El caso de Zoe, una niña de la localidad santafesina de Sastre de dos años que se recupera de un cáncer linfático, vuelve a ser noticia. Esta vez, mientras los padres de la pequeña y cientos de vecinos esperan que las autoridades o la Justicia den cabida a su pedido para alejar las aplicaciones con agroquímicos que se realizan en los lindes de la ciudad, una campaña a través de la plataforma digital Change.org, logró colectar casi 40 mil adhesiones en menos de 48 horas (anoche a las 23 eran 39.820 las firmas).
Pero lo más sorprendente quizás sea el origen de este pedido, ya que sus impulsores fueron la modelo Guillermina Valdés y el periodista bonaerense Patricio Eleisegui quienes, sensibilizados por el caso de Zoe, elevaron el pedido a través de sus cuentas en las distintas redes sociales. Rápidamente la petición "Alejen las fumigaciones, Zoe tiene cáncer con apenas 2 años" lanzado desde Change.org, se sumaron personalidades de la farándula como Marcelo Tinelli y Marcelo Polino, entre otros.
"Zoe tiene apenas dos años y vive con Sonia y Pablo, sus papás, en Sastre, provincia de Santa Fe. Hace más de un año fue diagnosticada con una dolencia muy grave: linfoma linfoblástico de células T precursoras. Los médicos coinciden en que, mientras lleva adelante su tratamiento, Zoe no debe volver a tener contacto con, justamente, ningún agente ambiental tóxico. Lograr esto último resulta complicado: en torno a Sastre miles de hectáreas son bañadas de forma periódica con distintas variedades de plaguicidas", reza el encabezado del pedido. Sus destinatarios son las autoridades locales, como la intendenta María del Carmen Amero, los miembros del Concejo Municipal de Sastre, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, los ministros de Salud y Medio Ambiente, Andrea Uboldi y Jacinto Speranza, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia de Santa Fe.
El camino para lograr que se alejen los pesticidas de las inmediaciones de la casa de Sonia, Pablo y Zoe comenzó el año pasado. Tras unirse al pedido de un grupo de vecinos autoconvocados que solicitaban a las autoridades del Ejecutivo municipal y a los concejales que modifiquen la ordenanza vigente en materia de agroquímicos, sin conseguir resultados, decidieron acudir a la Justicia. En noviembre de 2018 iniciaron una acción de amparo ambiental contra el municipio. El juez determinó mediante una medida cautelar una distancia de 400 metros para las pulverizaciones terrestres y mil metros para las aéreas a partir del fin de la zona urbana.
Cuando todo iba bien...
"Todo parecía encaminado a garantizar la seguridad sanitaria de Zoe. Pero, en enero de este año, una jueza de turno suspendió la protección legal y se reactivaron estas aplicaciones junto a la población de Sastre. Por estos días las fumigaciones, sobre todo con el cancerígeno glifosato, persisten a la par de que Zoe continúa con su tratamiento oncológico", prosigue el texto publicado en la plataforma digital. En la misma, sus impulsores se preguntan "¿Cuánto podrá resistir la salud de la beba si vuelve a estar en contacto con los plaguicidas?" y luego afirman que "la recuperación de esta pequeña de dos años exige una restauración inmediata de las distancias de fumigación. Cualquier nueva instancia de contaminación, por mínima que sea, puede resultar fatal para Zoe".
Derecho de rango constitucional
Por otra parte en la petición se exigió a las autoridades santafesinas "garantizar el derecho establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional: nos merecemos habitar un ambiente sano, equilibrado, y que no comprometa a las generaciones futuras. Generaciones como la que encarna Zoe. Que en este tiempo, a sus dos años, enfrenta batallas que no debería pelear ningún niño. Sólo estamos pidiendo que se le otorgue la posibilidad de la salud. La Justicia puede hacer la diferencia positiva. Otra vez. Ya lo hizo en una oportunidad".
Por otra parte, las instancias del amparo ambiental interpuesto por los padres de Zoe y otros 40 sastrenses, parecen haber caído en un embudo de trabas burocráticas que impiden que se resuelva la cuestión de fondo.
Tras que una Cámara de Apelaciones de la provincia dictara la nulidad de lo actuado en la causa por el juez de San Jorge Daniel Zoso, aduciendo errores de forma, la causa pasó al Juzgado de Primera Nominación de Rafaela, que actualmente no tiene juez designado. Por lo tanto, el trámite será llevado por el resto de los magistrados que actúan en ese distrito judicial.
Además los vecinos autoconvocados, reunidos en la agrupación Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente presentaron recientemente ante el Concejo la reiteración del pedido para que sea tratado un nuevo proyecto de ordenanza para regular el uso y aplicación de productos agroquímicos tanto dentro de la ciudad como en la zona periurbana. En cada una de sus peticiones, los autoconvocados adjuntan material científico que avala la necesidad de alejar los pesticidas de las zonas pobladas.
