"Estoy perdiendo la salud mental, no aguanto más", lamentó indignada Fabiana Rijo, una madre rosarina, cansada de los desplantes de una obra social. Ocurre que uno de sus hijos padece una discapacidad y no puede continuar con su rutina diaria por falta de transporte, rehabilitación y acompañamiento terapeutico correspondientes ante le deuda que aducen los prestadores de parte de la prestadora de salud estatal, aunque no sería la única que estaría atravesando estos inconvenientes enel ámbito de la discapacidad. Según deslizó una profesional consultada por La Capital, esta obra social en cuestión "es la que mejor paga" entre otras empresas de renombre, a pesar de un arancel desactualizado y abonado fuera de término.
Qué ocurre con las prestaciones en discapacidad
"Es muy grave lo que está pasando, estoy perdiendo la salud mental, no aguanto más. Tengo una situación muy compleja con mi hijo Guido (padece síndrome de Sotos, una patología asociada al espectro autista) porque se está quedando sin acompañamiento terapéutico, transporte y terapia de rehabilitación porque Iapos acarrea deudas desde noviembre con los prestadores", aseguró la mujer en declaraciones a La Capital respecto al drama que debe afrontar.
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"Guido tiene un problema de estructura ósea muy grave y una de las terapias que requiere su tratamiento es la equinoterapia, que hace desde que era muy pequeño para evitar que su columna se desvíe, además de reforzar todo lo que su musculatura. Y gracias a eso como la musicoterapia, también mejoró su calidad de vida", precisó Fabiana.
En ese sentido, reforzó: "Todas esas terapias que tiene una persona con discapacidad tienen un objetivo, que es brindar calidad de vida. Y eso es puntualmente lo que a Guido le dio todo este conjunto de terapias".
Discapacidad: por una calidad de vida
Para poner de manifiesto los beneficios que implica este tipo de terapias, Fabiana reveló que "sólo por el hecho de ir a un centro de día, Guido encontró una veta musical e hizo que hoy por hoy sea percusionista dentro de una orquesta. Y eso también lo dan los apoyos terapéuticos".
No obstante, la mujer aclaró que esta situación ocurre además con otros afiliados y también con otras empresas de medicina prepaga en el ámbito de las personas que padecen alguna discapacidad.
La protesta contra la quita del befenicio para personas con discapacidad se realizó en la Terminal.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
En ese marco, Fabiana se preguntó: "Imaginate que, de repente, una persona que adquirió un montón de herramientas de descarga o de expresión, ¿cómo se continúa o es echar para atrás un montón de cosas que se adquirieron durante mucho tiempo? En el caso puntual de Guido, que no tiene un lenguaje oralizado, claro y lo expresa a través de la música, a través del deporte, si eso le falta es como que su mundo de simbolización se le derrumba y es muy triste para él como para todos".
Y remarcó: "Hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que hoy por hoy está siendo desoída, lamentablemente".
Profesionales en estado crítico
Rocío Zárate Fratamico es una acompañante terapéutica, una profesional de la salud que padece estos avatares de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en todas sus aristas y la prestación en discapacidad no es la excepción.
"Soy prestadora de Iapos desde hace tiempo y de otras empresas de medicina prepaga. Lo que ocurre es que una cosa es ser prestadora con reintegro (es decir que el afiliado abona una suma de antemano) y otra muy diferente es esperar el reintegro total de la prestación. Eso acarrea una demora superior a los tres meses en la actualidad, lo cual conlleva a una situación de malestar tanto de nosotros como de las familias de los pacientes, que no comprenden que somos profesionales de la salud muy relegados en nuestros aranceles y por eso nos vemos obligados a tener que pensar en dejar de brindar la prestación", explicó.
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En ese contexto analizó: "La situación es muy crítica porque, lamentablemente, todos tenemos que seguir viviendo mes a mes y la falta de ingresos se traduce en una deuda con punitorios incluidos a la hora de pagar el alquiler, no tener dinero para transporte cuando vamos a trabajar o los servicios de emergencia que contratamos propio del ámbito de la salud en el cual nos desempeñamos".
En eso agregó los gastos que acarrea además cumplir con pago del monotributo y el impuesto de Ingresos Brutos al día para que arroje la constancia de cumplimiento fiscal correspondiente a la hora de brindar la prestación, sin contar con el servicio de emergencias domiciliario con el que debe contar y a eso se suma los gastos de pasaje de transporte en concepto de viáticos.
Deuda millonaria y aranceles desactualizados
"Es toda una demanda también de parte de las familias, porque se ponen mal porque obviamente vos no podés cumplir con los días y sus requisitos porque al haber demora en el pago de las prestaciones no llego a cubrir los gastos básicos, que hacen un número considerable", lamentó Rocío, al precisar que la deuda que ostenta con esta obra social supera el "millón de pesos".
No obstante, la profesional aseguró que al momento de cobrar ese honorario con meses de atraso y una inflación del 3,7 por ciento en marzo y un arancel por hora valuado desde diciembre pasado en 7.399 pesos hace que al momento de percibirlo se reduzca a cero, prácticamente, por el ritmo de la inflación actual.
El vocero Manuel Adorni mostró la radiografía de un perro con la que se solicitó una pensión no contributiva por discapacidad.
"Seguimos sin tener aumentos desde diciembre, tanto con Iapos como con todas las obras sociales, de modo que cuando nos toque cobrar ese dinero ya no tendrá valor", lamentó para rescatar que Iapos "es la que mejor paga" dentro del panorama desolador, puesto que otras empresas de medicina prepaga no superan los 4 mil pesos la hora de prestación.
Discapacidad: qué dicen desde Apridis
"Es realmente muy triste que se tenga que bajar la calidad de la prestación o reducir recursos humanos cuando la población requiere de esas necesidades para atender la demanda en este ámbito, a partir de las deudas que las obras sociales o prepagas mantienen con los prestadores de salud, ya sea transportistas, centros de día, kinesiólogos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y tantos otros", apuntó en declaraciones a La Capital, la titular de la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero.
En ese sentido, explicó que a pesar de que las familias y los prestadores presentan la documentación en tiempo y forma, suelen haber grandes demoras y desfasaje entre las autorizaciones de los trabajos y la facturación de los mismos. "Eso hace que los trabajos presentados en enero, por ejemplo, recién son facturados en abril", detalló.
Asimimo, dijo que la decisión que tomaron las obras sociales ante estas demoras es interrumpir la prestación hasta contar con la autorización en mano. "Esto significa que un niño o niña esté cuatro meses sin la atención, lo cual implica una posición ética del profesional de continuar con el tratamiento pese al desfasaje en la facturación, puesto que hay una prestación que avala una prestación correspondiente sin interrupciones", indicó.
Devaluación, el orto factor clave
Chapero aclaró que otro de los factores que contribuyeron a esta situación delicada entre las obras sociales y los prestadores es la devaluación ocurrida sobre finales del 2023. "Esto implica que se haya acumulado un retraso en relación al índice de inflación, que es enorme. Y si a eso le sumamos que hace siete meses que la Andis no se reúne y sólo autorizó a un aumento del 0,05% en los últimos cinco meses, hace que aquellos reintegros no lleguen ni a la mitad del equivalente a un arancel", repasó.
Ley de emergencia en discapacidad
El próximo 23 de abril, la comisión de Presupuesto del Congreso nacional tratará la normativa. Para tal fin, desde Apridis explicaron que trabajan para "poder visibilizar la importancia" de la aprobación de esta reglamentación.
"Esta ley no solamente dispone de condiciones para las auditorías de pensiones no contributivas sino que establece aumentos para personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos (cobran actualmente $24 mil a cambio de 20 horas semanales). También implica la actualización del arancel, desactualizado desde diciembre pasado, y el acompañamiento para todos aquellos prestadores que tienen deudas en cargas sociales e impuestos", agregó respecto al proyecto presentado por el diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.
