Rusas embarazadas: cuántos dólares desembolsaban para conseguir documentos falsos

Las mujeres rusas que ingresaban embarazadas al país llegaban a pagar hasta 35 mil dólares para poder obtener documentos y así dar a luz en el país, de acuerdo a lo que trascendió de la investigación judicial que lleva a cabo la Justicia Federal.

Es por eso que la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en el marco de una causa que investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero, según indicaron fuentes de esa fuerza.

La investigación, que está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N1 de María Romilda Servini, llegó el pasado jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero se les secuestró elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500. “Se secuestraron en ambos domicilios elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional”, informó la PFA.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que “una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios”, indicó el comunicado.

La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que logró “identificar la primera línea de esta organización delictiva” que “lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares”.

Tras el ingreso al país, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que “se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban trámites de radicación ciudadanía en tiempo récord, gracias a la documentación apócrifa que le proveía la banda delictiva”, añadió el comunicado de la PFA.

“El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países”, aportó el comunicado.

Esta investigación se vincula con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.

Pero anoche el juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, y esta madrugada finalmente salieron de la terminal junto a otras 14 embarazadas rusas que llegaron en vuelos de anoche de Ethiopian Airlines.

La decisión de Armella se respaldó en “el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”, aunque el magistrado sostuvo que “fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”, indicaron fuentes judiciales.

Por otro lado, agentes de la División Asuntos Migratorios conjuntamente con inspectores del área de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) realizaron durante esta madrugada un operativo para determinar si las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país el jueves se encontraban en el domicilio consignado al arribo.

Los funcionarios concurrieron a los hoteles Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express y Esplendor, todos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso, solamente había ocho en el domicilio consignado.

Con ello, se pudo determinar que en su mayoría habían aportado domicilios a los cuales no iban a concurrir, “observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad”, indicó el comunicado de la PFA.

“Este accionar, denota otro interés por parte de los supuestos turistas, no siendo este el de querer conocer y disfrutar nuestro país sino, que a grandes rasgos refleja la intención de aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I / Pasaporte) que otorga nuestro gran país a todas las personas de bien que quieren residir de forma legal en el Territorio Nacional”, indicó el texto.