Las largas colas de mujeres que por las mañanas se estiran en las puertas de las cárceles de la provincia se transformaron en un objeto de estudio para la investigadora del Conicet Vanina Ferreccio, quien lleva años haciéndose preguntas sobre los efectos que el encarcelamiento proyecta sobre las familias de las personas detenidas y, en particular, sobre las mujeres de estas familias. Según advierte, el encierro reproduce las desigualdades de género y son mayoritariamente mujeres las que cargan con las tareas de cuidados: ellas visitan, proveen alimentos, abrigo, colchones, muebles, pero también llevan adelante todo tipo de trámites judiciales tendientes a facilitar o acelerar la liberación de sus familiares. “Aunque ellas estén afuera, la cárcel de varones está sostenida por mujeres”, dice. Y advierte que, a contrapelo del avance del debate público sobre lo que sucede en el ámbito doméstico, este enorme y penoso trabajo aún resulta invisible.
En esos días, cada vez que tenía que esperar para entrar y salir de la cárcel o hacer un trámite en alguna de sus oficinas, advirtió que en esa espera nunca estaba sola: siempre la acompañaba alguna mujer, “que era familiar de algún detenido y que estaba ahí porque quería saber sobre su salud, tramitando una salida laboral o transitoria, un permiso para asistir al nacimiento de un hijo o por cualquier contingencia de una vida que sigue sucediendo, aún cuando esa vida resulte secuestrada por la institución penal”, recuerda.
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Las hermanas Hilda y Reina visitan a familiares presos en un pabellón de Piñero.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
¿Quiénes hacían esas gestiones siempre eran mujeres?
Cuando empecé a estudiar a los familiares de detenidos en ningún momento pensé hacer un recorte en relación a las mujeres, eso me lo impuso el trabajo de campo. A medida que avanzaba en la investigación, advertía que se trataba de un universo absolutamente femenino, en el mejor de los casos los varones llevan a las mujeres hasta la entrada de la cárcel, pero la que se ocupa de todo lo que implica la visita, sobre todo la que asume pasar por la requisa, es la mujer.
¿Por qué la asistencia a personas detenidas queda en manos de las mujeres?
La explicación que dan las propias mujeres es que, cuando los hombres de la familia intentaron visitar a sus familiares, no pudieron tolerar la vejación o la exposición corporal que la requisa representa. Por su parte, los testimonios de los varones hablan de la tranquilidad que les da saber que alguna mujer de la familia se encargará de sostener el vínculo con la persona detenida. Porque, como afirman tanto los familiares varones como los detenidos, ellas “aguantan cualquier cosa” con tal de ver al detenido. Como sucede con otras tareas de cuidado, se trata de roles de género que reproduce la prisión: la mayoría de las mujeres que visitan a las personas encarceladas son parejas de esas personas encerradas. Son ellas las que han sido designadas por el resto de la familia para esa tarea.
Estos encuentros inesperados en los pasillos de la cárcel de Coronda fueron la semilla de una investigación que se convirtió en el libro “La Larga sombra de la prisión. Una etnografía de los efectos extendidos del encarcelamiento” (Prometeo, 2017). A medida que entrevistaba a familiares, personas detenidas y diferentes actores del sistema carcelario, Ferreccio advertía el papel protagónico que asumen las mujeres en las tareas de asistencia y que estas experiencias no son breves ni esporádicas sino que forman parte de sus trayectorias de vida. Por eso, señala, “es muy importante que los estudios de género empiecen a abordar estos cuidados porque es un tema que no puede quedar únicamente dentro de los estudios carcelarios”.
Según señala, la cárcel está cada vez más presente en los procesos de socialización de los sectores más pobres de la población. “Debido a la selectividad del sistema penal, en ciertos barrios de Santa Fe, la prisión ya no es un elemento extraño sino que se ha transformado en un agente de socialización de grupos cada vez más amplios. Un relevamiento de los legajos de las personas detenidas, como el que hice para mi investigación, puso de manifiesto que la tasa de encarcelamiento se concentra en los barrios más empobrecidos de la ciudad. Y a su vez, la asistencia de las personas encarceladas forma parte de las tareas de cuidados que recaen sobre las mujeres de sectores populares”.
¿Qué consecuencias tiene esto para la vida de estas mujeres?
Varias. Hay que considerar que se trata de un cuidado prolongado, que se realiza a lo largo de la vida de las mujeres y no se agota en la asistencia al detenido, sino que, en caso de tener hijos, es también la única encargada del sostenimiento de ellos. A su vez, se trata de un tipo de cuidado que no tiene una única “sede” sino que se da en muchos espacios: al interior de la prisión, el sostenimiento afectivo del detenido pero también la posibilidad de disponer de bienes que de alguna manera dignifican la vida en prisión, también depende de lo que ella pueda aportar. A esto se suma un aspecto casi desconocido, que insume una cantidad de tiempo que la mujer, necesariamente debe restar a su propio trabajo o al cuidado de sus hijos y que puede sintetizarse en “empujar la maquinaria de la justicia”. Estas mujeres se entrevistan con defensores, fiscales, trabajadores sociales; tramitan ayudas, buscan asesoramiento, realizan todo tipo de trámites tendientes a modificar las condiciones de detención o acelerar la liberación e incluso, en algunas ocasiones, han organizado protestas tendientes a obtener una resolución más rápida de los expedientes de sus familiares encarcelados. Hace tiempo que, quienes trabajamos en este campo, afirmamos que aunque las mujeres están libres, son titulares de una experiencia carcelaria, que no es lo que sucede adentro de las prisiones, sino a su sombra. Esto es lo que yo entiendo por experiencia carcelaria extendida.
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La mayoría de las visitantes a las cárceles proviene de los barrios más empobrecidos.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Todas las mañanas, las puertas de las cárceles se llenan de mujeres. Sin embargo, parecen muy poco vistas…
Las familiares repiten una y otra vez “que nadie las ve” y con esto se refieren tanto al poder político como a la administración penitenciaria. A su vez, en las investigaciones académicas vinculadas a la prisión, la visión carcelo-centrada dominante, relegó estas experiencias de los familiares de detenidos, a un lugar periférico o marginal dentro de las investigaciones. En materia de género, a su vez, el acento se puso en las condiciones de detención en las prisiones de mujeres. De esta forma, las familiares de detenidos y su experiencia de la prisión, resultan casi desconocidas tanto para los estudios carcelarios como para los estudios de género. Por esto, creo que es necesario ampliar la mirada, descarceralizar investigaciones que sólo aplican la perspectiva de género cuando la mujer está en prisión y observar la medida en que el encierro de otros incide en las trayectorias de vida de estas mujeres.
¿Qué actitud tiene el Estado sobre estas mujeres?
Es completamente esquizofrénica. Por un lado, la normativa reconoce la importancia del vínculo familiar durante el tránsito de la condena e incluso lo presenta como un dato a considerar en los informes de pre-libertad. Sin embargo, ese mismo Estado, a través de las administraciones penitenciarias, somete a los familiares en general y a las mujeres en particular, a una situación de violencia sistemática, de tipo institucional, que se concentra en el momento de la requisa previa al ingreso de los familiares. Esto produce un espiral de sometimiento y silencio en las mujeres, así como de distanciamiento en el grupo de hijos que, llegados a su adolescencia, no soportan la exposición corporal que la requisa supone e interrumpen, así, las visitas a sus padres y madres detenidos. A su vez, durante la pandemia, mientras para todos los ciudadanos regía el ASPO, nuevamente las mujeres familiares de detenidos resultaron sobre-expuestas mediante la autorización, dispensada por el estado santafesino, para circular y acercar los “bagallos” a sus familiares detenidos. El estado provincial, así, no sólo reconoció la medida en que el funcionamiento de la cárcel depende del aporte material de las familias, considerando a las mujeres como “trabajadores esenciales” (únicos autorizados a circular), sino que nuevamente, puso en cabeza de éstas tareas de cuidado cuya ejecución, en plena pandemia, ponía en peligro su salud.
¿Qué políticas públicas serían necesarias para hacerles la vida más fácil a estas mujeres?
En primer lugar, es necesario decir que cualquier política en este sentido, aunque pueda “aliviar” la situación de estas mujeres, no altera el hecho de que, como decimos hace tiempo, la cárcel lejos de contribuir a la solución, forma parte del problema de (in)seguridad. En relación a las mujeres en tanto asistentes y cuidadoras de personas detenidas, la eliminación de la requisa es algo que debería considerarse con seriedad. En muchas otras administraciones penitenciarias es una práctica desconocida, ya que las requisas corporales se hacen solamente a las personas detenidas y el Estado argentino ya ha sido condenado por vejaciones cometidas en requisas a visitantes de prisiones. En segundo lugar, existe cierta tendencia de los administradores de prisión a considerar que tienen facultades extendidas de sanción y, en este sentido, han suspendido el derecho de visita, por diversos motivos, a distintas mujeres sin alguna instancia previa de diálogo y, lo que es más preocupante, sin intervención judicial de ningún tipo. De este modo, estas mujeres que, como comentaba, provienen de los barrios más empobrecidos de la ciudad y tienen trabajos precarios, se enfrentan diariamente a la violencia del sistema carcelario, en absoluta inferioridad de condiciones y sin posibilidad alguna de defensa o apelación. En tercer lugar, los estados provinciales no pueden seguir desconociendo que la falta de inversión en la infraestructura de las prisiones, se traduce en el elevado costo que los detenidos representan para sus familias ya que son éstas las que deben asumir cierta “mínima dignificación” de las condiciones de vida de sus familiares detenidos.
