El presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió ayer en que su administración llegará "hasta las últimas consecuencias en la investigación" por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, para enjuiciar a los responsables, mientras la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), a cargo de la pesquisa, destacó que se trata del trabajo "más trascendente y exhaustivo".
El interés prioritario del gobierno de la República "es precisamente saber qué fue lo que ocurrió" en Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, remarcó Peña Nieto a medios mexicanos desde la colombiana Cartagena, a donde fue a presenciar la firma del acuerdo de paz entre el gobierno local y las Farc.
El mandatario hizo votos por lograr detener a los responsables de estos "muy lamentables hechos", entre ellos "miembros del crimen organizado, autoridades y policías municipales", afirmó.
Destacó Peña Nieto que su país dio espacio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) "para que se involucre, conozca y coadyuve en los trabajos" de la PGR.
Un grupo de expertos designados por la Cidh trabajó en el caso durante más de un año, un período en que denunció graves irregularidades en la investigación y cuestionó la versión oficial de lo ocurrido en Iguala.
La masacre. La noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala y Cocula, en el sureño estado de Guerrero, atacaron a tiros a alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa, que iban en colectivos a una manifestación en la Ciudad de México.
El ataque dejó seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, quienes -según la investigación oficial- fueron entregados esa misma noche a miembros del cártel de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura en Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) de la Cidh, cuyo mandato finalizó en abril pasado, pidió a la PGR abrir otras líneas de investigación, entre ellas la participación de policías del municipio de Huitzuco y el traslado de drogas en uno de los colectivos tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen.
El gobierno mexicano se comprometió a seguir las recomendaciones del Giei y en agosto acordó con los padres de las víctimas cómo sería el seguimiento del caso de la Cidh.
Los padres del grupo conocido como "Los 43" marcharon ayer por el centro de México capital, al grito de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", en reclamo de justicia.
La PGR, en tanto, difundió un comunicado en el que remarcó que la investigación del caso Ayotozinapa es "la más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México".
Según la fiscalía, durante este tiempo se atendieron el 93 por ciento de las más de 900 peticiones formuladas por el grupo de expertos que investigó el caso.
"Es importante señalar que la investigación del caso Iguala sigue abierta y que la Procuraduría General de la República trabaja en todo momento para esclarecer los hechos", señala el comunicado. Hasta ahora sólo se ha logrado reconocer el ADN de uno de los estudiantes mediante un fragmento de hueso y varias pruebas complicadas.
En términos similares se expresó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien expresó que se trabajará para "garantizar que queden satisfechas todas las exigencias de los familiares" de las víctimas.
Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes
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