La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas recusaron con causa a los jueces federales que tildaron de "fascismo ambiental" al colectivo de organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, que repudian el avance de la exploración petrolera off shore en el mar argentino. También solicitaron su apartamiento del proceso judicial por parcialidad manifiesta.
La recusación pesa sobre los magistrados Eduardo Giménez y Alejandro Tazza, quienes levantaron el pasado 5 de diciembre la medida última medida cautelar presentada en octubre pasado. La misma frenaba por tercera vez la explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa marplatense.
"La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en base al aporte de nuevos informes brindados por tanto por el Estado como por la empresa encargada de hacer este tipo de tareas", rezaba el comunicado publicado por la Secretaría de Energía nacional en su cuenta oficial de Twitter.
En ese contexto, fundamentaron esa decisión basándose "en el mandato constitucional de desarrollo sustentable" para "no avalar ni el fascismo ambiental no una explotación a como venga".
Por su parte, los letrados y letradas ambientalistas sostuvieron que a partir de esas declaraciones y la correspondiente decisión, los magistrados incurrieron en parcialidad y es por eso que presentaron la recusación.
"El Dr. Jiménez atentó contra nosotros y contra quienes defendemos los ecosistemas y la naturaleza, y sobre todo la vida humana. Quizá no exista manifestación más elocuente de odio y resentimiento que calificar a alguien como «fascista». El Dr. Jimenez se expresó, y el Dr. Tazza asintió, sin despegarse de las expresiones de su colega, por lo tanto convirtió en propio lo expresado por el magistrado. Además, el Dr. Jimenez se expreso claramente en plural. Hablo por ambos", sostuvieron los abogados y abogadas ambientalistas.
En ese sentido, plantearon: "Calificar a alguien de “fascista” habilita a realizar acciones en su contra, confrontarlo en todos los niveles posibles, y si esta calificación proviene de un elevado cargo judicial, como es el caso, la situación de peligro es mayor. Máxime en América Latina que es la región donde más se asesinan activistas ambientales".
A su vez, en la presentación judicial destacaron: "Nótese que detràs de las expresiones «fascismo ambiental», no solo se está revelando contra los apelantes un sentimiento de odio o resentimiento, incluso ambas, sino emitiendo una opinión que por su alcance tiene la virtualidad de condicionar negativamente la imparcialidad de todo el proceso, afectando los derechos constitucionales de los amparistas".
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Y agregaron: "No se puede pasar por alto que en el caso que tenga que volver a intervenir como alzada el Dr. Jimenez, analizará los planteos de las organizaciones ambientalistas bajo el sesgo de «fascistas ambientales». Esta calificación es una sentencia de muerte para la imparcialidad del proceso, limitando irremediablemente nuestra condición de justiciables, amparistas".
El pasado 13 de octubre, el fuero federal con asiento en Mar del Plata les había dado la razón por tercera vez a las organizaciones ambientalistas al sostener que "el gobierno y Equinor —empresa que impulsa la explotación petrolera en el mar argentino— no acreditaron la inexistencia de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos de la actividad y su relación con todas las otras autorizaciones otorgadas a corporaciones petroleras extranjeras".
"Una vez más la Justicia Federal advierte sobre la fragilidad con la que se quiere impulsar la exploración y explotación petrolera offshore en el mar argentino", había destacado el letrado Rafael Colombo. Sin embargo, con esta decisión de los magistrados marplatenses levantaron la cautelar para darle via libre a la explotación petrolera.