espeluznante. La niña de tres años, Emili Celeste, fue abusada y luego murió junto a su hermanito, Franco, de cinco años, en el asentamiento Fuerza Unida, de la margen sur de Río Grande.
espeluznante. La niña de tres años, Emili Celeste, fue abusada y luego murió junto a su hermanito, Franco, de cinco años, en el asentamiento Fuerza Unida, de la margen sur de Río Grande.
La Justicia de la ciudad fueguina de Río Grande rechazó la excarcelación de los cuatro detenidos por el abuso sexual de una niña de tres años, que luego murió junto a su hermanito de cinco años al incendiarse una casilla de esa localidad el pasado sábado, informaron ayer fuentes judiciales.
El juez penal de Río Grande, Sergio Dieguez, coincidió con el fiscal Eduardo Tepedino y le denegó la excarcelación al padre, al abuelo y al tío de los niños fallecidos, quienes junto a la ex pareja de la abuela están imputados y detenidos por el caso.
"No corresponde hacer lugar a los pedidos de excarcelación porque existe riesgo de fuga de los acusados y porque en libertad podrían interferir en el desarrollo de la investigación", advirtió Tepedino en conferencia de prensa.
Franco Lazarte, de cinco años, y Emili Celeste Lazarte, de tres, fallecieron el sábado a la tarde como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono y de las graves quemaduras sufridas durante el incendio de la casilla de madera que habitaban en la calle Karukinká 573, ubicada en el asentamiento Fuerza Unida, de la margen sur de Río Grande.
La investigación tuvo un vuelco cuando las autopsias sobre los cuerpos, realizadas horas más tarde, arrojaron que la niña había sido violada en forma reciente.
La policía provincial realizó, poco después del hecho, una serie de averiguaciones que terminaron con la detención de Johan Franco Lazarte, de 25 años, padre de los chicos; Rubén Fabián Lazarte, de 43, abuelo de los pequeños; Ulises Daniel Mancilla, de 24, tío de las víctimas, y Juan Ricardo Gómez, ex pareja de la abuela de los niños.
El juez Dieguez indagó el lunes a los sospechosos, pero los tres familiares directos, representados por el defensor oficial Pablo Gasalla, se negaron a prestar declaración, mientras que sólo aceptó hablar Gómez, defendido por el abogado particular Miguel Gutiérrez.
La ex pareja de la abuela de los chicos, y dueño de la casa incendiada, negó haber amenazado con "quemar la vivienda si la familia no la desalojaba", como manifestó la madre de los niños en una declaración testimonial.
Voceros judiciales precisaron que Gómez "reconoció la existencia de discusiones con los miembros de la familia", pero aclaró que "nunca emitió amenazas relacionadas a provocar un incendio en la vivienda".
Por su parte, el fiscal Tepedino explicó que dentro de la misma causa se investigan "dos eventos": por un lado "el origen del incendio, que puede haber sido accidental o doloso" y por otra parte "el abuso sexual a la niña, ya que las pericias preliminares indican que el niño no fue abusado".
Sobre el origen del fuego, Tepedino señaló que el perito de bomberos que ya había sugerido en un informe la hipótesis de un "hecho accidental, originado en un cortocircuito eléctrico", declaró de forma testimonial y "ratificó que se habría tratado de un accidente".
Encerrados
De todos modos, el funcionario judicial señaló que se investigan algunos "indicios" relacionados con la posibilidad de un hecho premeditado como por ejemplo que "no había puesto un picaporte en el lado interior de la puerta principal de la casa", con lo que los chicos no habrían podido escapar del humo y el fuego aún si lo hubieran intentado.
La madre de las víctimas, Gabriela del Valle Zerda, de 24 años, también declaró como testigo al igual que otras mujeres del entorno familiar, y ninguna manifestó tener alguna sospecha de los abusos a que fue sometida la niña.
La Justicia fueguina confirmó que ya envió a un laboratorio de Buenos Aires las 40 muestras de ADN que recogieron los investigadores, entre ellas las muestras de semen encontradas en el cuerpo de la niña, que serán comparadas con material genético de cada uno de los sospechosos, a través de un procedimiento que demorará "unos diez días en tener resultados", según informaron voceros del Poder Judicial fueguino.
La propiedad de Buenos Aires al 1000 está vinculada a Lelo Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis
Por Lucas Ameriso
