La escuela San Juan Diego, de Juan José Paso y Travesía, no lleva un año de inaugurada y hoy, a dos semanas de que empiecen las clases, muestra más vidrios rotos que sanos: entre puertas y ventanas, 38 están rajados o literalmente estallados a piedrazos. No es su primer ataque: en octubre pasado también sufrió serios destrozos, aunque en ese caso en el marco de un robo que a la comunidad educativa le dolió menos que las roturas en sí. Sin embargo, no se trata de una realidad exclusiva de la llamada escuela toba de Empalme, sino común a buena parte de los establecimientos que, en los barrios más vulnerables, resisten como pueden los efectos más diversos de la exclusión. Por otro lado, el vandalismo tampoco cunde sólo en barriadas humildes: como bien recordó ayer el secretario gremial de Sadop, Martín Lucero, “en las escuelas privadas del centro circulan otras formas de violencia, como pintar edificios y hasta el saco de un funcionario con aerosol durante una previa (primer día del último año de secundaria)”.
Desde hace un tiempo, las instituciones del Estado con mayor capacidad para construir ciudadanía, como escuelas y centros de salud, vienen siendo paradójicamente muy golpeadas por episodios que responden a veces al delito y a veces al mero vandalismo.
En el caso de la San Juan Diego (de gestión privada), duele especialmente porque el edificio que hoy la alberga, en Juan José Paso 1930, fue construido hace muy poco por el municipio a través del Servicio Público de la Vivienda con financiamiento del gobierno nacional, en el marco del Proyecto Travesía (ex Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo).
Es más: recién el 22 de febrero próximo hará un año desde el momento en que la comunidad educativa recibió las llaves, para mudarse un mes más tarde, tras haber transcurrido 24 años en el corazón del barrio toba de Empalme.
Así y todo, al colegio ya le tocó ser blanco de los dos tipos de ataques: en octubre, un robo la despojó de un TV 29 pulgadas, dos CPU, seis monitores de PC, un equipo de audio y juguetes, y le destrozó doce ventanas, ocho puertas, cerraduras, salones y un baño.
Al día siguiente, su ingreso ostentaba carteles confeccionados por los propios alumnos que, entre otros, rezaban: “Luchamos mucho para tener una escuela digna y no vamos a permitir que la destruyan; vamos a luchar por lo nuestro”, y “Hay que organizarse para poder parar esta pesadilla, que empieza y nunca se acaba”.
Pero parece no ser tan fácil. Hoy, a dos semanas del inicio del ciclo lectivo, la escuela muestra 38 vidrios destrozados de puertas, ventanales y ventanas más pequeñas en todo su perímetro.
“Son pibes de por acá, cuando notamos algo extraño llamamos al 911”, contó Bettyna, vecina del pasaje 707 que corre a espaldas del colegio con su hilera de casas también recientemente estrenadas. La mujer relató que la mayoría de las veces se trata de ataques a piedrazos, aunque también se acordó de un robo en el que “se fueron llevándose hasta una escoba”.
Pero esa no es una realidad que se agote en el colegio toba de Empalme. Para Lucero, hechos de vandalismo se dan “en el 90 % de las escuelas privadas de la periferia, por más rejas o tapiales que tengan”, algo que se va remontando gracias a aportes del Estado provincial o de las entidades propietarias. Aun así, reconoció que relevar puntualmente las condiciones en que está cada colegio “es una deuda” que mantiene Sadop.
El dirigente sostuvo que, más que criminalizar esas situaciones, conviene tratar de entenderlas “como expresión de una violencia que atraviesa toda la sociedad y muestra la ruptura de los contratos sociales”. Y de las que no escapan, incluso, los colegios de mayor nivel socioeconómico del centro, aunque se expresen de otro modo.
Lazos rotos. La secretaria de Asuntos Sociales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Paula Nardini, interpretó el fenómeno —obviamente compartido por las escuelas públicas— en términos muy similares. “Muestran la rotura de los lazos sociales”, dijo, algo que se manifiesta de diferentes maneras y que, a la vez, deja muy expuestos a los docentes.
Nardini puso como ejemplos los robos y hechos vandálicos que suelen atribuirse a chicos de los propios barrios (muchas veces ex alumnos) donde se levantan las escuelas e incluso recordó situaciones que tuvieron como protagonistas a alumnos, ellos mismos en extremo vulnerables, pero a la vez potencialmente peligrosos.
Por eso, abogó por respuestas tan complejas como las que construyeron esas mismas realidades, que “exceden el marco pedagógico” y “no son de fácil resolución”.
Mientras tanto, la presencia de equipos interdisciplinarios trabajando junto a las escuelas, la presencia de policías comunitarios para prevención, mejoras en infraestructura, creación de cargos, ampliación del horario extendido y, en general, una “mayor presencia del Estado”, parecen respuestas necesarias.
