Un 20 por ciento de la población de Rosario, más de 200 mil personas, recibe asistencia alimentaria del Estado en un contexto en el que no soló crecen los casos de Covid sino también la inflación, y es elevado el índice de desempleo (el aglomerado tiene el segundo nivel más alto de desocupación en el país con el 13,6 por ciento, por encima del 11 a nivel nacional, según el Indec). Canalizada a través de mil organizaciones sociales, entre comedores comunitarios, merenderos y copas de leche, la demanda se mantiene y tiende a crecer a pesar de que la zona es una de las más ricas de la Argentina.
Las últimas mediciones oficiales registraron 134.173 hogares pobres en el Gran Rosario, lo que involucra a 506.419 personas. De ese universo, 26.611 hogares y 98.008 vecinos están en situación de indigencia.
El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, Nicolás Gianelloni, convalidó que “la demanda de alimentos es alta y sostenida la ayuda de parte del Estado”. De hecho, el 40 por ciento del presupuesto de su área se destina a políticas alimentarias canalizadas por distintas vías, aunque desde febrero se estructura fundamentalmente en el Plan de Fortalecimiento Alimentario. De este programa, previsto para el primer semestre de 2021, participan el municipio, la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Alimentos Rosario (BAR) y el Concejo Municipal.
Se estima que por cada una de las mil instituciones que reciben ayuda para comprar comida, son 200 los beneficiarios, lo que multiplica la cifra a 200 mil. Este cálculo coincide con los guarismos que maneja el BAR, de 1.022 entidades y 236.561 personas asistidas respectivamente. Además, el Banco trabaja con 315 organizaciones miembros, a las que les entrega víveres recuperados.
Con un estimado a 2018 de 995.497 habitantes en Rosario (la cifra exacta y actualizada se desconoce porque el año pasado no se pudo realizar el censo nacional), la conclusión es que el 20 por ciento de la población necesita ayuda oficial para poder comer. Estas proporciones coinciden con lo que sucede a nivel federal: el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, admitió hace pocos días que el Estado asiste a unas diez millones de personas con dificultades alimentarias y que se aumentaron las partidas para cubrir las necesidades surgidas de la pandemia de coronavirus y ante el aumento de los precios.
Qué pasa en los barrios
Romina Cefarelli tiene 36 años y desde hace cinco participa del Movimiento Solidario de Rosario (MSR), con una década de trayectoria en la ciudad. La joven cuenta que la organización nació para asistir a personas en situación de calle y que en 2020 debió redefinirse a causa de la pandemia. Dejaron de hacer recorridas y empezaron a anotar a comedores y merenderos de todos los barrios y localidades aledañas que los llamaban para pedirles insumos porque no daban abasto. “Los vecinos habían quedado aislados, no podía salir a trabajar, a hacer sus trabajos eventuales. Luego empezó a complicarse la cuestión de los casos”, recuerda Cefarelli y puntualiza que la demanda creció el doble entre 2019 y 2020.
Hoy el MSR tiene 60 voluntarios trabajando para llegar a barrios como Cristalería, Tiro Suizo, Cabín 9 y Gráfico y a localidades cercanas como Villa Constitución y Capitán Bermúdez. “Les llevamos los productos, ellos cocinan y los vecinos retiran las viandas. Algunos espacios hacen hasta 800 raciones por día”, explica la representante del Movimiento, que recibe donaciones de particulares y fondos de la provincia. “Lamentablemente hay mucha demanda, estamos atravesando una crisis fuerte porque el trabajo no termina de activarse. Los comedores y las ollas populares reciben gente a diario”, advierte Cefarelli. Y aclara: “Las necesidades son múltiples, no solo alimentarias”.
Mirta Barrios cuenta desde Ludueña que en las últimas tres semanas acuden todos los días al centro comunitario San Cayetano, de Gorriti 6086, entre tres y cuatro nuevas familias a anotarse. “Para nosotros es imposible porque la mercadería aumenta mucho y el monto del cheque es el mismo. No podemos darles de comer mal a los que están viniendo, no podemos darles todos los días guiso porque no es nutritivo”, plantea la mujer de 57 años, que se define como una de las 220 mamás colaboradoras del comedor.
Barrios detalla que preparan 580 raciones diarias con fondos que reciben del Estado en sus distintos niveles. Las reparten de lunes a viernes, junto con una merienda reforzada. Las decisiones sobre lo que se cocina se toman en asambleas mensuales y derivan en menús variados: desde milanesas, pollo al horno, guisos y fideos con tuco a hamburguesas con puré.
“La necesidad se ve. A la gente que viene y le decimos que no la podemos incorporar, algo de mercadería igual le damos. Ahora le vamos a mandar una nota a Cáritas a ver si nos aumentan (el cupo)”, cerró Barrios. El centro San Cayetano es una comunidad eclesial de base que fue fundada hace 39 años por maestros que asistían desde la Iglesia Perpetuo Socorro, en zona norte, a la escuela del cura Edgardo Montaldo. Cuatro décadas después el espacio sigue vigente y requerido, sobre todo a la luz de la crisis que la pandemia agrava.
Situación social crítica
Actualmente 1,5 millones de familias cuentan con la Tarjeta Alimentar, una política social que a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en articulación con las provincias otorga seis mil pesos por mes a aquellas familias con un niño o niña menor de seis años y nueve mil a aquellas con dos o más. El monto tuvo un aumento del 50 por ciento en 2021. Sin embargo, no alcanza.
La Tarjeta se implementa desde hace 15 meses y para analizar su impacto esta martes el ministro Daniel Arroyo se reunió con especialistas en el Centro Cultural Kirchner de CABA. El encuentro fue a su vez transmitido por YouTube. En ese marco surgió un dato del Instituto de Investigación, Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que señala que el 22 por ciento de los hogares que recibió esta ayuda se vio, de todos modos, obligado a reducir la cantidad de comidas diarias de los niños y niñas, mientras que ese número se elevó a 36 por ciento en las familias del mismo estrato social que no accedieron al beneficio.
