Detectan desmanejos contables en la Regional VI de Educación

Luego de una auditoría en la Región VI del Ministerio de Educación santafesino estalló un escándalo que aún no dimensiona las consecuencias: 9 empleados públicos fueron intimados a que en 30 días corridos expliquen el faltante de 7,4 millones de pesos de las arcas públicas. Los agentes sospechados deberán presentar la rendición de cuentas correspondiente o bien cubrir el faltante.

Las irregularidades fueron investigadas en la administración de fondos de la Regional VI. Allí puso la lupa la cartera educativa santafesina y ordenó una auditoría en la Coordinación de Gestión Financiera y Presupuestaria.

Como resultado de la misma, la cartera educativa intimó a 9 empleados públicos responsables de administración de los fondos de esa delegación regional a explicar la falta de comprobantes de pago de 7,4 millones de pesos.

Concretamente, el Ministerio de Educación de Santa Fe realizó una auditoría en la Coordinación de Gestión Financiera sobre la rendición de 65,7 millones de pesos. En el monitoreo constató la existencia de comprobantes que justifican pagos por 56.609.868 pesos, pero detectó la falta de comprobantes de 7.393.465 pesos y un saldo en la cuenta de 1.697.333 pesos.

Además, se constató el incumplimiento de la responsabilidad que les asigna la ley 12.510 de administración, eficiencia y control del Estado, que exige mantener actualizadas en tiempo real las registraciones en sus libros Cargo, Caja, Banco con su correspondientes conciliaciones bancarias.

Como consecuencia, el Ministerio de Educación intimó a 9 agentes de esa repartición a que en el plazo de 30 días corridos presenten las rendiciones correspondientes de la totalidad de los fondos o realicen la devolución respectiva del dinero girado y no justificado con comprobantes.

Durante el periodo de actuación de los auditores se suspendió la remisión de fondos a la regional y las actuaciones administrativas se resolvieron desde la Administración General de Educación en Santa Fe.

Al cumplimiento del plazo establecido, Educación continuará con las actuaciones legales correspondientes. Esto significará que expirado el plazo, la cartera educativa debe confeccionar un expediente y elevar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que efectivice el reclamo a cada uno de los responsables. Por el momento no se abrieron sumarios administrativos, ya que rige aún el plazo de 30 días corridos.

Desde la cartera aclararon que el personal político y autoridades “no tienen firma” para cheques, y sólo avalan las rendiciones del personal del área de Coordinación de Gestión Administrativa de la regional.

El origen

Lo que dio origen a la revisión de cuentas fue la licencia por enfermedad y la posterior jubilación de la habilitada pagadora.

Durante este periodo, otros empleados de planta tomaron funciones de habilitado pagador. Es por ello que hay 9 personas “bajo la lupa”: la encargada de la coordinación, el habilitado, la persona jubilada y otros empleados que tenían firma de chequeras. “

“Había que cubrir la tarea de la señora que se jubilaba y se habilitaron firmas”, explicó una fuente acreditada.

También ante esta situación el personal que luego tomó la carga administrativa solicitó hacer un corte para repasar lo actuado.

Más allá de los mecanismos de control, como la Sindicatura General de la provincia con sus procedimientos de rutina, corresponde un acta de traspaso, arqueo de fondos, es decir actas que en este caso no se hicieron.

Altas fuentes consultadas en la Casa Gris indicaron que el mismo personal administrativo solicitó la intervención al departamento de auditoría interna que depende de la Dirección General de Administración, para que tome cartas en el asunto.

El monitoreo comenzó en septiembre pasado y tomó desde el 31 de diciembre de 2018 hacia atrás. “El tema es que el lapso no está determinado justamente por lo que se encontró mucho desorden y caos en el manejo contable y la rendición de comprobantes”, destacó una calificada fuente del ministerio a La Capital.

Tan es así, que el auditor con sede en la capital provincial tuvo que viajar varias veces hasta Rosario.

Se fueron dando plazos de formalización de papeles y en forma preventiva a los agentes se les suspendió la potestad de nuevas transferencias de fondos, para restringir sus tareas exclusivamente a la rendición de lo anterior.

Meses de labor

El proceso tuvo varios meses de monitoreo constante y finalizó el pasado 31 de marzo con las conclusiones del auditor.

Allí se determinó que hay un saldo pendiente de 65 millones de pesos, de los cuales 58 millones tienen comprobantes que no habían sido formalizados y una cuenta bancaria con 1,6 millón que resultó acreditable.

“Muchas debilidades”

Según detalles a los que accedió La Capital, el auditor que redactó el informe sobre los manejos de fondos en la Región VI detectó muchas “debilidades”. Aparecieron demasiados agentes firmando cheques, ausencia de registros contables y libros contables. No había libro de bancos, registro de los cargos de los fondos que se reciben del nivel central y los registros de los cargos de las partidas estaban desactualizados. Tras la intervención, foliaron varios libros y los presentaron al Tribunal de Cuentas. “El informe habla de mucha debilidad, desorden, poco apego a los controles, demasiada gente manejando chequeras y cheques librados sin registrar”, dijo la fuente. A nivel administrativo se gira dinero a las escuelas, becas estudiantiles, obras menores, embargos, depósitos judiciales y algunos pagos de servicios de mantenimiento.