Uruguay aprobó la instalación de otra planta de pasta celulosa

La empresa finlandesa UPM, propietaria de una planta de celulosa sobre la margen del río Uruguay que hace 14 años originó el conflicto entre Uruguay y Argentina, instalará una segunda papelera en el departamento de Durazno, en el centro del país, confirmó el presidente Tabaré Vázquez.

"Puedo decir con seguridad que todos los puntos que nos propusimos trabajar para llegar a un acuerdo final, todos, absolutamente todos, están acordados entre el gobierno nacional y UPM", dijo Vázquez a medios locales, cita el matutino montevideano El País. "Gobierno y directivos de UPM lograron un acuerdo y resta definición de accionistas de la empresa para concretar nueva planta de celulosa", anunció por su parte el portal Web oficial del gobierno uruguayo.

El diario puntualiza, no obstante, que para que el emplazamiento de la nueva planta sea posible habrá que superar reclamos presentados por la central sindical Pit-CNT, que pidió la elaboración de un plan de prevención de conflictos. El Poder Ejecutivo, UPM y la central de trabajadores ya tienen acordado un protocolo de prevención de conflictos. Ese texto será una guía estricta que empleados y empleadores deberán seguir si se desata un diferendo laboral. Se trata de un "cronograma" específico de cómo actuar paso a paso si se desata un conflicto sindical en la segunda planta de UPM. La intención es evitar que se alcance la medida de ocupar el lugar de trabajo. Pero no hay desacuerdo en materia de medio ambiente, punto que causó el conflicto binacional en 2005.

Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un agudo conflicto debido a la autorización dada por el gobierno uruguayo de entonces, también del socialista Tabaré Vázquez, para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio sobre las aguas del río Uruguay, cerca de las poblaciones de Fray Bentos y Gualeguaychú.

En el curso del conflicto se dejó sin efecto la construcción de una de las dos plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueco-finlandesa Stora Enso. La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a UPM-Kymmene) fue construida y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. Activistas de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron denunciando la presunta contaminación que causaría la planta. Pero las estrictas mediciones de agua y aire tomadas por los dos países jamás registraron contaminación.