Un informe socioeconómico elaborado en septiembre de este año por la Encuesta Nacional Inquilina reveló que uno de cada cuatro inquilinos rescindió el contrato al no poder afrontar el precio del alquiler, mientras que el 92% de ese universo de inquilinos ostenta condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. A su vez, lo más preocupante para quienes alquilan es que casi la mitad de sus ingresos está destinado a pagar el alquiler y las expensas, sin tener en cuenta los impuestos y servicios. Es por eso que los principales problemas que abruma a la clase trabajadora es vivienda, ingresos y tarifas, puesto que la mayoría de los contratos se actualizan cada tres o cuatro meses en su gran mayoría.
El relevamiento realizado por A Federación de Inquilinos Nacional, en conjunto con Inquilinos Agrupados Rosario consideró "indispensable" la evaluación trimestral de lo que está sucediendo con las condiciones de vida de los inquilinos y la dinámica del acceso a la vivienda en alquiler en el contexto de desregulación por decreto, a partir del DNU 70/2023.
“La realidad de los inquilinos es cada vez más difícil. Los resultados del informe de septiembre son preocupantes y muestran como principal problema la dificultad creciente para sostener el pago del alquiler”, alertó el referente de la Federación de Inquilinos Nacional y responsable de Inquilinos Agrupados Rosario, Sebastián Artola respecto a la situación que atraviesan los inquilinos.
En ese contexto sostuvo que desde el decreto que desreguló la actividad se encontraron con contratos que tienen aumentos cada tres meses, por encima de la inflación y por un plazo de dos años.
Alquileres: rescisión anticipada de contratos
“Uno de los principales impactos lo vemos en la rescisión anticipada de contratos, el otro, en el endeudamiento creciente en los hogares inquilinos. Si a esto le sumamos los gastos de ingreso (comisión inmobiliaria, sellado, depósito) y los aumentos en los servicios e impuestos, el combo es fatal”, lamentó Artola.
Según el informe, uno de cada cuatro inquilinos indicó que tuvo que abandonar la vivienda por no poder afrontar el precio del alquiler. De ese universo, el 92% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres, teniendo en cuenta que en junio esta situación representaba el 15%.
Otro de los ítems sorprendentes que elaboró la encuesta es que el 44,5% de los ingresos totales del hogar se destinó a pagar el alquiler y las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos, mientras que en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia asciendió al 49,8%.
Es por eso que el 88,9% de los inquilinos encuestados consideró que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses. A su vez, el 64,6% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo en la actualidad. Las deudas contraídas son para alimentos, alquiler y tarjetas de crédito.
En ese marco, el 5% de los inquilinos se encuentra desempleado y el 24% afirmó estar buscando trabajo al tiempo que sólo el 14,8% está bajo las condiciones de la ley de alquileres: plazo de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Vivir con los padres hasta los 30 años
En ese escenario socioeconómico complejo, la encuesta aseveró que la edad promedio de emancipación se encuentra entre los 26 y 30 años, puesto que las condiciones laborales de ese rango etario y las exigencias del mercado inmobiliario, tales como recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler, antigüedad laboral, y garantía propietaria, es la primera barrera de acceso.
Ley de alquileres vs. DNU 70/2023
El relevamiento indicó que los contratos iniciados bajo el DNU 70/2023 pagan hasta un 35% más que aquellos que comenzaron previo a la desregulación del mercado inmobiliario, a tal punto que en Santa Fe alcanza hasta una diferencia del 40%.
En ese contexto sólo el 7,2% de los contratos firmados ostenta un plazo de locación de tres años, ya que abundan aquellos vínculos contractuales con un período de duración menor o igual a un año (el 17,1%) y los contratos entre 1 y 2 años (un 59,9%).
Eso conlleva, además, a que siete de cada 10 inquilinos que firmaron sus contratos luego del DNU tienen aumentos mensuales, trimestrales o cuatrimestrales, y que el 94,8% tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a seis meses.
Así las cosas, una amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad y en el escalón siguiente se encuentran las tarifas.
