El 2 de diciembre pasado, mientras los estudiantes de quinto año del secundario del colegio celebraban la ceremonia de entrega de medallas y diplomas, un directivo impidió la participación al joven de 18 años amparándose en un artículo del vetusto reglamento de conducta de la institución, que indica que no se permiten "cortes extravagantes".
El joven, que sólo llevaba el pelo algo corto a los costados, no era el único con ese tipo de peinado que iba a formar parte del acto, pero si fue el único que fue expulsado del mismo, por lo que sus padres consideraron que hubo un trato discriminatorio. A partir de allí mantuvieron dos reuniones con las autoridades del colegio, pero nunca llegaron a un acuerdo: según Gisela y Norberto, el rector Teodoro Amici se negó a pedir disculpas por el exabrupto y los maltrató repetidamente de forma verbal.
Abuso de autoridad
En consecuencia, iniciaron acciones en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ante la cartera de Educación santafesina, que tomó intervención desde la semana pasada y dio la razón a los padres: "Hubo abuso de autoridad y discriminación por parte de la institución", calificó el supervisor general de Escuelas Privadas de la provincia, Fernando Acosta
En primer lugar, relató Acosta, las autoridades ministeriales se pusieron en contacto con la escuela: "Solicitamos que aclaren la situación y los instamos a abrir un canal de diálogo con la familia para que haya un pedido de disculpas, porque el chico y los padres pasaron un mal momento que no tiene marcha atrás", relató Acosta. Pero la escuela desobedeció la recomendación y se negó a rectificarse, lo que a ojos del funcionario "configura un agravante".
Ahora, el colegio será sancionado por el ministerio. "Estas cuestiones necesitan una revisión muy seria. El puntapié inicial es el apercibimiento, "que es un llamado de atención muy fuerte, que queda en el legajo y no es cómoda para la institución, porque le representa tener a un supervisor metido un año adentro trabajando y mirándola de cerca".
El mismo consiste en "elaborar un acuerdo sobre normas de convivencia para el año que viene entre todos los actores de la escuela, incluso los alumnos, de una manera democrática, abierta y respetando los derechos que no están tenidos en cuenta en este código, que es caduco y fuera de lo actual", definió el jefe de los supervisores privados.
Según el registro de escuelas privadas del ministerio, el San Martín percibe subsidios estatales por la totalidad del salario del 80 por ciento de su planta docente, lo que se denomina "cargos incorporados".
"Son establecimientos de gestión privada, pero la normativa con la que se tiene que manejar es la misma que los públicos, la reglamentación 181. Todos responden a Educación, que es el que acredita los títulos. Tienen que estar encuadradas, cada uno no puede hacer lo que se le antoje", señaló el funcionario de la cartera educativa.
Sin embargo, por el momento la institución no será sancionada económicamente. "Para llegar a eso se tiene que dar una serie de trámites administrativos con descargos, pero nosotros más allá de lo económico lo que queremos trabajar es hacia adentro de la escuela con normas de convivencia, porque esto nos está demostrando que no hay un diálogo horizontal y necesario para llevar una institución adelante", aclaró Acosta.
Nicolás Maggi
Especial para La Capital