La Casa Gris trendrá más tiempo para apelar el fallo previsional ante la Corte nacional

El gobierno santafesino tendrá más tiempo para apelar ante la Corte Suprema de la Nación el reciente fallo del máximo tribunal de Justicia de la provincia que consideró inconstitucional el tope jubilatorio de la reforma previsional.

A través de la Fiscalía de Estado, el Ejecutivo presentó un recurso de revocatoria para que sea la propia Corte santafesina la que lo deje sin efecto y otro de “aclaratoria” sobre sus efectos.

Como comenzaban a correr los plazos para acudir al alto tribunal de la Nación con un recurso extraordinario federal, la Casa Gris pidió que esos términos queden suspendidos hasta que la Corte de la provincia siente posición respecto de los otros planteos. La medida fue suscripta por el presidente del tribunal supremo santafesino, Rafael Gutiérrez.

El detonante

Días atrás, la Corte de Santa Fe se había expresado sobre la legitimidad de dos puntos de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial que arrastraba un fuerte componente político. Por un lado, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones y, por otro, validó los aportes solidarios.

En los dos pronunciamientos estuvo la definición clave del ministro Roberto Falistocco, quien se inclinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

En el primer caso formó mayoría con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza y, en el segundo, con Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

La estrategia jurídica del Ejecutivo la definieron la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Asimismo, el gobierno había solicitado que cuatro ministros de la Corte provincial, casualmente los que votaron en contra del tope jubilatorio, se aparten de las causas vinculadas a la reforma por considerar que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del alto tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la ley.

La mayoría de los casos que judicializaron la ley son exmagistrados o camaristas que solicitaron que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones.