Los sacerdotes Horacio Corbacho, de 58 años, y Nicola Corradi, de 83, y el jardinero Armando Gómez, de 57, comenzaron a ser juzgados ayer en la ciudad de Mendoza por 28 casos de abusos sexuales cometidos en forma sistemática a niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo, y fueron calificados de "monstruos vestidos con sotana" por los familiares y allegados de las víctimas.
El debate constituye el mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza, y en esta primera audiencia oral los dos curas y el jardinero están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores".
El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones) y a Corradi y a Gomez por seis hechos de abuso sexual a cada uno. Otra acusación es por corrupción de menores, ya que la misma indica que las víctimas eran obligadas a ver videos y revistas pornográficas.
Esta es la primera de tres causas que completan la de Kosaka Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto; mientras que la tercera -que aún está en etapa de instrucción- involucra a la ex directora Graciela Pascual y a la monja Asunción Martínez, por omisión.
Se trata del primer juicio a tres de los cinco imputados directos de los hechos denunciados en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo, en una causa que ya tiene como condenado al monaguillo Jorge Bordón, ahora de 51 años, quien confesó en septiembre pasado durante un juicio abreviado ser "autor de once abusos", y deberá cumplir diez años de prisión; y Luis Ojeda, de 41 años, declarado inimputable en 2017 "por no comprender la criminalidad de los hechos".
Esta mañana a las 8.30, cuando se reanude el debate, el Tribunal a cargo de Carlos Díaz deberá resolver el pedido de la defensa oficial a cargo de los imputados para que quienes testimoniaron en cámara Gesell durante la instrucción vuelvan a testificar en la sala de audiencias, ante sus victimarios.
"Los chicos ya han tenido sus interrogatorios directos y no hay que revictimizarlos, ellos no pueden sufrir más", afirmó ayer a la prensa el querellante Oscar Barrera. El Tribunal deberá resolver otro pedido de la defensa de los imputados para que se transcriban todos los testimonios, ya que aducen que Corradi, por ser octogenario, tiene problemas de audición.
"Monstruos con sotana"
Durante la jornada de ayer allegados a las víctimas y sus familiares aseguraron que los religiosos acusados son "monstruos vestidos con sotana" y que el juicio ocurre a diez años de la primera denuncia.
"Desde organizaciones de sobrevivientes de todo el mundo se denuncian mecanismos de encubrimiento para intentar eliminar la presencia de la Justicia ordinaria, llevar el proceso a una investigación interna dentro de la Iglesia y trasladar de un lugar a otro a estos monstruos vestidos con sotana", dijeron integrantes del colectivo por la Restitución de los Derechos de los Sobrevivientes del Próvolo. El obispo auxiliar de la ciudad bonaerense de La Plata, Alberto Bochatey, designado por el Papa Francisco en 2017 pa ra investigar los casos denunciados de abuso sexual en el Instituto Próvolo en Mendoza y La Plata, también expresó su parecer ante este juicio histórico, valoró que la Justicia busque verdad y justicia, y llamó a "esperar un poquito el juicio". Por tratarse de delitos de instancia privada, los periodistas no acceden a la sala de debates, pero se habilitó una sala de prensa contigua. Se acreditaron 69 periodistas de medios locales, nacionales y un equipo de cuatro cronistas de la agencia Associated Press, que reportan a su sede en Nueva York, cuyos despachos son publicados por el New York Times, el Washington Post y ABC News, entre otros medios.
En la primera semana del juicio se espera que declaren 29 personas, siete de ellas lo harán esta mañana.
"El debate será a puertas cerradas y con la participación de intérpretes de lengua de señas", precisaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
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Por Claudio Berón
