Denuncian penalmente a los "socios ocultos" de la quiebra de Le Rondini

La ex dueña de la quebrada agencia de turismo Le Rondini se presentará mañana en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para solicitar formalmente la reapertura de la causa penal contra los "socios ocultos" que tuvo la firma. Esto se sustenta en la reciente resolución surgida de un expediente civil y de la sindicatura del proceso, que determinó que la llevaron a una quiebra "fraudulenta por confusión patrimonial".

El fin de semana La Capital publicó la historia de quebranto de la emblemática agencia turística rosarina que funcionó durante más casi 30 años en peatonal Córdoba 1280.

Ya en cesación de pagos, en 2017 se decretó la quiebra del negocio, que se hizo extensiva a su original dueña, Adriana Todisco. Sin embargo, el síndico del proceso detectó maniobras de vaciamiento de la firma por parte de profesionales que en 2015 se habían sumado a la sociedad con el pretexto de inyectarle fondos.

Según los balances y pericias de la sindicatura asentados en la quiebra que tramitó el juez civil y comercial, Pedro Boasso, se habrían desviado más de 6 millones de pesos, además del desapoderamiento sospechoso de inmuebles de Todisco, adquiridos a un precio ostensiblemente menor al de mercado, entre otras irregularidades.

Con esos elementos, el juez extendió la quiebra a los "socios ocultos", un grupo de profesionales encabezados por Claudio A.B, agente bursátil; Norvald B. y Raúl A., un contador que supo tener Le Rondini y acercó a los nuevos socios a la empresa, que firmaron un "acuerdo de entendimiento" en 2015 avalado por la escribana Alejandra C.

Luego de evaluar las irregularidades de la conformación de esa sociedad y el desvío de fondos no asentados en los balances, entre otras circunstancias, Boasso decretó hace pocos días la "quiebra fraudulenta" de la que habría sido víctima Todisco y su fallecido marido, Enrique Curridor.

Por eso, Todisco solicitará la reapertura de la investigación penal ante el MPA por defraudación, instancia que se sustenta en "nuevas pruebas" que acreditan la autoría del delito de estafa que se reunieron en el proceso de la quiebra, no sólo en perjuicio de Le Rondini SRL, sino también de la mujer por el desapoderamiento de inmuebles de su propiedad.

Ese legajo penal Nº 21-06795400-6 está en manos del fiscal David Carizza, quien tras una primera denuncia de Todisco contra los sospechosos de las maniobras fraudulentas la desestimó por "atipicidad de delitos" y la archivó. Aclaró que podría reabrirse si surgían hechos nuevos "tras investigarse a los socios ocultos" de la quiebra.

Los abogados de Todisco en el expediente civil de la quiebra presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la sala II de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, ya que en un fallo reciente se detectaron "importantes irregularidades y arbitrariedades que afectan las garantías constitucionales, como el derecho de propiedad". Es que en el marco de la quiebra, el juez Civil y Comercial Nº 3, Ezequiel Zavale, decretó la nulidad de la compra del local de Le Rondini de calle Córdoba 1280 en favor de Claudio B., uno de los socios de la liquidada agencia, pero la Cámara Civil revocó esa decisión, lo cual mantiene la operación como válida.

Sin embargo, el tribunal de segunda instancia integrado por Gerardo Muñoz, Milagros Lotti y Oscar Pucinelli avaló que el local de la peatonal, valuado en más de 1.300.000 dólares, fuera comprado por Claudio A.B. en menos del diez por ciento de su valuación (130.730 dólares), prescindiendo de la particular situación de inferioridad en que se hallaba Todisco al momento de la celebración del acto.

Es más, se señala que la ex titular de la agencia fue asesorada por los propios profesionales de confianza del comprador, pruebas que constan en el expediente y que "fueran absolutamente ignoradas por los camaristas", argumentan los letrados.