Con el envión de las elecciones, Milei se prepara para avanzar con la reforma laboral. Los posibles cambios, uno por uno
Foto: Archivo / La Capital.
Reforma laboral: el Ejecutivo busca vincular los aumentos salariales con el mérito y la productividad
El gobierno nacional comenzó a delinear una reforma laboral integral que presentará en diciembre y que se debatirá durante 2026. La iniciativa forma parte del paquete de reformas “de segunda generación”, junto con la tributaria y la previsional, y busca modernizar el mercado laboral argentino, donde el trabajo informal alcanza el 43,2%.
Según lo acordado en el Consejo de Mayo, el Ejecutivo presentará un borrador el 15 de diciembre, con participación de empresarios y sindicatos. El secretario de Trabajo de La Libertad Avanza, Julio Cordero, explicó que el objetivo es “actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad” y generar consensos antes del envío del texto final al Congreso.
Entre los principales puntos que se evalúan figuran:
• Convenios por empresa, con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.
• Incrementos salariales dinámicos, vinculados al desempeño o mérito individual.
• Extensión del período de prueba, de tres a seis meses (y hasta 12 en pymes).
• Digitalización de registros laborales y simplificación de trámites.
• Creación de un banco de horas, para reorganizar la jornada según la demanda.
• Fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización tradicional.
Además, el DNU 70/2023, vigente en parte, ya introdujo medidas como el blanqueo laboral y la figura del trabajador independiente con colaboradores, pensada para pequeños emprendimientos.
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El ministro Federico Sturzenegger afirmó que la reforma buscará “incentivar la contratación formal” y que la baja de impuestos al trabajo será gradual, “a medida que se reduzca el gasto del Estado”.
Desde el sector industrial, el titular de la UIA, Martín Rapallini, aseguró que “actualizar la normativa es clave para mejorar la competitividad”. En cambio, la CGT advirtió que se opondrá a cualquier intento de “quitar derechos”, y reclamó que “la formalización no puede basarse en la precarización”.
Uno de los temas más sensibles será la reforma de la ley de riesgos del trabajo. Cada año se inician más de 120.000 juicios vinculados a accidentes o enfermedades laborales. Los empresarios reclaman mayor previsibilidad y menos sobrecostos, mientras que especialistas proponen fortalecer las comisiones médicas y unificar criterios de evaluación.
El borrador oficial se presentará a mediados de diciembre y buscará apoyo político y sindical durante 2026. En la Casa Rosada confían en que la reforma pueda equilibrar productividad y derechos laborales, aunque admiten que el desafío será grande. “Hace 50 años que estamos en este sistema, pero creemos que se puede cambiar”, dijo Sturzenegger.
El modelo que impulsa el gobierno —apoyado por legisladores del PRO y la UCR— busca reducir los pisos salariales por convenio y permitir que cada empresa negocie directamente con su representación sindical interna. De esa manera, los valores fijados colectivamente dejarían de ser mínimos garantizados y pasarían a funcionar como techos de referencia, alterando uno de los principios tradicionales del derecho laboral argentino.
El plan también prevé eliminar la indexación automática por inflación, reemplazándola por actualizaciones ligadas a la productividad y a la capacidad económica de cada sector.
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