Sonia tiene 49 años y está a cargo de un hijo de 11 con quien vive en una casa alquilada desde hace tres años. Atravesó allí, en el marco del primer contrato, atrasos en los arreglos que correspondían a los propietarios, humedades y filtraciones, se hizo cargo de deudas pendientes. Sacó un crédito de Ansés y pensó en poder hacer frente a los gastos de un cambio de vivienda, pero ante la derogación de la ley de alquileres, la falta de ofertas en el radio escolar de su hijo, los precios que le pedían, muy por encima de sus ingresos, además de los montos que necesitaba para hacer frente a un inicio de contrato y mudanza, la obligaron a renovar en el mismo inmueble, aun a sabiendas que no sería en las mejores condiciones habitacionales. "Es una realidad distópica la que estamos viviendo", dijo Sonia a La Capital, con la sensación de indefensión que atraviesan por estos días la mayoría de los inquilinos que ya no sólo no tienen casa propia.
Aumentos del 300 por ciento, prórrogas por apenas tres meses, ofertas en dólares, indexaciones trimestrales, índices de actualización incomprensibles inquilinos que vuelven a pagar expensas extraordinarias -bajo la última ley sólo pagaban las ordinarias- e incluso, se hacen cargo de impuestos completos como tasa general de inmuebles (TGI) y API. La total intemperie ante la inexistencia de una normativa que los proteja.
Las organizaciones que nuclean a quienes se encuentran en esta situación vienen alertando desde la firma del decreto presidencial que derogó la ley de alquileres la "extrema gravedad" de la situación que atraviesan quienes deben afrontar nuevos contratos o renovaciones. O incluso el escenario de incertidumbre en el que viven quienes deben comenzar negociaciones para dentro de unos meses. "Es la ley de la selva", alertaron y así tal cual lo describen quienes deben dar la pelea.
En ese escenario, está semana los damnificados por este tipo de situaciones que consideran "abusivas" se reunieron en una nueva asamblea en el centro cultural La Toma (Tucumán 1349), que fue convocada por la Asociación Inquilinos Agrupados, que es parte de la Federación de Inquilinos de la provincia, que se declaró en estado de alerta y movilización y anticipó que participará activamente del paro general del miércoles próximo.
“Tenemos que estar en la calle, para hacer escuchar nuestra voz, exigiendo a los diputados y senadores nacionales que rechacen el decreto nacional y la Ley Ómnibus en el Congreso, y también para que puedan avanzar en el Poder Judicial los recursos de amparo que declaren su inconstitucionalidad”, dijo el referente de la asociación, Sebastián Artola.
La selva
Sofía M.D. pasó de pagar 40 mil pesos a 150 mil pesos por un departamento de un dormitorio, además deberá hacerse cargo en adelante de la TGI y además hará frente a una actualización cuatrimestral de acuerdo al Índice de Contrato de Locación (ICL). El acuerdo llegó tras semanas eternas de incertidumbre y pese a que el precio de evitar una mudanza es casi cuadruplicar el precio de lo que venía pagando y aceptar esas condiciones, la joven siente cierto alivio.
"Mi contrato se vencía en enero de este año, yo intenté adelantarme en octubre y saber a través de la inmobiliaria si la dueña quería renovar por otros tres años", cuenta la joven que es monotributista y que buscaba estabilidad y que se negó a aceptar una prórroga de un año, que fue lo primero que le ofrecieron.
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Sin embargo, señala que desde el lunes siguiente al balottage en el que entonces presidente electo Javier Milei el primer anuncio que hizo fue la derogación de la ley de alquileres, "todo fue un caos".
"Yo necesitaba tener cierta certeza no sólo de lo que iba a pasar, sino de cuánto me iban a pedir por el alquiler. Después, a mediados de diciembre, vino la derogación de la ley y yo no tenía la menor idea de cuál sería el nuevo monto. Recién la semana pasada me hicieron la propuesta: un contrato de 24 y no de 36 meses, con ajuste trimestral, 160 mil pesos, y pago de TGI". relata la joven, que logró negociar algunas condiciones para continuar.
Los relatos constatados por este diario y los que llegan a las asociaciones de inquilinos son incontables. "Tuve que ir a la inmobiliaria. De 90 mil a 230 mil me aumentaron el alquiler, por seis meses y las expensas ordinarias y extraordinarias las vuelvo a pagar yo, mientras que antes era solo las extraordinarias. La verdad muy triste todo", se lee en un mensaje recibido.
Al límite
Más dramática es la situación de una familia a quienes les exigen un aumento de 70 mil a 300 mil pesos, un monto que afirman les resulta "imposible" de afrontar porque además deben sumarle 9 mil pesos de gastos administrativos, 360 mil pesos de comisión inmobiliaria, 75.600 pesos de IVA y más de 34 mil pesos por la póliza de incendios, lo que los obliga a desembolsar de una sola vez cerca de 800 mil pesos de una sola vez.
Y más aún se agrava el escenario con la situación de salud de su hijo que sufre una parálisis cerebral, lo que los pone al límite de sus posibilidades y los enfrenta al miedo a que los echen la vivienda.
Las ofertas en dólares también ya aparecieron en el mercado. De hecho, por un departamento de primer piso por escalera, en la zona de Corrientes e Ituzangó, de un dormitorio, el costo que requerido por la inmobiliaria fue de 180 dólares. Al igual que otro de similares características por el que solicitaron 200 dólares.
Noemí también pudo hacer la renovación en enero de la casa de un dormitorio donde vive con su pareja en barrio Las Heras, en zona sur. "Logramos renovar por 150 mil pesos" cuenta la mujer a la que le exigieron tres garantes, además de su recibo de sueldo y el su conviviente, y una garantía propietaria. "Todo eso para sólo un año", se queja, a sabiendas que además en tres meses, le actualizarán el monto.
Quienes tienen vencimientos por delante, incluso dentro de varios meses, no salen de la incertidumbre. "Pregunto, pero no me dicen nada, no tengo la menor idea de en qué condiciones me voy a encontrar ni con qué montos me van a salir", dice Fanny, empleada, que además no deja de señalar que la situación, a ella como a muchos, la afecta la salud. "La gente se enferma por estas cosas, yo me broto, está la salud mental de la gente en juego y en medio de todo esto, los medicamentos también aumentan. Todo se hace muy difícil", dice.
Respuestas concretas ni horizonte de tenerlas, por ahora, no hay. Mientras tanto, la derogación de la que fuera la última ley de alquileres sigue vigente, por lo cual rige la ley de oferta y demanda, lo que para las grandes mayorías sin vivienda propia no es más que "la ley del sálvese quien pueda".
