Gasistas matriculados locales y de varios puntos de Argentina se reunirán este viernes en Rosario para debatir sobre sus competencias y normativas dispuestas por el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que ordenó crear la figura del “instalador social” que, advierten, genera “competencia desleal”. Pero además, analizarán la problemática de la falta de gas en las escuelas, donde alertan que se hacen conexiones o arreglos negligentes sobre obras millonarias que luego derivan en un desperfecto y eventual corte del servicio.
Con más de 100 invitados, la Asociación de Gasistas de Argentina con sede en Rosario, realizará mañana un encuentro para tratar el impacto de las resoluciones 293/21, 453/21, 219/22 y 220/22 emitidas por el Enargas, como temas inherentes a la actividad, además de la problemática de la interrupción del servicio de gas en las escuelas.
Según advirtieron los organizadores, el ente dispuso crear la figura del “instalador social”, que sería un “intermediario con la distribuidora de gas para hacer las instalaciones internas y trabajos en domicilios particulares, tarea que actualmente hacen los gasistas matriculados”.
Pero a ese tema se agrega una problemática local y regional: la infraestructura en las instalaciones de gas en las escuelas públicas, lo que desembocó en junio en la interrupción del servicio a unas 300 instituciones escolares.
Evaluación, obras y control para "no correr de atrás"
Los gasistas entienden que hay problemas de infraestructura y de gestión del control de las instalaciones. “Se debe realizar un plan a largo plazo. En su momento propusimos al Ministerio de Educación hacer un chequeo de las escuelas barrio por barrio para llegar antes, hacer la inversión y no correr de atrás cuando el problema ya está”, recalcó el gasista, docente y capacitador Jorge Cribb.
El profesional sugirió también llevar un registro de intervenciones técnicas en escuelas o hospitales sujetos a obra pública. “Debe haber un libro de actas sobre intervenciones. No puede ser que la provincia invierta entre 300 mil y 2 millones de pesos y después corten el gas porque alguna persona allegada a la institución alteró la instalación o perforó un caño para instalar una estufa o cocina”.
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En ese sentido, Cribb expresó que el problema de gas en las escuelas se emparenta a “la falta de inversión que no se hizo en su momento”, pero también “con las instalaciones irregulares sin criterio ni control. No puede ser que una cooperadora autorice un arreglo sin hacer la consulta previa con el ministerio. Después hay problemas por una negligencia sobre una obra donde ya se invirtió”.
Capacitar a la comunidad educativa
Además, alertó sobre la complejidad del servicio de gas. “Cuando se conecta un artefacto hay que hacer cálculos, ventilación, espacios. No es caprichoso cumplir con el reglamento, también el usuario debe tener responsabilidad. Sería bueno que el Ministerio de Educación instruya al personal docente, directivos y alumnos para que tomen conciencia de que manipular la instalación en forma negligente es perjudicial y puede generar accidentes”, explicó Cribb, docente y formador profesional de gasistas matriculados.
Desde la asociación de gasistas también alertaron que la mayoría de los cortes del servicio de gas en las escuelas se dio por pérdida en el nicho exterior. “Las inspecciones de Litoral Gas están bien porque buscan evitar accidentes, pero los operarios de la empresa ingresan al establecimiento, y ese trabajo no les corresponde, lo debe hacer un gasista matriculado”, indicó Javier Cerigioni, vocal de la entidad.
“Los inspectores, que son técnicos y no gasistas matriculados, no tienen facultad para revisar la instalación interior, pero lo hacen porque los autorizan los directivos. La verificación interna solamente es potestad de un gasista matriculado. Está bien que lo hagan por seguridad, como la inspección ocular de la cañería en una obra nueva, para el final de obra o por falta de pago, pero no están habilitados para revisar las instalaciones internas”, insistió Cerigioni.
"Competencia desleal"
Uno de los temas centrales del encuentro de gasistas de todo el país será el tratamiento de las resoluciones del Enargas que, entre otras cuestiones, crea una Base Unificada Nacional de Instaladores Matriculados de la República Argentina con dos nuevas categorías: montador de instalaciones de gas domiciliario y auxiliar en instalaciones de gas. También se estable que las licenciatarias pueden ofrecer a los particulares esos gasistas más el financiamiento de la obra de instalación.
Para los profesionales gasistas, las normativa tiene algunas zonas grises que merecen su tratamiento, que se dará en el encuentro de mañana, a partir de las 18.30, en la sede de Riccheri 260.
“La licenciataria les da a esos «instaladores sociales», que tendrían una capacitación mínima, la potestad de hacer colocaciones internas en viviendas, pero además tendrían la prioridad para hacer los controles periódicos. Es contraproducente y va en perjuicio de los gasistas independientes”, remarcó Cerigioni.
Distribución y traslado, no instalación
Y recordó que el marco regulatorio de las empresas que brindan el servicio de gas es claro. “Las normativa dice que debe hacer la distribución y traslado del gas, pero no se autoriza a las licenciatarias a realizar obras internas en los domicilios particulares”, recalcó Cerigioni.
Por otra parte, según plantearon los gasistas, las asociaciones y entidades que firmaron el acuerdo con el Enargas, “no tendrían representatividad ni legitimidad jurídica, y se trataría de “un grupo chico” de gasistas. El tema es que esas normativas facultan a la distribuidora a contratar a esos instaladores y cañistas, y vender la ejecución al particular y hasta un seguro por accidente y responsabilidad civil”.
“Se está buscando de a poco eliminar la independencia del gasista matriculado. El gasista o “instalador social” sería un intermediario con la distribuidora de gas para hacer las instalaciones internas y trabajos en los domicilios particulares, que actualmente los hacen los gasistas matriculados. Eso hace que entremos en una competencia desleal”, alertaron.
Como la normativa también contempla el financiamiento de las obras, según los matriculados, “la distribuidora financiaría con mayor espalda esas las instalaciones, y a su vez le brindaría un seguro por accidentes en la vivienda. Nos parece demasiado, deberían ser los bancos las entidades financieras, porque las firmas después terminarían acordando con unas pocas empresas y gasistas matriculados, y la gran mayoría del instalador gasista quedaría sin posibilidades de acceder a esos trabajos”.
Para el encuentro de mañana, que ya tiene un centenar de inscriptos, confirmaron su presencia gasistas independientes locales y de la zona, dirigentes de asociaciones locales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Mendoza, y entre Entre Ríos, entre otros. También asistirán directivos de centros de formación profesional y docentes del área relacionada.
