente a 50 artefactos eléctricos. Desde el efector público aseguran que "con cinco termotanques" es suficiente.
Según pudo saber La Capital, los inconvenientes se detectaron el domingo a partir de una denuncia anónima realizada a Litoral Gas por un presunto fuerte olor a gas en el ingreso al efector ubicado en Sarmiento al 300.
Sin embargo, cuando llegó la cuadrilla de la empresa no encontró fugas del fluido en ningún lugar del edificio, pero sí notó que la válvula cerrada. Según explicaron desde la empresa a este medio, esa maniobra sólo puede realizarla personal autorizado por la empresa.
Es por eso que sospechan de un trabajo clandestino puertas adentro y realizado sin la supervisión correspondiente de Litoral Gas, por eso colocaron un cepo para impedir que se siga haciendo un trabajo clandestino, a la espera de que se realice una nueva obra provista con los planos correspondientes.
Pami I, entre el cierre y la instalación de termotanques
A las 48 horas posteriores a esa inspección, según las fuentes consultadas, desde la casa central de Buenos Aires ordenaron el desalojo de pacientes y personal del policlínico Pami I al aducir que la instalación eléctrica "no cumplía con los requisitos" correspondientes para la instalación de termotanques, puesto que la caldera del lugar está en desuso hace al menos dos décadas.
Por medio de un informe avalado, personal de mantenimiento del lugar aseguró que "se pueden instalar" termotanques de manera provisoria durante el lapso que perdure la obra de red de gas natural y que esa capacidad les permitía colocar hasta 50 unidades.
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Sin embargo, este jueves, precisamente a las 8, un llamado de Capital Federal ordenó evacuar el policlínico al aducir que los pacientes allí internados corrían riesgo y, por tal motivo, sugerían comenzar a derivar afiliados hacia los diferentes sanatorios privados con los que Pami trabaja por fuera de los edificios de Sarmiento al 300 y Olivé al 1100, en la zona norte de Rosario (Pami II).
Desde Litoral Gas afirmaron que la cuadrilla encontró al llegar la válvula cerrada, lo cual deja en evidencia que hubo trabajos que se realizaron sin la debida autorización. Es por eso que pusieron un cepo para impedir que se siga haciendo un trabajo clandestino.
Temor al cierre
En medio de esos rumores de cierre que envuelven la atmósfera del policlínico desde hace años producto de la falta de inversiones, trabajadores, integrantes de los gremios que allí tienen representación (ATE, UTI, UPCN, Norte, Sutepa y Uthera) salieron a la calle para repudiar, hasta la tarde de este jueves, la decisión de casa central de cerrar el nosocomio hasta nuevo aviso.
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Y después de tantas idas y vueltas, llamados frenéticos y tensas negociaciones, desde Pami le solicitaron garantías a la directora Stella Maris In'Aebnit, y a la administradora, Graciela Ravarotto —dos profesionales de carrera—, para el normal funcionamiento del lugar a partir de la instalación de esos cinco termotanques eléctricos para poder abastecer de agua caliente.
Atención garantizada en Pami I
"La atención está garantizada", aseguraron a La Capital desde Pami I mientras avanzaban en la compra de los artefactos, aunque también buscaban la posibilidad de alguna donación.
A la fecha, el nosocomio funciona con un presupuesto de 2023 lo cual se traduce en carencia de insumos hospitalarios y fondos para infraestructura. "Hace 40 años que en este lugar no se coloca ni un azulejo", apuntaron.
En ese contexto también mencionaron los cerca de 800 trabajadores precarizados, que son monotributistas y que velan por contratos que se renuevan cada tres meses cuando, previo al gobierno de Javier Milei, tenían una extensión anual.