Los bajos ingresos expulsan a profesionales del sector y se rompen vínculos fundamentales con personas con discapacidad
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
El sistema que brinda atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una crisis profunda. La falta de actualización de los aranceles que paga el Estado a instituciones, transportistas y profesionales deja al borde del colapso a un sector esencial para garantizar derechos básicos.
Mientras en el Congreso avanza una ley de emergencia que busca dar respuesta, desde el gobierno nacional ya anticiparon que podría ser vetada por razones fiscales. En este contexto, trabajadores, familias y referentes del área se organizan para visibilizar una situación que afecta directamente la calidad de vida de miles de personas en todo el país.
Julieta Cola, referente de Apridis (Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad), advirtió que la situación es crítica: los aranceles están congelados desde diciembre del año pasado, mientras que los costos operativos y salariales no paran de subir. El reclamo se inscribe en una movilización nacional que ya obtuvo
“Hoy el valor mensual que se paga por una jornada de cuatro horas ronda los 368.000 pesos por joven. Eso equivale a 4.000 pesos la hora, y con eso tenemos que garantizar transporte, desayuno, almuerzo, el salario de un acompañante terapéutico, y mucho más”, explicó en una entrevista con Carlito y Monumento, el programa informativo de la grilla de Brindis TV.
Según detalló, muchos servicios ya no pueden cubrir los traslados ni pagar los salarios en tiempo y forma, lo que afecta la continuidad de los tratamientos. “Estamos hablando de personas que requieren una atención integral y diaria. No podemos pensar en ajustar ahí”, remarcó.
Julieta puso el foco en lo que implica, en términos terapéuticos, una jornada en un centro de día: “Salir de la casa ya es terapéutico. Desde el momento en que alguien lo va a buscar, empieza el proceso: saludás, compartís el viaje, escuchás música, saludás al compañero. Hay algo del vínculo, de la socialización, del salir del aislamiento que ya forma parte del tratamiento”.
Una vez en el centro, continúan las actividades grupales, los espacios de contención emocional y los talleres que favorecen la autonomía. “No es solo el rato que están acá, es todo lo que implica sostener ese día a día”, subrayó.
“Esto no es solo un trabajo, es una vocación”, agregó. Pero aclaró que muchos profesionales del sector ya no pueden sostener la tarea: “No llegan a fin de mes, se van. Y eso también es un golpe para las familias y para los chicos, que pierden vínculos y procesos construidos durante años”.
El reclamo se inscribe en una movilización más amplia que reúne a trabajadores, familias, instituciones y profesionales. En este contexto, el Congreso debate la ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados y que propone actualizar los valores del Nomenclador para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, desde el gobierno nacional anticiparon que, si se aprueba en el Senado, podría ser vetada, con el argumento de que afecta el objetivo de déficit cero. El impacto fiscal estimado oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
“Nos dicen que no hay plata, pero lo que está en juego es mucho más que un número. Son trayectorias, vínculos, derechos básicos. Muchos compañeros ya no pueden sostener este trabajo, que también es una vocación. Y eso afecta directamente a los chicos y a sus familias”, señaló.
Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley si se aprueba en el Senado, Julieta fue contundente: “Si eso pasa, vamos a seguir saliendo a la calle. Esto no es un privilegio, es un derecho. Y cada vez somos más los que lo vamos a seguir defendiendo”.
En Rosario, la última concentración frente a la plaza San Martín reunió a una gran cantidad de personas del sector, sin distinción de roles. “Nos vamos a seguir organizando. Porque cada día que pasa sin respuestas, hay personas que se quedan afuera del sistema”, concluyó.
