Más de 130 presuntos criminales de guerra nazis, guardias de las SS y otros que quizá participaron en las atrocidades del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial cobraron 20,2 millones de dólares en prestaciones de la Seguridad Social de los Estados Unidos, según un revelador informe del organismo regulador de la Seguridad Social impulsado tras una investigación de Associated Press.
El informe, al que tuvo acceso Associated Press y que está previsto presentar esta semana, empleó datos informatizados y otros registros internos de la agencia para mostrar el número total de supuestos nazis que recibieron prestaciones, así como la cantidad de dólares abonados. La Administración de la Seguridad Social rechazó el año pasado la solicitud de AP para conocer esas cifras.
Las cantidades son muy superiores a lo estimado en un principio. Los pagos se realizaron entre febrero de 1962 y enero de 2015, cuando entró en vigor una nueva ley llamada No a la Seguridad Social para Nazis, que puso fin a los pagos de pensiones a cuatro beneficiarios. El informe no incluye los nombres de ninguno de los supuestos nazis que recibieron dinero.
La gran suma de prestaciones y su duración muestran hasta qué punto desconocía el público estadounidense la presencia de nazis en el país, que podrían haber alcanzado las diez mil personas. Muchos mintieron sobre su pasado para entrar en Estados Unidos e incluso convertirse en ciudadanos estadounidenses. Consiguieron empleos y dijeron poco sobre lo que habían hecho durante la guerra.
Sin embargo, Estados Unidos tardó en reaccionar. Hasta 1979 no se creó una unidad especial para identificar nazis, la Oficina de Investigaciones Especiales, dentro del Departamento de Justicia.
La representante demócrata Carolyn Maloney, de Nueva York, solicitó el informe del inspector general de la Administración de la Seguridad Social tras publicarse la investigación de AP en octubre de 2014. El sábado, la congresista dijo que el informe muestra que 133 nazis supuestos y confirmados trabajaron de forma activa para ocultar su identidad real al gobierno estadounidense y siguieron recibiendo pagos de la Seguridad Social.
“Debemos seguir trabajando para recordar la tragedia del Holocausto y que los responsables respondan por sus actos”, dijo Maloney. “Una forma de hacerlo es proporcionar al público tanta información como sea posible. Esperamos que este informe muestre algo de luz”.
Associated Press descubrió que el Departamento de Justicia aprovechó un agujero legal para convencer a los supuestos nazis de que salieran de Estados Unidos a cambio de prestaciones de la seguridad social. Si accedían a irse de forma voluntaria, o simplemente huían del país antes de ser deportados, podrían conservar sus prestaciones. El Departamento de Justicia niega haber empleado estos pagos como una forma de expulsar a los nazis. Para marzo de 1999, 29 supuestos criminales nazis habían recibido 1,5 millón de dólares en pagos de la Seguridad Social tras marcharse de Estados Unidos. Desde entonces, AP estima que la cantidad pagada ha crecido de forma considerable. Esos cálculos se basan en la cantidad de sospechosos que cumplían los requisitos, y a las tres décadas transcurridas desde de que los primeros ex nazis identificados, Arthur Rudolph y Jon Avdzej, firmaron acuerdos que les obligaban a dejar el país, pero se aseguraban de que sus prestaciones continuarían.
Casi un cuarto del total, 5,6 millones de dólares, fueron a parar a 38 ex nazis antes de que fueran deportados. Otros 95 sospechosos que no fueron deportados, pero estaban acusados o confirmados como participantes en la persecución nazi recibieron 14,5 millones de dólares en prestaciones, según el informe.
El inspector general criticó a la Administración de la Seguridad Social por haber pagado a cuatro beneficiarios 15.658 dólares más de los que debían al no suspender las prestaciones a tiempo.
El informe también indicó que la Administración de Seguridad Social “detuvo adecuadamente los pagos” a las cuatro personas cuando entró en vigor la nueva ley que prohibía las prestaciones a sospechosos nazis. Sin embargo, la agencia sí mantuvo el pago a un sospechoso porque no estaba incluido en la ley. La Administración de Seguridad Social no respondió en un primer momento a una solicitud de comentarios. Pero en declaraciones informales al inspector, la agencia y el Departamento de Justicia señalaron que en el grupo de 133 sospechosos había personas que no fueron deportadas y podrían no haber tenido nada que ver con los nazis. El Departamento de Justicia solicitó que el informe sólo incluyera los nombres de las 81 personas que había proporcionado al inspector y que se había concluido de forma definitiva que participaron en la persecución nazi.
