Conflicto en el puerto: los trabajadores llevaron su reclamo a la sede de Gobernación

Bajo la lluvia, cientos de trabajadores del puerto de Rosario reclamaron, junto a sus familias, una solución al conflicto laboral planteado por la concesionaria Terminal Puerto Rosario al avanzar con despidos y descuentos de salarios. La resolución, señalaron los obreros y obreras reunidas frente a la sede local de Gobernación, está en manos del gobernador Omar Perotti.

“El gobierno provincial debe abandonar su pasividad frente a la extorsión que le plantea del grupo Vicentin”, señaló el secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (Supa), César Aybar.

Las trabajadoras del puerto el reclamo se hizo sentir durante una marcha totalmente pacífica que se realizó a media mañana desde 27 de febrero y Circunvalación hasta la sede local de la Gobernación.

Rocío y Rocío, las dos con el mismo nombre, forman parte de esa generación de trabajadoras que se incorporaron recientemente a un segmento del mercado laboral que antes estaba reservado a los hombres. Son madres de familia y, luego de dos años de contratadas, están bancando la parada para lograr la reincorporación de los compañeros que TPR se niega a incorporar.

“Todas tenemos familias, algunas somos jefes de familia, y vamos a pasar una nochebuena horrible, sin poder darles de comer a nuestros hijos, por la insensibilidad de esta empresa que plantea un conflicto en estas fechas con intenciones políticas”, señalaron, rodeadas de sus compañeros, en la plaza San Martín.

Trabajadores y trabajadoras se apostaron frene a la sede de la Gobernación para visibilizar el conflicto luego de que se estancaran las negociaciones que mantuvieron en las últimas horas con los representantes de TPR, en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

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Cuando parecía que el cambio de interlocutores en la concesionaria, con la llegada de un ejecutivo de la chilena Ultramar en reemplazo de los que representantes de Vicentin, iba a permitir superar el conflicto, todo fue en sentido contrario. La empresa se plantó en la negativa a reincorporar a trabajadores despedidos a los que acusan de “atentar contra los bienes y personal” de la compañía.

Los trabajadores niegan eso y acusan a la compañía de violar la conciliación obligatoria. “La empresa no puede despedir durante la conciliación obligatoria y se mantiene intransigencia en la reincorporación de 5 compañeros a los que no vamos a dejar solos porque son cinco familias que a estas fiestas la van a pasar con mucha angustia”, dio Aybar.

El secretario general del Supa apuntó directamente contra la empresa Vicentin, que tiene la mitad de la concesionaria, de plantar un conflicto a fin de año para lograr la extensiónn del contrato de concesión “sin poner un sólo dólar”.

Y reclamó compromiso a la clase política, empezando por el gobernador. “Debería estar menos preocupado por sacarse fotos con los futbolistas y resolver este conflicto que le plantó a él una empresa que está llena de causas penales por estafar a los productores, al Banco Nación y hasta los bancos internacionales”, dijo Aybar, y remató: “Y porque algunos compañeros cometieron un acto repudiable en un marcha, inducidos por la angustiante situación que está pasando, no s llaman mafioso y delincuentes a los trabajadores”.

El miércoles que viene está prevista una nueva audiencia en la cartera laboral. Mientras tanto, el conflicto se agudiza.