Casas es un pequeño pueblo de apenas 500 habitantes, en el sur de la provincia, a unos 120 kilómetros de Rosario. Allí encontró la muerte Verónica Soule, víctima de un ataque feminicida el 17 de marzo del año pasado, falleció después de agonizar una semana en el Hospital Provincial, donde ingresó con el 88 por ciento del cuerpo quemado. Verónica tenía dos hijos. Carolina Ruiz Velázquez vivía en Reconquista, tenía 19 años, era madre de una hija, estaba embarazada y fue asesinada de una cuchillada por la espalda el 15 de junio del año pasado. Micaela Ledesma fue asesinada por encargo de su ex pareja, desde el interior de la cárcel de Piñero, cuatro días antes de que termine el 2020. La joven recibió cinco tiros en la puerta de su casa y su hija Melody, de tres años, uno.
Desde marzo del año pasado, cuando la pandemia de Covid cambió la vida de todos, hasta este jueves en la provincia se cometieron 30 femicidios, de acuerdo al relevamiento que realiza la organización Mumalá. Sólo en lo que va del año, en el territorio santafesino se produjeron seis femicidios directos, palabras que designan la muerte violenta de mujeres, niñas, adolescentes o adultas perpetrada por razones asociadas a su género.
Además hubo un travesticidio, el de Sofía Noriega (30 años) por el cual detuvieron a su novio y un femicidio vinculado, el de Dominic Melgarrejo (tres años), muerta por los golpes que le asestó la pareja de su mamá.
En esos 20 meses de distanciamiento y exceso de uso de alcohol en gel, también 45 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres y su principal sostén afectivo. Y en varios casos, las familias de las víctimas tuvieron que entablar una batalla legal para que la Justicia les otorgara la tenencia de las y los menores, a cargo de la familia paterna.
La mitad de las mujeres asesinadas en lo que va del año en la provincia tenían hijas o hijos a cargo, 9 menores quedaron sin madre, de acuerdo al informe que releva los casos de femicidios, femicidios vinculados, trans-travesticidios y lesbicidios, en base al análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, a través de buscadores y sistemas de alertas y del seguimiento de organizaciones y portales especializados en género, feminismo y Derechos Humanos.
Desamparados
Eva Domínguez se puso al frente de la agrupación Familiares atravesados por el femicidio después de la muerte de su cuñada, Vanesa Celma. La joven tenía 27 años, un niño de cinco y estaba embarazada de ocho meses. Falleció después de estar cuatro meses internada en el área de quemados del Hospital Clemente Alvarez, en los cuales tuvo por cesárea a su segunda hija. Once años después, todavía sigue pidiendo justicia.
"Cuando ocurre un femicidio, las niñas y niños que quedan huérfanos están completamente desamparados, sin ningún tipo de asistencia", advierte la mujer, que considera que mejorar la situación de esos menores "es una gran demanda que tenemos hoy".
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Domínguez habla de cada caso en singular y repasa la lucha que tuvieron que hacer algunas familias "para que las hijas e hijos de las víctimas no vayan a vivir con los familiares del femicida". Por eso, afirma, los menores no sólo necesitan una compañía psicológica para acompañarlos a procesar el trauma sino también asistencia legal.
"Muchos niñas y niños quedan muy desvalidos, especialmente este año por las violencias extremas que se han sucedido. Los chicos quedaron solos en un momento económico muy malo y sin asistencia psicológica, social ni legal", remarca.
Una normativa reparadora
En julio de 2018 se sancionó la Ley Brisa, que establece una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios. Es un reconocimiento económico a niños, niñas y adolescentes, menores de 21 años, equivalente a una jubilación mínima (29.061 pesos, en diciembre) desde el mes de la muerte de su progenitora.
La norma lleva el nombre de una niña que, junto a sus dos hermanos mellizos, quedó a cargo de sus abuelos después de que su mamá, Daiana Barrionuevo, fuera asesinada a golpes por su expareja y padre de los chicos, Iván Adalberto Rodríguez, en diciembre de 2014, en la localidad bonaerense de Moreno. El padre de Daiana tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda económica para poder criar a sus nietos.
Sin embargo, tramitarla en la Ansés requiere de una gestión engorrosa. Por ejemplo, para iniciar el trámite se necesita que los familiares a cargo tengan la guarda de los menores y que la causa judicial tenga sentencia o que al menos el procesamiento del imputado se encuentre firme. La mayoría de las veces, estos plazos son demasiado largos.
Por eso, resume Domínguez, resulta fundamental centrar la mirada en los hijos y hijas de las víctimas de violencia. "Creo que la situación de esos chicos es una gran demanda que tenemos hoy", concluye.
Este informe fue producido por Tomás Barrandeguy (datos), Juan Escobar (infografía), Carina Bazzoni y Eugenia Langone (redacción).
