La caída de Vicentín fue tan estrepitosa como enigmática. El grupo agroexportador, uno de los líderes dentro del sector más expansivo de la economía nacional, con exportaciones superiores a los 4 mi millones de dólares, suspendió sus pagos el 5 de diciembre pasado por "estrés financiero". Aunque recién después se supo con certeza, debía casi 1.400 millones de dólares a cerca de 2 mil acreedores, entre productores, acopiadores, proveedores y entidades financieras, con el Banco Nación a la cabeza.
La firma venía de cuatro de años de gran expansión, que se expresaba en el volumen de su operación, en la diversificación hacia otros negocios del sector agroalimentario y en la presencia política e institucional. De relación estrecha con el ex presidente Mauricio Macri, que dejaría el cargo días después de la suspensión de pagos, los referentes de la empresa familiar con sede en Avellaneda dominaban instituciones claves, como la Bolsa de Comercio de Rosario. Desde esas instancias, intervenían públicamente con un elevado perfil en la disputa política nacional y provincial.
Pese a que el mercado granario venía agitado por importantes default de empresas de gran predicamento en el mundo de los agronegocios, y a que también había rumores sobre la posibilidad de pagar la gran cantidad de granos que Vicentín había tomado para pagarlos más adelante, el anuncio de su estrés financiero fue un baldazo de agua fría. Los pagadioses no son eventos raros en el negocio agrícola, la magnitud involucrada en este traspié registra pocos antecedentes históricos.
Luego se supo, a través del informe que elaboró el director del Banco Nación Claudio Lozano, que si bien la firma operaba desde hace años con la prefinanciación de exportaciones de la entidad oficial, el volumen de esa operatoria se elevó sustancialmente duplicó en los últimos cuatro años. La deuda con el banco es de más de $ 18 mil millones, unos u$s 310 millones. El estudio del economista, que fue tomado por la comisión investigadora que se constituyó en la Legislatura provincial, puso bajo la lupa la puesta la excesiva concentración del riesgo crediticio por parte del entonces presidente del banco, Javier González Fraga y las irregularidades en el proceso de autorización de créditos a Vicentín, entre otras cosas.
Lozano, uno de los fogoneros de la expropiación de la cerealera, explicó en su momento que en agosto de 2019, el mes de las Paso, Vicentín había dejado de pagar al Banco Nación y que en noviembre, poco antes de la suspensión de pagos a acreedores, la entidad le dio otro crédito por u$s 60 millones.
Casi 45 días transcurrieron entre el anuncio de la cesación de pagos y la presentación de la primera propuesta de pago a los acreedores, que incluía un mix de adelantos en el contado, quitas, financiación y precios especiales para comprar los granos a los acreedores comerciales. Vicentín tiene una capacidad de molienda propia de soja y girasol de 16 mil toneladas diarias. Sus plantas en San Lorenzo y Ricardone están prácticamente paralizadada, más allá de algunos trabajos a fason.
El 7 de febrero entró a los tribunales el primer pedido de quiebra y el 10, el grupo pidió el concurso de acreedores ante el juzgado civil y comercial número dos de Reconquista. El juez Fabián Lorenzini abrió la convocatoria el 7 de marzo pasado. La deuda concursal des de u$s 1.400 millones, con 1.895 acreedores. A los "comerciales", es decir productores, acopiadores, cooperativas y otros proveedores de insumos, les debe unos $ 25.700 millones. A 37 entidades financieras les debe casi $ 64.000 millones. El mayor acreedor financiero es el Nación. Muy de lejos le sigue el Bapro. También figuran entre los acreedores bancos internacionales como el Rabobank. El concurso involucra también a cerca de 600 proveedores de servicios, 19 acreedores fiscales y casi un centenar de acreedores accionistas y préstamos impagos a sociedades vinculadas. El 46 por ciento de los acreedores está en Santa Fe.
En el medio del proceso, la empresa traspasó la mayor parte su tenencia accionaria en Renova, la empresa que produce biodiesel en San Lorenzo y harina y aceite en Timbúes, a su socia Glencore. En las últimas semanas, distintos grupos empresarios mostraron oficialmente o través de trascendidos, su interés por quedarse con la agroexportadora.
La semana pasada, un grupo de dirigentes políticos y del sector agropecuario pidieron al presidente que transformara Vicentín en una empresa pública no estatal.
El decreto busca preservar el patrimonio
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva la firma del presidente Alberto Fernández establece “la intervención transitoria” de la empresa Vicentin por un plazo de 60 días, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.
En los considerando del DNU recordaron que Vicentin se encontraba en el sexto puesto de empresas exportadoras con 8,4 millones de toneladas de productos, equivalentes al 9% del volumen total enviado al exterior “en un mercado particularmente concentrado como el de granos y aceites”.
También advierte que se encuentran en riesgo “no sólo 2.195 puestos de trabajo de la indsutria aceitera, sino también mil de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversores y 2.057 de la planta frigorífica”.
Renova
El presidente Alberto Fernández señaló que no existieron conversaciones previas con la empresa Glencore de cara a la decisión de intervenir la firma cerealera Vicentin. La multinacional Glencore es socia de Vicentin en las plantas Renova, . “Esto es para rescatar a una empresa que en los tiempos que se vienen, va a tener un rol preponderante dentro de la economía mundial”, dijo.
